Debate histórico: La sociedad civil expone ante Tribunal Constitucional por proyecto de despenalización en tres causales

El recurso presentado por Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional(TC) para frenar la promulgación del emblemático proyecto de despenalización del aborto en tres causales, provocó una historia inscripción de 135 organizaciones sociales para alegar a favor o en contra de la iniciativa legal impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet.

Para dar abasto y escuchar a todos los intervinientes, los jueces del TC organizaron dos maratónicas jornadas. Las audiencias públicas, de diez minutos cada una, sin derecho a preguntas ni réplicas, comenzaron ayer a las 9:00 horas de la mañana y se extenderán hasta hoy a la medianoche. Una vez concluida las audiencias, y luego de los alegatos finales de la oposición y el Gobierno, el Tribunal Constitucional dará a conocer su veredicto el día viernes.

Entre las intervenciones más relevantes de los partidarios de la constitucionalidad del proyecto, destacó la diputada Camila Vallejo, en representación del Partido Comunista; y la abogada Lidia Casas, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la ANEF y la diputada Karla Rubilar. Con un enfoque más político, la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, defendió los derechos de las mujeres.

Camilla Vallejo comenzó por exponer las distintas etapas legislativas del proyecto y defendió su legitimad democrática, junto con recordar el mayoritario apoyo de la ciudadanía. La parlamentaria pidió fallar conforme a derecho, más allá de las opciones morales o doctrinas religiosas de cada uno de los jueces del TC.

Desde el aspecto jurídico, la diputada comunista argumentó que el artículo 19, número 1 de la Constitución, establece “claramente regímenes distintos de protección a la vida (…) y que se pueden reconocer límites, especialmente, cuando el derecho a la vida, la integridad física y psíquica de la mujer embarazada, se ve amenazada o vulnerada”.

A la salida de su alegato, frente a la prensa, Vallejo agregó que “es violento que a una mujer se le diga que un objeto de protección tiene más derechos que ella”.

En tanto, la candidata presidencial del Frente Amplio, que se ha declarado feminista, dijo que era vocera de quienes anhelan cambios y afirmó “estamos cansadas de dar una pelea que las mujeres ya ganaron en el resto del mundo”. La periodista criticó que en nuestro país se discute “si las mujeres tienen derecho sobre su cuerpo” y sostuvo que el proyecto representa un piso mínimo.

Sobre la discusión constitucional, la abogada Lidia Casas comentó a The Clinic Online, que “este ha sido un proceso largo, es un debate histórico donde todos los organismos y entidades hemos tenido derecho a dar nuestra opinión. Existió una decisión del Congreso que fue aprobar el proyecto. Sin embargo, desde el inicio de la discusión, la oposición siempre dijo que iba a llevar el proyecto ante el TC, como si se tratara de ahí viene el cuco. Eso es una tensión muy fuerte en cómo funciona una democracia y en que se traduce en delegar la última palabra al TC. Eso no quiere decir que no exista un tribunal constitucional, pero este en particular ha estado sujeto a mucha critica, por el cuoteo político, entre otras cosas”.

Casas también recalcó que el proyecto no se puede evaluar sólo desde una perspectiva abstracta del derecho, “estamos hablando de la vida de mujeres, de niñas abusadas y violadas como el caso de Belén de 11 años”, explicó. La especialista agregó que la comunidad internacional tiene puestos sus ojos en Chile.

De hecho, el comisionado de Derechos Humanos la ONU envió un escrito a favor del proyecto y en la audiencias intervino Amnistía Internacional. A su vez, el representante de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, argumentó en audiencia que “el proyecto es perfectamente compatible con las obligaciones jurídicas que ha asumido el Estado de Chile con los derechos humanos”.

En la vereda contraria, entre los opositores al proyecto de ley, alegaron los representantes de la Pontificia Universidad Católica, los abogados Patricio Zapata y Juan Larraín, la Fundación Jaime Guzmán, cuyo representante fue Máximo Pávez, entre varias otras organizaciones evangélicas y de orientación católica, quienes defendieron el derecho a la vida del que está por nacer y alegaron la inconstitucionalidad de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Mientras se desarrollaban las audiencias, en las afueras del TC, ubicado en el Paseo Huérfanos, se realizaron manifestaciones públicas en contra y a favor del proyecto. Un grupo pequeño de evangélicos estuvo frente al tribunal casi toda la jornada, con megáfonos y pancartas que condenaban el proyecto. Los partidarios también se hicieron oír con cánticos como “saquen sus rosarios de nuestros ovarios y otros como “nosotras parimos, nosotras decidimos”.