“MILICOGATE”: Testigo clave revela el origen del desfalco

César Fuentes recuerda con claridad el día en que entregó la primera boleta materialmente falsa al Ejército, ante una exigencia del suboficial Claudio González Palominos. “Es para los jefes”, le afirmó el uniformado en un ya lejano 2010.

El empresario, quien llevaba once años como proveedor castrense, jamás pensó que los militares pagarían ese documento y que sólo se demorarían diez días en hacerlo. La factura era en realidad un papel sin ningún valor legal, que ni siquiera tenía el timbre de agua del Servicio de Impuestos Internos. Pertenecía a la empresa “Raúl Fuentes”, que estaba con término de giro y que era propiedad de su padre, del mismo nombre.

“Después de eso pensé que estábamos jodidos, que había necesariamente generales metidos en el fraude. Una factura normal tarda tres meses en ser cancelada en el Ejército”, recuerda el empresario sobre los albores del “Milicogate”, la masiva defraudación a los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.

Fuentes insiste que facilitó ese primer documento falso para sacarse de encima la presión del suboficial González y su inquietante alusión a “los jefes”. El empresario agrega que jamás imaginó lo que vendría seis años después cuando estalló el caso. Es decir, que sería formaliza por participar en defraudaciones por más de 200 millones pesos de fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, mientras que su padre sería imputado por otros 1.800 millones de pesos.

Tras meses de silencio, el ingeniero comercial, que inicialmente no sabía que eran varias las empresas y redes de defraudación ligadas al caso, decidió hablar con la Justicia y The Clinic.

Formalizado en marzo junto a su padre y el proveedor Francisco Huincahue, César Fuentes sabe que debe comenzar a defenderse ante la Justicia, la que debido a una norma instaurada el año 2010 procesa separadamente a civiles y militares, aunque ambos participaran del mismo delito. Por eso los proveedores enfrentan los interrogatorios de la fiscal Ximena Chong en la Justicia civil y los militares, las indagatorias del ministro Omar Astudillo en las cortes castrenses.

UN CAMIÓN REMATADO

Fuentes intuyó desde los primeros días que ser proveedor del Ejército sería una lucha agria. “Todo partió cuando compramos un camión Unimog del año 1974 en un remate del Ejército, para usarlo como grúa”.

Ese mismo día de 1999 un mecánico castrense les comentó al pasar que podían ofrecer repuestos al Regimiento Limache, la unidad donde fue liquidado el rodado adjudicado por la familia Fuentes y que aún conservan, más por cariño que funcionalidad.

El clan, que llevaba años como operador principal de la desaparecida línea de buses Ovalle Negrete, atisbó en esa sugerencia una posibilidad de ampliar sus negocios. Por entonces, tenían unos 40 buses, una tienda de repuestos y dos talleres mecánicos en Independencia y Vivaceta, además de lazos de amistad con Demetrio Marinakis, el líder gremial del transporte público.

Rápidamente, César Fuentes detectó que los proveedores del Regimiento Limache, ubicado en la Panamericana, eran empresas menores, las que incluso adquirían materiales en la tienda que su familia regentaba en Independencia.

El empresario, el primer profesional de su familia, decidió jugar fuerte y apostó por ofrecer precios muy por debajo de sus competidores. Fue una mala idea en el corto plazo.

“Al poco tiempo, el coronel Ortega, no recuerdo su nombre, nos echó, pues le habían dicho que éramos un ‘quiosco de barrio’, sin respaldo. Su ayudante era el coronel Guido Reyes, por entonces capitán. Yo llevé todos mis papeles, incluso los certificados de importaciones, y el coronel Ortega me reintegró y comenzó a desconfiar de sus asesores”, recordó el ingeniero comercial.

Fuentes ganó así su primera batalla en la logística militar y, erradamente, creyó que podía vencer siempre en esas lides.

EMPIEZAN LAS MISIONES EXTRAOFICIALES

Con el nuevo milenio llegaron nuevas sorpresas y también la rápida internacionalización de la familia Fuentes. “El 2000 empezó el proyecto Timor Oriental, que consistía en la reparación de camiones que debían ir a la operación de paz en ese país. La ‘liquidación de saldos’ partió ahí también, al menos en lo relativo a nosotros”, admitió Fuentes a The Clinic.

