Zalaquett-Puchero

A las 21.15 de ayer, el UDI Pablo Zalaquett se convirtió en el primer político formalizado por delitos tributarios que deberá cumplir la medida de arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional. Esto luego de que el magistrado del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Carlos Valdés, resolviera que se cumplían los presupuestos para aplicar la medida, entendiendo que los argumentos esgrimidos por la fiscalía eran suficientes para considerarlo autor de delitos impositivos en carácter de consumados y reiterados.

Zalaquett, hay que recordar, fue formalizado por los aportes ilegales que realizaron las empresas Soquimich, Ripley, Eurocorp, Alsacia del Transantiago, Corpbanca y Penta para su fallida campaña senatorial de 2013. Las platas, más de 70 millones, fueron entregados a través de las empresas Reactor Spa y Cristina Zúñiga EIRL.

De acuerdo a la fiscalía, Zalaquett fue partícipe necesario para que se consumara el delito, hecho que acreditó con declaraciones, las boletas y facturas emitidas a las grandes firmas antes citadas.

A la salida de la audiencia, el fiscal nacional Sabas Chahuán se manifestó satisfecho con la decisión judicial. “La labor de la fiscalía ha resultado provechosa en este sentido”, apuntó.

En su resolución, Valdés se analizó cada una de las alegaciones de la fiscalía y la defensa de Zalaquett, a cargo de los abogados Cristóbal Bonacic, José Manuel Barahona y Francisco Castillo.

Estos últimos, en síntesis, esgrimieron que Zalaquett no estaba querellado formalmente en la causa y que la sola denuncia del SII con la frase “contra quienes resulten responsables” no bastaba para que le fueran imputados los cargos por el tata fisco y la fiscalía.

Asimismo, indicaron que si bien las empresas ya mencionadas hicieron los aportes, los servicios fueron efectivamente prestados, por lo que el delito tributario no era posible de configurar.

Valdés estimó que los tipos penales que usó la fiscalía eran los acertados, señalando que el sólo hecho de usar una fórmula viciada para obtener platas de campaña, era signo de una conducta que podía constituir el ilícito impositivo y la aplicación de la ya mencionada medida cautelar.

En esa línea, indicó también que Zalaquett era un hombre instruido y que los cargos políticos que había ocupado durante su vida, le hacían exigible “una mayor grado de conciencia”.

Rápido, lento

En tanto, la audiencia de ayer tuvo de todo. Antes de las 07.30 llegaron Zalaquett, Jovino Novoa, como también Iván Moreira, Felipe De Mussy y el RN Alberto Cardemil. Ello con el fin de evitar una funa al ingreso al Centro de Justicia.

Iban acompañados, entre otros, por el gremialista Patricio Melero, quien se retiró del lugar antes que se iniciara la audiencia.

Melero, salió acompañado de poco más de 30 militantes UDI, quienes fueron recibidos y agredidos por un grupo de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del Partido Comunista Acción Proletaria que se encontraban en la explanada del recinto agitando banderas y discurseando con un megáfono.

Pues bien, Moreira y De Mussy fueron formalizados por delitos tributarios por los aportes de Penta, pero alcanzaron a estar poco y nada en la sala del tribunal, ya que tienen fuero parlamentario. En este sentido, la fiscalía no podía pedir ninguna medida cautelar, ya que para ello debería solicitar su desafuero.

Por su parte, Cardemil logró a través de su abogado defensor Georgy Schubert que reprogramaran la audiencia de comunicación de cargos para el próximo 6 de julio. Esto, luego que a última hora del viernes de la semana pasada, el Ministerio Público ingresara un escrito incluyendo el delito de apropiación indebida.

Fue precisamente dicho acto procesal que Schubert esgrimió frente al juez Valdés, señalándole que si imputaban a su cliente en esta oportunidad se violaban sus garantías del debido proceso, ya que aún no había podido acceder a toda la información de la indagatoria.

“Aceptar que se inicie una formalización sin cumplir con esto es rebajar los estándares”, enfatizó Schubert.

Valdés, luego de oir a los intervinientes, resolvió postergar la audiencia y fijarla para el 6 de julio, mismo día en que el ex secretario general de RN Claudio Eguiluz será imputado por delitos impositivos, ya que también recibió aportes de SQM por más de $ 100 millones.

Por lo anterior, sólo quedaban en la sala los UDI Jovino Novoa y Pablo Zalaquett. Respecto del primero, el Ministerio Público le imputó una serie de delitos tributarios cometidos por su empresa Inversiones y Mandatos y también como persona natural.

Básicamente, la fiscalía aseguró que Novoa facilitó boletas no sólo a Penta y varias sociedades ligadas al holding, sino también a SQM que superan, hasta ahora, los 50 millones. Además, indicó el fiscal Emiliano Arias,incluyó dichos documentos en su contabilidad, logrando rebajas impositivas al igual que las empresas.

Para confirmar dicha conducta, el Ministerio Público se basó en las declaraciones de los dueños del holding Carlos Alberto “choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes en enero pasado reconocieron que nunca hubo servicios a cambio del dinero y que se trató de aportes ilegales.

Así las cosas, a media tarde, cuando los alegatos de la fiscalía habían terminado y sus abogados defensores Francisco Cox y Matías Balmaceda se aprestaban a controvertir los dichos de la fiscalía, Novoa presentó un cuadro descompensatorio.

El juez, luego de conversar largamente con dos paramédicas del Centro de Justicia, determinó suspender la audiencia, atendido el estado de salud de Novoa. Ni la fiscalía, ni el SII, como tampoco la Fundación Ciudadano Inteligente se opusieron a la medida.

Novoa ingresó a la Clínica Las Condes, donde se le diagnosticó una hemorragia intestinal, quedando internado.

Al respecto, el fiscal nacional Sabas Chahuán, indicó que el problema de salud que enfrenta el ex senador gremialista no impedirá su formalización.

Indicó que si Novoa no puede concurrir a la sede judicial, el resto de la audiencia de imputación de cargos por delitos tributarios reiterados y consumados podría realizarse en el recinto asistencial donde se encuentre. Hasta ese lugar debieran trasladarse tanto la fiscalía como el tribunal.