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Según publica hoy Reportajes de La Tercera, el Congreso está en un serio análisis respecto de los más de $ 7 mil millones han invertido la Cámara de Diputados y el Senado para el pago de informes y asesorías legislativas desde marzo del año pasado, las que podría ser analizadas a futuro por el Comité de Auditoría para evitar anomalías en los pagos para asesores externos.

En la actualidad hay, consigna el reportaje, 2.800 contratos por servicios que van desde el encargo de informes en derecho sobre materias legislativas, hasta análisis de popularidad en redes sociales y el diseño de logos y mensajes publicitarios, todo ello en medio de un plan de ajuste presupuestario para enfrentar el nuevo sistema electoral, que incorporará 35 escaños más a la Cámara. En el Senado también se está revisando el asunto en un año marcado por la investigación de irregularidades en el financiamiento de campañas.

La Tercera hizo una revisión de la nómina completa de contratos de asesores externos registrados en el Congreso y lo que se les ha desembolsado desde 2014.

Este es el ránking:

1) Instituto Igualdad, vinculado al Partido Socialista: más $ 477 millones por contratos con diputados y senadores del PS desde marzo de 2014.

2) Fundación Jaime Guzmán, institución ligada a la UDI: más de $ 387 millones por servicios de apoyo legislativo, tanto a los parlamentarios como a las bancadas gremialistas de cada Cámara.

3) Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (Ical) del PC: máás de $ 178 millones.

4) Instituto Libertad y Fundación Luis Claro Solar relacionadas con RN : Más $ 154 millones y $ 25 millones respectivamente.

5) Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Centro Democracia y Comunidad (CDC) y Centro de Estudios y Gestión Ambiental para el Desarrollo (Cegades), ligados a la DC: $34 millones, $23 millones y $77 millones respectivamente.

En cuanto a sociedades, La Tercera señala que “el ex diputado de la UDI Sergio Bobadilla, a través de B&C Consultores Limitada, ha facturado más de $ 170 millones por servicios como resúmenes de comisiones o elaboración de proyectos de acuerdo o de ley para parlamentarios gremialistas a los diputados Iván Norambuena, Jorge Ulloa, Ignacio Urrutia, Enrique van Rysselberghe, José Antonio Kast, Gustavo Hasbún y María José Hoffmann, además de prestar servicios a la bancada de senadores de la UDI”.

En tanto, el Centro de Estudios Legislativos, Administrativos, Políticos y Económicos (Celap) -sociedad de Marko Tapia y Pablo Briones- tienen contratos que suman más de $ 156 millones por pagos de asignaciones de parlamentarios PS y PPD.

La Sociedad Legal Ltda., cuyos dueños son Luis Cantellano -ex seremi de Energía- y Pablo Cantellano, ha recibido más de $ 81 millones de la parlamentarios de la Alianza por minutas para comisiones y redacción de proyectos de ley; mientras que la DC ha pagado $76 millones a la empresa Inversiones y Asesorías Esperanza.

“A ella se suma la sociedad del ex jefe del Departamento de Monitoreo de Programas Sociales Eduardo Toscani y de Horacio Ramón, la empresa Consultorías y Asesorías de Análisis Estratégico Ltda., que ha recibido financiamiento de Ricardo Rincón y Jorge Sabag por más de $ 57 millones”, destaca la investigación.

También figura, entre otras compañías, Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL, empresa investigada en el caso Penta/SQM, con pagos que superan los $ 43 millones a la Alianza y la Nueva Mayoría.

En cuanto a la contratación individual de asesores externos, Enrique van Rysselberghe (UDI) ha destinado $ 50 millones a la fecha a la mantención de sitios web, “elaboración de gráficas para frases a compartir”, “acciones para aumentar suscripciones en canal de YouTube”, “creación de gráficas e implementación de fan gate”, “acciones para aumentar followers en Twitter”, “campaña digital para aumentar seguidores en Twitter, Facebook y YouTube” y por la actualización de un ranking de parlamentarios en distintas redes sociales, entre otras materias, según se lee en el detalle de los pagos.