Polémica por carta de buena fe e informe ambiental genera duro revés judicial en Argentina a la minera de Luksic

La Justicia Federal de Argentina rechazó el martes la apelación que había presentado la minera Los Pelambres respecto de la medida cautelar que obligaba a la empresa del Grupo Luksic a hacerse cargo de los escombros generados por la explotación del yacimiento que fueron depositados en la región trasandina de San Juan, donde se desarrolla el proyecto Pachón, de propiedad de Glencore.

La resolución judicial del juez civil Miguel Gálvez obligaba el “estricto cumplimiento” de la disposición en un plazo de 30 días hábiles. Sin embargo, Los Pelambres apeló el 11 de mayo sustentando su recurso en la carta de buena fe solicitada a la ministra Aurora Williams y extendida por su jefe de gabinete, Adolfo Galindo, en que aseguraba que la empresa había cumplido con todos los permisos en Chile para operar y el informe del laboratorio de SGS -pagado por Antofagasta Minerals- que fue entregado también por el funcionario en el que afirmaba que el informe había sido “revisado y avalado por nuestros expertos del Sernageomin”.

Sin embargo, una vez que The Clinic Online hizo pública esta gestión, hubo dos consecuencias: Se inició una investigación sumaria que lleva a cabo la fiscal de Sernageomín para aclarar los hechos donde se cita el reportaje publicado por este medio y la suiza Glencore, dueña de Pachón, pidió por transparencia todos los antecedentes relacionados con el tema y una vez que los obtuvo los presentó ante el Tribunal, lo que perjudicó los intereses de la minera del grupo Luksic, zanjando el caso a favor de Glencore.

La primera respuesta a esta solicitud de Glencore, y a la que tuvo acceso The Clinic Online, llegó desde Subsecretaría el 17 de junio con el oficio orden 397 y fue categórica: aseguraron que 1) “no existe en este Ministerio documento en el cual se requiera la realización de un informe a la empresa SGS”; 2) “no existe constancia de ingreso en esta subsecretaría de estado del informe señalado en su solicitud por parte de la empresa SGS Ltda”, 3) “no existe en esta secretaría de Estado documentos en que conste la información referente a que personal de Sernageomín revisó y avaló el informe señalado en su solicitud” y 4) “no existe en esta Secretaría de Estado documentos que en que conste la metodología seguida por personal de Sernageomín respecto al informe señalado en su solicitud”.

Derivada la consulta a Sernageomín, desde esta instancia el director Rodrigo Álvarez aseveró por escrito el 18 de junio en un oficio caratulado con el número 1184 que el informe por el cual se pregunta “no ha sido generado por este servicio” y añade que “la empresa SGS Chile Ltda. no ha entregado a este servicio o a su personal, documento (carta, oficio u otro), con anterioridad al 30 de abril de 2015, mediante el cual se haya formalizado la entrega del informe que individualiza en su solicitud”.

La polémica respecto del botadero -del tamaño de un Parque Bicentenario y medio emplazado a cuatro mil metros de altura- se origina luego de que el año 2012 la subcomisión binacional de límites fronterizos corrigió los hitos y se descubrió que parte del reducto minero -51 hectáreas- está en Argentina, en una propiedad de la firma Glencore.

En la actualidad, en territorio trasandino, está en curso una demanda civil ante el juez federal de la Provincia de San Juan para que Los Pelambres retire sus residuos, los traslade a Chile y pague por los daños -lo que tendría un costo estimado entre $150 y 200 millones de dólares- y desde marzo de este año una querella criminal contra los ejecutivos de la compañía chilena. Frente al caso, la decisión gubernamental era circunscribir el tema a un asunto entre privados, lo que se habría roto con los documentos entregados a Los Pelambres para ser presentados en tribunales.

EL MISTERIO DEL INFORME

La incógnita es cómo llegó entonces el estudio, que paralizó por un tiempo las medidas cautelares contra Los Pelambres, al gabinete ministerial.