Los encargos fueron múltiples y caóticos, como si aquello fuera lo normal, explica el empresario. La situación, desbocada, fue terreno fértil para que diversos proveedores elevaran sus precios fuera de los niveles de mercado, obteniendo ganancias excesivas, lo que motivó nuevos conflictos y nuevas oportunidades también.

“El coronel Kurt Dechent revisó los precios, reunió a los proveedores y nos dijo que nadie podía tener una ganancia superior al 20 por ciento”, evoca Fuentes.

El ingeniero comercial, fiel a su estilo, volvió a bajar los valores de los productos que comerciaba y se ganó la confianza del oficial Dechent. “Me llamó y me dijo: quédate tú con la segunda parte del proyecto de Timor Oriental”.

Fue entonces cuando César Fuentes escuchó hablar por primera vez de “la liquidación de saldos”. Es decir, el gasto de remanentes de los presupuestos militares que se ejecutan al cierre de los años fiscales, para evitar que esos fondos vuelvan al Fisco. “Efectivamente, ese año quedaron unos recursos y me los ofrecieron”.

En esa operación, no hubo trucos, a diferencia de lo que ocurriría años después en el “Milicogate”. “Los elementos se compraron y jamás pasé un peso a ningún militar, aunque sí hice varias otras cosas. Por ejemplo, construí el monolito del Regimiento Limache y compré la cortadora de pasto. Ellos me compraban y yo cooperaba”.

“Esa era la práctica para mantener la relación, resume”.

Los tratos, cada vez más fluidos y diversos, que incluyeron incluso la construcción de una piscina para suboficiales, comenzaron a tener otra característica que complicaría años después al empresario. “Se trabajaba sin órdenes de compra”, es decir primero se hacían las operaciones de compraventa y luego eran suscritos los contratos, a veces con meses de diferencia, práctica totalmente prohibida en el Estado.

NUEVOS CLIENTES

La flexibilidad y la buena conducta de la familia Fuentes, donde destacaban el patriarca, Raúl, y su eficiente hijo, César, comenzaron a abrir nuevas oportunidades. “Empezamos a trabajar con otras unidades y vino el proyecto Huracán II que era de mantenimiento de carros M113 y M548, de artillería, vehículos que sirven para transporte de personal y de munición, respectivamente”.

“Estuvimos dos años en ese proyecto, hasta 2004, cuando nos contrató United Defense Industries, por entonces una empresa de Estados Unidos, y la Dirección de Logística del Ejército, unidad que en esa época procesaba los fondos de la Ley Reservada del Cobre. En ese proyecto ya nos pidieron pagar las comidas que se hacían al personal, mes por medio”, denunció Fuentes a The Clinic.

El empresario, que acaba de declarar ante la fiscal Ximena Chong sobre el caso, agrega que en la Dirección de Logística del Ejército “estaban en esos años los coroneles Tortora, Luis Reyes y Urzúa, quien era el jefe de proyecto. Los otros eran los oficiales Kamke y Álvarez, que eran unos caballeros, gente decente, que debieron abandonar el Ejército porque no les alcanzaba el dinero para mantener a sus familias”.

Fuentes no lo supo entonces, pero en esa unidad también trabajó por años el cabo Juan Carlos Cruz Valverde, el suboficial que gastó 2.368 millones de pesos en los tragamonedas del casino Monticello, antes de caer preso por el “Milicogate” y ser enviado al expenal Cordillera, donde hasta octubre de 2015 fue visitado regularmente por el coronel Luis Reyes, su superior y amigo en la Dirección de Logística del Ejército.

En ese equipo de la Dirección de Logística del Ejército también estuvo el sargento Luis “Pitroko” Meléndez, amigo del cabo Cruz, y colega suyo en el Comando de Apoyo a la Fuerza, unidad donde Cruz administraba la contabilidad de la compra de armas del país en una tabla Excel, con el apoyo de la cabo Liliana Villagrán, también presa, y de Meléndez, aún libre.

Los tres, por cierto, sirvieron al mando de los coroneles Fernando Grossi, Javier López y Gerardo Ruiz, todos libres.

HAITÍ

Las ansias del presidente Ricardo Lagos (2000-2006) de convertir a Chile en un actor del multilateralismo fueron un nuevo negocio para el clan Fuentes. Uno de esos negocios surgió a partir del envío de tropas chilenas a Haití, luego del violento derrocamiento el año 2004 del presidente de ese país, el religioso Jean-Bertrand Aristide.

