Syncore aborda conflicto con filial de la gigante española OHLA: “El principal riesgo es que se normalice que una empresa pueda no cumplir lo que la justicia determina”

“Tras el fallo del Tribunal Constitucional, que rechazó el intento de OHLI, filial chilena de OHLA, de oponerse a la ejecución del laudo en favor de Syncore, no existen hoy razones para seguir postergando el cumplimiento del laudo arbitral”, indican desde la empresa de montajes que mantiene un conflicto judicial con la empresa española por el pago de cerca de US$21 millones, considerando los intereses asociados

En concreto, el Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento presentado por OHLI en el marco de un conflicto que mantiene con Syncore Montajes (exPromet Montajes) que data de un contrato EPC suscrito en 2019 entre OHLI y Mantos Copper, por aproximadamente US$160 millones, en el cual Syncore participó como subcontratista en la construcción de obras greenfield del proyecto minero. En 2022, Syncore Montajes demandó a OHLI por incumplimiento contractual, solicitando el cumplimiento forzado del contrato junto con indemnización de perjuicios.

Luego, en julio del año pasado, el tribunal arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de Santiago acogió la demanda y condenó a OHLI a pagar una suma de cerca deUS$21 millones, considerando los intereses asociados, por incumplimientos en la ejecución del contrato.

La sentencia del TC se produce en medio de un deteriorado escenario financiero para la firma, considerando que hace pocas semanas, OHLI solicitó su liquidación voluntaria, reportando pasivos por $21.086 millones al cierre de 2025.

La visión de Syncore

Desde la empresa de montajes señalan a The Clinic: “Más que un tema procesal, lo que está en juego es el cumplimiento de una obligación ya establecida, en un sector donde el respeto a los contratos y a las resoluciones arbitrales es fundamental para la confianza del sistema, particularmente tratándose de una empresa que mantiene múltiples contratos con el Estado y empresas públicas, que se encuentran expuestos a este tipo de maniobras en caso de que OHLA incumpla sus respectivos contratos y se niegue a pagar”.

Recuerdan que hasta ahora hay un solo recurso vigente que es una queja ante la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que rechazó la orden de no innovar de OHLI y dio luz verde al cumplimiento del laudo mientras se falla el recurso. “Ello es de todo sentido ya que un recurso de este tipo exige acreditar faltas o abusos graves del árbitro —un estándar excepcional— respecto de un sólido fallo que ya estableció con claridad la existencia de incumplimientos contractuales y una obligación de pago. En ese sentido, el fondo del conflicto ya fue resuelto”, plantean desde Syncore.

Además, declaran que “es el propio grupo OHLA quien desahució su recurso de queja al solicitar voluntariamente, el 20 de febrero pasado, su liquidación”. En dicha instancia, OHLA declaró que Syncore era “su principal acreedor y que la deuda era actualmente exigible (representando de hecho casi el 90% del pasivo total de OHLA)”.

“Esta acción además ilustra el proceder del grupo OHLA: durante el arbitraje y con el fin de evitar la aplicación de medidas cautelares, aseguró en múltiples ocasiones que era solvente para cumplir con una eventual condena; pero ahora, al momento de cumplir, reclama que en realidad está quebrada”, añade la firma.

Más allá de las acciones judiciales en curso, la compañía indica que “lo relevante es que existe una obligación clara, determinada por un tribunal arbitral, que sigue sin cumplirse. Esta situación se vuelve especialmente evidente considerando que el propio grupo OHLA ha reconocido esta deuda no solo
en el proceso de liquidación voluntaria de su filial OHLI, sino también en sus estados financieros
consolidados, lo que refleja que no estamos frente a una controversia abierta, sino frente a una obligación pendiente de pago”.

Desde el punto de vista operativo, Syncore recalca que “cumplió íntegramente con sus responsabilidades en el proyecto Mantos Blancos, contribuyendo a su ejecución en un contexto complejo y logrando sacarlo adelante. El conflicto no surge por incumplimientos de nuestra parte, sino por las condiciones en que se desarrolló el contrato bajo la responsabilidad principal de OHLA”.

Y advierten: “el principal riesgo es que se normalice que una empresa en esta posición pueda no cumplir lo que la justicia determina, debilitando la confianza en el sistema de resolución de controversias y trasladando los costos a las empresas que sí cumplen sus obligaciones”.

Adicionalmente, en la industria se comenta que existen antecedentes de que OHL Industrial mantiene cuentas por cobrar relevantes tanto con una sociedad relacionada del grupo OHLA en España como con Codelco. En este último caso, se trataría de contratos cuya ejecución se vería afectada por el proceso de liquidación, lo que abre interrogantes sobre el impacto que esta situación podría tener en terceros, incluyendo empresas de interés público.