Según la información a la que ha tenido acceso The Clinic Online hay versiones contrapuestas respecto de por qué estaban en Minería los antecedentes, pero algunos hitos claros:

Este medio vio un correo del 20 de marzo de un ejecutivo del grupo Luksic a un jefe de Servicio de Sernageomín en que le deriva el informe de SGS.

Luego hay otro email enviado por Gustavo Pössel ‒quien hasta fines de agosto de 2014 ejerció la Gerencia de Medio Ambiente y que hoy es Asesor Experto en Sustentabilidad de Antofagasta Minerals- a Álvarez fechado el 15 de abril en que le envía también el estudio con un resumen de conclusiones. Álvarez lo había solicitado por petición de Galindo quien ha dicho que fue el subsecretario Moreno quien se lo pidió. Como sea, el director de Sernageomín le deriva este email el 28 de abril al entonces embajador, y hoy vocero de Gobierno, Marcelo Díaz quien responde que lo recibió conforme.

Pero el mismo 15, Álvarez se lo manda a Ignacio Moreno, el subsecretario, quien a su vez se lo deriva a Adolfo Galindo, jefe de gabinete de la Ministra Willimas, con la sigla PVI: Para Vuestra Información.

Una semana después, el 22 de abril, Galindo lo envía a Jana, el abogado de Los Pelambres, pero éste pide que sea timbrado, petición que es aceptada.

La investigación sumaria deberá determinar por qué Pössel le envió el análisis a Álvarez, por qué éste lo derivó al Subsecretario y por qué Moreno se lo entregó a Galindo y si todos los involucrados estaban al tanto de que esto iba a ser presentado en tribunales. Otra pregunta abierta es por qué Jana le pide a la ministra que le entregue un estudio que siempre estuvo en poder de la compañía que representa.

PELAMBRES: INFORMACIÓN FALSA DE MINERÍA

Desde Los Pelambres, en tanto, respondieron por escrito a las consultas de The Clinic Online. En la compañía afirman que “nos parece grave lo ocurrido con las respuestas entregadas por el subsecretario de minería y el director de Sernageomin a los abogados de Glencore, porque dicen oficialmente desconocer información que no sólo estaba en su poder, sino que además ellos mismos habían utilizados y difundido en distintas ocasiones” y recalcan que “la información falsa entregada por ambos funcionarios públicos fue usada por Glencore en los tribunales argentinos, empresa de capitales suizos, contra una empresa chilena, acusándonos formalmente de mentirosos, de manipular la verdad y de configurar una prueba falsa”.

Los argumentos que sustentan la ofensiva de la minera de Luksic son que “tras una invitación del Secretario de Minería argentino Jorge Mayoral, el 14 de agosto de 2014 el subsecretario Ignacio Moreno, el director de Sernageomin y el embajador de Chile en Argentina, participaron en un reunión en Buenos Aires. Por el Gobierno argentino, el que encabezó la reunión fue el señor Miguel Guerrero, director nacional de minería. En esta reunión, donde Glencore expuso el problema, se concordó generar un Grupo Técnico Binacional Temporal (GTBT) para abordar el tema del botadero cerro amarillo”.

El Subsecretario Moreno le hizo llegar el acta de esta reunión del GTBT a Jorge Mayoral el 5 de septiembre de 2014. En este texto, según pudo constatar The Clinic Online Moreno dice que “es efectivo que Minera Los Pelambres cuenta con las autorizaciones señaladas, esto es, por el Servicio de Evaluación Ambiental y por el Servicio de Geología y Minería, ambos en Chile”, pero agrega lo mismo que puso en una minuta de marzo de este año respecto de “que ninguna de esas entidades tiene competencia en el ámbito limítrofe”, en referencia a que Los Pelambres debía haber consultado a la Difrol antes de construir su escombrera.

Sin embargo, Los Pelambres ha insistido en que el mapa que se usó no obligaba a este paso y por ello en la empresa recalcan que “no puede negar o cuestionar posteriormente que Pelambres tenía los permisos para construir y operar Cerro Amarillo”.

