Michael Clark al estilo bíblico, defensa negó tres veces cualquier vínculo con el grupo Sartor: “Jamás he actuado con el propósito de defraudar a nadie”

Al más puro estilo bíblico, la defensa de Michael Clark negó más de una ocasión al grupo Sartor: “Michael Clark no es Sartor”; “Michael Clark no es socio de ninguna de las sociedades del Grupo”; “Michael Clark no aprobó operaciones en los años 2023 y 2024”, fueron algunas de las aseveraciones que emitió la defensa del expresidente de Azul Azul ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. 

Durante la octava jornada de formalización por el bullado caso de estafa de parte del conglomerado financiero, los abogados Bernardo Rosenberg y Karen Clark -hermana del ejecutivo- argumentaron que su representado no es parte del núcleo responsable de las operaciones irregulares detectadas por la Fiscalía.

El abogado leyó además la primera declaración que Clark hizo ante la Fiscalía, en la que su representado afirmó: “Lo primero que quiero dejar absolutamente claro es que jamás he actuado con el propósito de defraudar a nadie y nunca he quedado con dinero ni recibido fondos que no correspondan a un trabajo real y efectivamente realizado”. En el mismo pasaje, según relató la defensa, Clark señaló no haber estado antes involucrado en un proceso penal y ratificó su disposición a colaborar con la investigación.

En ese sentido, los litigantes pidieron al tribunal descartar la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público en el marco del caso que hoy totaliza 11 imputados. 

El núcleo Sartor 

El eje central del alegato fue distanciar a Clark de lo que la defensa llamó “el núcleo Sartor”: los socios fundadores y controladores Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Alfredo Hartz, Óscar Ebel, Rodrigo Bustamante y Miguel León, a quienes atribuyó la propiedad de las sociedades del grupo, los poderes de administración clase A y el control efectivo de las decisiones de inversión. 

Para sostener que Clark estuvo al margen de las decisiones relevantes tomadas por el conglomerado, se exhibieron las operaciones de crédito de 2023 y 2024. “En esos períodos críticos en los que se atribuye
el daño esencialmente en la presente causa, mi representado no estaba en el comité de crédito”, indicó la defensa. 

Y añadió: “Fue invitado a una institución que aparentaba funcionar, su señoría, que era auditada, que era regulada y que le ocultó información que habría permitido tener otra conducta”.

En ese contexto, remarcó que Michael Clark “no es Sartor, no es socio, no tuvo poderes, no tuvo administración, no tuvo oficina, no tiene teléfono, no tuvo correo corporativo, era un director independiente y el único director independiente que se encuentra también en la misma situación”. 

Azul Azul 

Dentro de las alegaciones se abordó el rol de Clark en la compra del bono “Nexus”, la sociedad Redwood Capital y los acuerdos de confidencialidad cuestionados por la Fiscalía, además de los casos de Emprender Capital y Danke. La defensa sostuvo que Clark no tuvo facultades para aprobar estas últimas y que, en el caso del bono, las fechas de compra y venta contradicen la tesis de la Fiscalía.

Además, el Ministerio Público imputa a Clark una omisión de Oferta Pública de Adquisición (OPA) por una operación del 13 de diciembre, cuando a través de Inversiones Antumalal adquirió el 90% de las cuotas del fondo Tactical Sport, propietario del 63,07% de las acciones serie B de Azul Azul. La defensa sostuvo que su cliente compró cuotas de un fondo, no acciones de la sociedad, y que estas siguen anotadas a nombre del fondo en el libro de accionistas, sin variación desde 2021.

En ese contexto, el abogado citó informes de los académicos Alejandro Ferreiro y Carlos Peña, quienes concluyen que “cuota no es lo mismo que acción” y que el control en el derecho societario chileno es normativo, no fáctico. A ello, también se mencionó un pronunciamiento de la propia Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en 2021, en el que se estableció que el controlador de un fondo de inversión es su administrador y no el aportante mayoritario. 

Con respecto al lavado de activos -delito que también se le imputa a Clark- el litigante manifestó que “sorprende brutalmente, no solo porque es solamente respecto de mi representado y no respecto de quienes son socios o tuvieron poderes de administración o de representación que suscribieron innumerables documentos, sino que invoca la administración desleal”. 

Si bien la Fiscalía argumenta que el origen de los fondos para adquirir Azul Azul en 2021 proviene de actos de “administración desleal”, la defensa sostuvo que el representado no controló ni participó “en ningún eslabón de esa cadena” de ese financiamiento. 

El litigante también cuestionó la forma en que el Ministerio Público construyó y amplió la formalización. Afirmó que, apenas 48 horas antes de la audiencia, la Fiscalía incorporó dos nuevos delitos -contemplados en la Ley 19.913 sobre lavado de activos y en el artículo 59 letra a de la Ley de Mercado de Valores- y que la imputación por contrato simulado solo fue conocida por la defensa el mismo día de la audiencia, a través de una minuta.