A menos de 10 kilómetros del yacimiento inundado donde presumiblemente murieron dos trabajadores mineros de Chile Chico el 9 de junio pasado, la empresa dueña de las faenas, Compañía Minera Cerro Bayo Limitada (CMCB), tiene en tramitación en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental la rehabilitación de otra por la que debe bombear 580 mil metros cúbicos.

Así lo señala su propia ficha ingresada al SEIA el 10 de febrero pasado, donde CMCB solicita la reapertura de Mina Javiera, una faena también inundada que dejó de funcionar en 2008. Todo esto, mientras los trabajos para recuperar los cuerpos de los trabajadores mineros que presumiblemente fallecieron en la mina Delia II ya se detuvieron, a pesar de los reclamos de familiares y el sindicato de trabajadores de Cerro Bayo.

Un proyecto al que antes del accidente ya se oponían grupos medioambientales de la zona y por el que el grupo minero debe responder el próximo martes 25 de julio a 32 observaciones de diversos servicios públicos.

Seis meses de bombeo

El plan propuesto por CMCB era reactivar durante el segundo semestre de este año la Mina Javiera (veta Marcela), la que funcionó entre 2003 y 2008, ubicada a 15 kilímetros de Chile Chico, en las cercanías de Laguna Verde.

Para eso deben desaguar antes la acumulación de agua en el yacimiento, estimada por la empresa en 580 mil m3. La estrategia propuesta y sometida a revisión en el SEIA es de bombear en tres etapas, durante un tiempo total estimado de 166 días (cinco meses y fracción).

Luego, la compañía propone rehabilitar tres piscinas de sedimentación ubicadas en el portal Javiera, desmanteladas durante el receso de la faena, y posteriormente bombear nuevamente el agua hacia Laguna Salitrosa, atravesando el Estero El Baño.

Ahí es donde surgió el primer obstáculo de ese proyecto, ya que grupos defensores del medioambiente en la zona denunciaron que el lugar donde la minera pretende enviar el agua bombeada está cerca de sectores protegidos y que han definido el lugar como “un ecosistema frágil con poca representación en el sistema de protección, con presencia importante de especies en categorías de conservación”.

Además, agregan que según la misma Declaración de Impacto Ambiental de Cerro Bayo señala que la Laguna Salitrosa tiene actualmente 330 mil m3, por lo que depositar 580 mil m3 sobre triplicaría su caudal y podría inundar hectáreas aledaña. Eso, además de que las bombeadas tienen “parámetros excedidos tales como boro, fluoruro, manganeso, molibdeno, sulfato, sodio”.

Consultados por The Clinic Online, el gerente general de la empresa, Stuart Obrien, señaló que “ocurrió un evento catastrófico sobre Delia NW. Los esfuerzos por desocupar son prácticamente infructuosos”.

Según explicaron desde la empresa, la complejidad es que está conectada a Laguna Verde “y cualquier intento de desaguar es muy difícil si se recarga de la laguna”.

Cabe recordar, además, que Cerro Bayo ha informado que las 250.000 toneladas de mineral que existen el sector son “necesarias para la continuidad operacional de CMCB en Chile Chico, dado el requerimiento de explotar simultáneamente desde múltiples vetas, para abastecer la planta de procesos en Laguna Verde y mantener la viabilidad de la operación”.

Recurso de protección

Este jueves en Coyhaique se desarrolló una marcha para exigir a las autoridades que mantengan las labores de búsqueda en la mina Delia II, con familiares y trabajadores de Cerro Bayo. Tras la manifestación, la intendencia se comprometió a notificar este lunes si se reanudaban los sondajes.

Sin embargo, ahora la decisión de seguir buscando a los mineros Sánchez y Ojeda lo determinará la justicia. Esto porque este mismo miércoles la Corte de Apelaciones de Coyhaique declaró admisible un recurso de protección presentado por los familiares de los trabajadores atrapados en contra de la compañía Cerro Bayo, el subdirector de Sernageomin, Omar Cortez; y la intendenta de Aysén, Karina Acevedo.

Según el escrito, CMCB le habría señalado a los familiares de los mineros que no continuaría con la búsqueda de los trabajadores atrapados porque se habrían agotado las alternativas técnicas de búsqueda, “escudándose además en que sus recursos económicos no serían ilimitados y las maquinarias de sondaje las ocuparían en otras faenas de exploración”.

Así, la defensa acusó a la compañía y las autoridades intervinientes de paralizar las labores de rescate y búsqueda de manera arbitraria e ilegal.

“La justificación del cese de la búsqueda por razones económicas no es admisible en un estado de derecho donde la vida es un derecho prioritario. La negligencia de la recurrida que ha sido la causante de este accidente, como se demostrara en sede competente, hace que su obligación sea aún más intensa y que su incumplimiento sea aún más sancionable”, señala el documento.

A pesar de la admisibilidad, la Corte de Coyhaique no dio curso a la orden de no innovar solicitada, aunque la defensa de los familiares insistirá en ella. Ahora las partes deberán presentar sus descargos en los próximos cinco días para que el tribunal de alzada resuelva si vuelven las máquinas a la fatídica mina o se detienen definitivamente.