Agregan además que el 24 de marzo, dos meses después de la visita inspectiva binacional del 30 de enero de 2015 en que por “petición de Sernageomin” la empresa especializada SGS tomó muestras, Moreno realizó una exposición del conflicto frente a autoridades del Ministerio de Minería (encabezadas por la ministra), de Interior y Relaciones Exteriores. Como pudo ver este medio, en su presentación, en la página 7, señala textualmente que se realizó la visita binacional en enero y que de las muestras de agua tomadas por Sernageomin, “se pudo determinar que cumplen las normas de calidad para riego, que es el uso que podría dársele a las aguas de las lagunas del sector”.

“Las únicas muestras tomadas por Chile en esta visita binacional son las de SGS. Por lo tanto, en su respuesta, no sólo mintió, sino que lo hizo de manera demasiado evidente”, acusan en Los Pelambres.

Desde la subsecretaría apuntan a que en la misma presentación se da cuenta de que en diciembre de 2014, previo a la visita binacional, Sernageomín subió al botadero Cerro Amarillo y tomó muestras de aguas. “Esas son las que revelan que se cumple con las normas de calidad de riego, no a las que alude Los Pelambres” destacan.

En tanto, Rodrigo Álvarez recalca que, tal como respondió por Transparencia, él nunca recibió formalmente el informe del laboratorio de SGS, sino que se lo envió Antofagasta Minerals y que “nosotros no validamos, no autorizamos, no analizamos” el estudio de la discordia.

LA INVESTIGACIÓN SUMARIA
El 8 de abril, el abogado Andrés Jana Linetzky, en representación de Minera Los Pelambres, perteneciente al grupo Luksic, le hizo llegar dos cartas a la ministra Williams, quien antes de asumir como secretaria de Estado se desempeñó como gerente de Administración y Finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, empresa controlada en 65% por el grupo Luksic a través de las sociedades SAAM Puertos S.A. e Inversiones Punta de Rieles Ltda.

En una de las misivas, Jana le informa sobre la querella criminal iniciada en Argentina por Glencore contra Los Pelambres y le solicita a la autoridad que le otorgue una especie de certificado de “buena fe” a la empresa; en la otra, le pide acceso a un estudio técnico.

La primera petición, contenida en un documento al que tuvo acceso The Clinic Online tras consultar por el tema en el gabinete ministerial, Jana recalca que “nos vemos en la necesidad de solicitar al ministerio de Minería que en su respuesta a la presente carta, confirme que en la construcción y operación del botadero Cerro Amarillo, Minera Los Pelambres actuó de buena fe en forma consistente con la información pública disponible en Chile”.

El 22 de abril, con la firma de Galindo- hombre de confianza del exministro del Interior Rodrigo Peñailillo y miembro del grupo G90- se extendió a Jana un documento oficial, con membrete ministerial, donde se consignó precisamente lo pedido: “la buena fe” de los Pelambres en los procedimientos relacionados con el terreno en controversia.

El mismo día 8 de abril, Jana -asesor jurídico técnico de Chile en la demanda de Bolivia ante La Haya, amigo del senador Ricardo Lagos Weber y del exministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter- envió una segunda carta a Williams en que, aludiendo a la ley 20.285 de Acceso a la Información Pública y Transparencia, pidió “todos los análisis efectuados, los resultados obtenidos y cualquier conclusión emanada” del peritaje técnico el 30 de enero realizaron funcionarios de Chile y Argentina en las las aguas aledañas al botadero y que, por indicación del Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomín) fueron llevadas la consultora SGS.

El 22 de abril, desde el gabinete de la ministra se entregó una copia de los estudios a Jana, pero éstos no tenían timbre oficial por lo que el abogado insistió en tener acceso a documentos formales. El 28 de abril, Galindo puso su timbre al texto y 48 horas después se derivó el estudio a Jana.

Con estos antecedentes, a principios de junio se dio inicio a una investigación sumaria que está hoy en curso.