Desde el primer día, los mecánicos de los talleres de Independencia y Vivaceta de la familia Fuentes participaron en el mantenimiento de los rodados que fueron enviados a dicha operación de paz, a bordo de los aviones de carga C-130 del Ejército chileno.

“Se iban camiones y kit de mantenimiento. Los primeros fueron verdes y luego pintados blancos con la sigla de las Naciones Unidas. Hasta reparamos una ambulancia Unimog”, rememora el profesional.

Todas las operaciones de compraventa, dado el oscurantismo en que son gastados estos recursos, fueron hechas al borde de la legalidad o simplemente fuera de ella. “Todo fue hecho al lápiz, todas las emergencias fueron licitadas verbalmente. Haití, terremotos, todo”.
Era tal la confianza ganada y tan grande la informalidad en los cuarteles que César Fuentes se saltaba los procedimientos mínimos de operación, a pedido de los militares. “Un día incluso fui con mi notebook a tomar nota de todo lo que necesitaban”, recuerda.

La situación, por cierto, traía dividendos, pero también costos financieros para la empresa. “Podía pasar hasta un año para regularizar una venta. Esa es la deuda que tengo ahora por ejemplo con el Ejército, unos 160 millones, aproximadamente. No pueden decir que no pedían cosas adelantadas. Incluso el 2015, cuando ya estaba el problema del ‘Milicogate’, siguieron pidiendo repuestos y reparaciones verbalmente”, denuncia.

LAS AMENAZAS

Entrar en el círculo de la logística militar, en la confianza de los mandos, tuvo sus beneficios y sus costos. Llegó el dinero, pero también las amenazas, a veces oblicuas, a veces frontales.

Los Fuentes llegaron a reparar hasta unos 500 vehículos militares al año, incluidos camiones, ambulancia e incluso tanques. Cada vez que lograban un nuevo negocio, las presiones eran mayores.

La primera situación compleja ocurrió el año 2007, cuando César Fuentes ya había mostrado eficiencia y flexibilidad en Timor Oriental, Haití y el propio territorio nacional. “Por esa fecha, me llamó el coronel Luis Reyes de la Dirección de Logística del Ejército y me preguntó si eran mías unas cotizaciones que estaban burdamente falsificadas. ´Parece que alguien te las falsificó’, me dijo”.
Fuentes, obviamente, negó la autoría de esos documentos, abiertamente fraudulentos. El coronel Reyes desenvainó entonces el problema mayor. “Me pasó fotos que mostraban que la DINE (inteligencia militar) me estaba siguiendo y me dijo que no me preocupara que él se encargaba del problema. Yo quedé claramente intimidado”. Fuentes toma aire y prosigue. “Sabían todos mis movimientos. Eran fotos de mi taller, de mi oficina, de todo”, susurra. Desde entonces el ingeniero comercial supo que su capacidad de maniobra estaba reducida, que debía mantener la obediencia debida o al menos caminar por sus bordes.

UN TERREMOTO MUY INCÓMODO

“¿Cuándo parte el ‘Milicogate’? Bueno, con el tema del terremoto de 2010 quedó la cagada con deudas y me ofrecen pagarme de otra forma, con facturas. Ahí me agarran”, confiesa abiertamente Fuentes.

Con esa operación llegaron los montos morosos, pero también los momentos ingratos y los nuevos negocios. “Empezaron las amenazas. ‘Acá, un telefonazo y vos cagáis’, me decían”.

La primera señal, como siempre, llegó inesperadamente, en un día de fiesta, de cervezas y completos. “Yo en ese tiempo era dirigente de Santiago Morning y teníamos un equipo que jugaba fútbol los días jueves en la cancha de la Ovalle Negrete. Yo los invité varias veces a los milicos a jugar a la pelota. En una de esas, jugamos contra el Colo Colo de todos los tiempos”.

“Fue ahí cuando (el suboficial) Claudio González Palominos me planteó que los jefes necesitaban lucas para sus distintos gastos (…) ‘Tú sabís que esto no es para mí, sino para los jefes’”, me dijo en la cancha”, recuerda Fuentes.

El empresario, asustado y complicado, jamás dudó de esa versión. No obstante, le aclaró al suboficial que su empresa, Inversiones y Comercio Capellán, no podía participar de algo así, tan irregular, aunque fuera un favor para coroneles y generales.

Luego vino el inevitable error. “González me insistió y me dijo que yo tenía facturas de Raúl Fuentes, la empresa de mi padre. Le respondí que esa empresa estaba con término de giro y que ya no le timbraban facturas, que era imposible que las pagaran, que lo olvidara”.

