A fines de marzo, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago realizó la audiencia de revisión de las medidas cautelares de cuatro de los imputados por el millonario fraude en Carabineros.

En la ocasión, el fiscal Eugenio Campos, informó que el monto defraudado había aumentado en $2.900 millones de pesos a raíz de la vulneración de las cuentas de desahucios, es decir, de los ahorros que realizan los uniformados para, al retirarse de la institución, contar con un colchón financiero del que se dispone de una sola vez y que es complementario a la jubilación mensual. Quien obtiene estos dineros, se supone, brindó servicios a la organización y logró acumular por años los recursos de los que dispondrá en su vejez.

Pues bien, según información recabada por The Clinic Online, que ya está en poder de la Fiscalía, los imputados en la causa que formaron parte de la llamada “Mafia de la Intendencia”, además de desviar recursos desde la cuenta de Desahucios a las suyas, crearon “falsos jubilados temporales”: civiles a los que se les entregaron cheques bajo el supuesto de que eran funcionarios que estaban retirándose de la institución, lo que era mentira, para que giraran estos fondos. El modus operandis era igual que en el resto de la defraudación. El palo blanco obtenía una comisión del 10% de los recursos y el dinero restante era reintegrado a los cabecillas.

Ayer el portal electrónico El Mostrador dio cuenta de uno de estos casos: El de Mario Figueroa Ramos, un vendedor de insumos de oficina que desde abril del año pasado y hasta marzo de 2017, registró abonos a su cuenta corriente por $804.951.353. De ellos, el 95% corresponden a “depósitos de documentos bancarios girados desde cuentas de Carabineros, sin existir antecedente alguno que acredite alguna vinculación con la institución”. Los fondos fueron girados desde Seguridad Privada, desde donde se expulsó a los funcionarios Javier González Brito y Sergio Bracamonte Villalobo, e Intendencia, aunque parte de los recursos provenían originalmente de Desahucios. De hecho, los datos recabados por The Clinic Online indican que en esta repartición ya fueron apartados dos civiles que contribuyeron a desviar los fondos. Se trata de Juan Pardo Barrera y José Inapaimilla Vergara.

Fuentes que han tenido acceso a la indagatoria sobre los falsos jubilados detallan que “no se les pagó pensión mensual, sino que se les dio acceso al retiro de cheques de desahucios sin ser carabineros”. Eso al menos es lo que ha detectado hasta ahora la auditoría interna del OS10 y que ha sido puesta a disposición del Ministerio Público.

En esta misma línea, estas fuentes agregan que los implicados tenían un programa computacional que les permitía que un mismo cheque apareciera en la contabilidad oficial registrado como una operación financiera interna y figurara en el banco cobrado por un particular sin vinculo con carabineros.

Este tipo de operaciones y el aumento de los años a investigar -se estima que la defraudación se inició a mediados del 2000-, hace que las proyecciones sobre el monto robado por los exuniformados al fisco y a sus propios camaradas se calcule en la entidad en al menos $30 mil millones, el doble de lo que ha detectado hasta ahora el Ministerio Público.