Excusas más o menos, Fuentes se sintió acorralado, no quería perder el negocio con los militares que entonces le reportaba cientos de miles de dólares. Finalmente le entregó al suboficial González una de las antiguas facturas de su padre. “Pensé que era imposible que pagaran ese documento, que ni siquiera tenía el timbre de agua del Servicio de Impuestos Internos… Sin embargo, lo pagaron en diez días, como él me anticipó”.

Según la fiscal Chong, efectivamente los empresarios ligados al “Milicogate” se quedaban con montos marginales de lo defraudado, a cambio de seguir en el negocio de la venta de repuestos al Ejército. De esta forma, casi la totalidad del dinero desfalcado era retenido por los militares.

La movida se repitió reiteradamente entre 2010 y 2014, siempre con la misma velocidad de tramitación, acrecentando las sospechas de Fuentes de que tras la operación había mandos superiores y una red que facilitaba todo el andamiaje del “Milicogate”.

“El suboficial González venía cada tres meses a buscar facturas, en un auto con vidrios polarizados, en horario de oficina, vestido de militar. Siempre con presiones. ‘No te van a huevear mientras te portís bien’, me decía. Yo sabía que era un cagazo.”, evoca Fuentes.

LAS DUDAS

César Fuentes sabía que todo terminaría mal, como finalmente ocurrió. “La huevá se desbandó”, admite con relación a los cientos de facturas que finalmente traspasó a los militares.

No obstante la incomodidad, jamás creyó oportuno preguntar quiénes estaban metidos en toda la red de defraudaciones. “Yo no podía preguntar quién se llevaba las lucas”.

En otras palabras, no podía ir donde los generales Carlos Villalobos y Héctor Ureta, jefes de la División de Mantenimiento, y preguntarles si ellos estaban detrás de las demandas de su subalterno, a quien ellos siempre calificaron como un hombre “muy leal” en su hoja de vida.
Lo que sí tuvo claro el empresario es que la operación requería de una red trabajando para sacar adelante el desfalco. Las boletas eran confeccionadas en la División de Mantenimiento, ingresadas al Comando de Apoyo a la Fuerza, donde se tramitan hoy los fondos de la Ley Reservada del Cobre, y finalmente pagadas por la Tesorería del Ejército, sin que nadie hiciera una observación, pese a que las boletas carecían incluso del timbre del SII.

Por lo mismo, Fuentes coincide en que los involucrados son muchos y por eso cree que siempre ha habido militares interesados en tapar el escándalo. “Los comandantes del Comando de Apoyo a la Fuerza siempre fueron dos o tres en la línea de mando del Ejército”, explica en alusión a los generales Iván González, Jorge Salas, Miguel Muñoz y Antonio Cordero, recién citados a declarar ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre estos desfalcos.

Y fue justamente en el Comando de Apoyo a la Fuerza, donde el general Jorge Salas dio la insólita orden de no revisar las facturas, donde desconocidos borraron el servidor de la unidad, luego que estallara el caso a fines de marzo de 2014, impidiendo que se rescatara información clave para el proceso que hoy lidera el ministro civil Omar Astudillo en la Justicia Militar, quien investiga los perfiles tributarios de una veintena de militares y civiles, entre ellos el general Héctor Ureta y los coroneles Fernando Grossi, Guido Reyes, Luis Reyes y Clovis Montero, el único oficial detenido desde junio de 2014.

Quizá por estas redes es que las amenazas nunca cesaron contra Fuentes y su familia. A veces llegaron en forma oblicua, disfrazadas de preocupación. “Una vez el coronel Guido Reyes me dijo que me cuidara. ‘Ten cuidado con estos huevones, tú estás claro que te pueden matar’, me dijo”.

Por eso Fuentes dudó durante meses si admitir o no sus culpas, además de explicar cómo surgió todo el fraude ante la fiscal Ximena Chong, la persecutora que lleva el caso en la Justicia civil y a quien Fuentes teme más que a los propios militares. “Ella genera respeto, de verdad”, dice el empresario, quizá consciente que un paso en falso ante esta abogada lo puede arrastrar a la cárcel.
En la vereda opuesta, los militares activos y en retiro observan inquietos los pasos de un hombre que les vendió repuestos, les hizo favores y los escuchó ufanarse de su poder y operaciones. Un hombre que sabe mucho y que recién comenzó a hablar.