“Por favor, sáquenme de aquí”.

Eso fue lo primero que dijo Jacqueline Vindas cuando vio ingresar a la habitación a la comitiva del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sus palabras, eran más bien una súplica.

El INDH venía monitoreando el caso y visitó la clínica siquiátrica, una casona rodeada de enredaderas, ubicada en la comuna de Lo Barnechea, la tarde del 18 de agosto. La becaria de Costa Rica, pese a encontrase sedada, reconoció a los delegados que cada cuatro horas le inyectaban medicamentos. Aseguró que no tenía noción del tiempo y el espacio. Y sostuvo que pasó hambre y frío.

Lo único que se sabe del Instituto Médico Psiquiátrico El Arrayán, donde fue internada la mujer, es lo que aparece en su página web: que son especialistas en desórdenes depresivos e intervención de crisis. Y también en su Facebook donde admiten un convenio con Dipreca (Dirección de Previsión de Carabineros de Chile). Jacqueline, sin embargo, no tenía idea donde estaba. No sabía qué hora del día era. Llevaba días incomunicada.

Incluso delegados de la embajada de Costa Rica en Chile se encontraron con dificultades para visitarla. “Tuvimos problemas para verla en un comienzo. Nos dijeron que por el tratamiento era difícil comunicarse con ella. El asunto se está trabajando a nivel de cancillerías y se puso más complejo desde que ella ingresó a la clínica privada”, relató una fuente interna de la legación durante esos días.

La médico siquiatra de turno, Daniela Fernández Niklitschek, confirmó a la comitiva del INDH que la joven de 23 años había llegado al recinto hace cinco días, derivada del hospital de Carabineros, y les mostró una “Autorización de hospitalización” que supuestamente había firmado Jacqueline Vindas.

Lo que no lograron entender el abogado Ítalo Jaque y la sicóloga clínico forense Claudia González, fue que si se trataba de una internación consentida, por qué la paciente manifestaba que estaba en contra de su voluntad. Tampoco recordaba haber firmado algún documento. Les dijo, además, que la mantenían “amarrada o engrillada” y que la enfermera y el paramédico la trataban de “loca”.

El INDH interpuso de inmediato un recurso de amparo, de trámite inmediato, tras constatar “condiciones de aislamiento” y “síntomas de ansiedad”, poniendo de inmediato en antecedentes al cuarto juzgado de garantía para que se pronunciara sobre la legalidad de la privación de libertad que afectaba a la exaspirante a oficial.

-En base al protocolo de prevención de la tortura, ratificado por el Estado de Chile, se entiende por privación de libertad cualquier forma de encarcelamiento o custodia de una persona por orden de una autoridad, ya sea en un recinto público o privado. Bajo ese concepto, entendemos que Jacqueline fue institucionalizada por orden de Carabineros- explica Branislav Marelic, Director del INDH.

Carabineros niega que haya sido derivada desde la institución, sino a través de un psiquiatra privado, pues la exbecaria ya había solicitado su baja y a esas alturas estaba desvinculada del organismo.

Jacqueline Vindas, ahora en Costa Rica, asegura que esos días en la clínica fueron un verdadero infierno. Recuerda que no la dejaban ir al baño -la tenían con pañales- y que a ratos los funcionarios la grababan con sus celulares burlándose de ella. “Yo estuve secuestrada y fui torturada en ese lugar. Ellos (Carabineros) me llevaron a esa clínica porque querían que yo apareciera como una loca, para que me enfermara mentalmente, y así la denuncia que había hecho perdiera validez”, explica.

A las 20:30 de esa tarde se presentó la jueza Carolina Araya, que acogió el recurso de amparo y decretó su traslado inmediato a urgencia del hospital Psiquiátrico José Horwitz Barak. Cinco días más tarde, el jefe de la unidad, Francisco Gil, comunicó al INDH que Jacquelin se encontraba recuperada y que seguía “afirmando que fue víctima de una violación”. Antes de viajar a Costa Rica, el sábado 12 de agosto, la exbecaria declaró ante el Ministerio Público.

UNA PESADILLA

Todo empezó –o terminó más bien- con una orden. Jacqueline tenía que llevarle unas carpetas al teniente Quintana a la oficina del capitán Martínez. Fue el 1 de julio de este año, a las 11:30 de la mañana. A esa misma hora, gran parte del escuadrón, rendía honores a Michelle Bachellet durante la cuenta pública en el Congreso de Valparaíso. A la joven costarricense le tocó quedarse en la escuela, junto a otros 40 aspirantes a oficiales, provenientes de distintos países de Latinoamérica.

El teniente Alfredo Quintana Cordero, acusa Jacqueline, la esperó en la oficina y luego la obligó a entrar a un dormitorio contiguo. Dice que allí forcejeó con él y que éste le habría bajado el pantalón a la fuerza. “Sentí una impotencia enorme, no sabía si gritar o intentar salir corriendo. Es algo difícil de explicar. Los nervios se apoderan de una; no pude reaccionar. Me ocasionó tanto dolor que apenas podía caminar”, recuerda.

Consultado por The Clinic sobre los supuestos hechos, el teniente Quintana se defiende. “Todo es absolutamente falso y las acusaciones carecen de fundamento. Una de las hipótesis que manejamos es que ella está ocultando algo. No puedo dar más información, porque ahora le corresponde a los tribunales pronunciarse”, señaló.

La entonces becaria relata que tras el abuso se escondió en su pieza y se duchó. “Me sentía sucia”, dice. Pese a todo, salió a almorzar, para no faltar a la cuenta diaria. Sus compañeros notaron que algo raro le había pasado. “Les dije que me sentía mal y que iría a enfermería”, cuenta. Tres días después acudió a un médico en la enfermería de la escuela, éste le preguntó si había tenido relaciones sexuales -lo negó – y le recetó una crema para tratar sus heridas.

Jacqueline, asegura, tuvo que seguir conviviendo con su agresor. “Fue un mes de pesadilla”, reconoce. A veces el oficial instructor le preguntaba cómo estaba y ella le respondía de manera fría y cortante. “Fue difícil volver a verle la cara”, declara.

No haberlo denunciado de inmediato, comenzó a pasarle la cuenta a nivel emocional: “Fui muy tonta. Debí hacerlo el mismo día de la violación, pero tuve miedo. Estaba sola en Chile, en un sistema de internado, y uno no sabe a quién dirigirse. Además, estaba el tema del fraude en Carabineros y sabía que era complicado hablar porque podía echarme a todo el mundo encima”.

El 4 de julio de este año terminó por colapsar: intentó suicidarse cortando sus muñecas con una tijera al interior de la Escuela de Carabineros. Ese mismo día acudió donde la teniente Carolina Nanig, le entrega un set de mensajes de texto y fotos que su instructor le mandaba desnudo por whatsaap. “Ella me dice que era gravísimo y que había que denunciarlo”, recuerda.

Fuentes cercanas a la investigación que lleva a cabo Carabineros señalan que Jacqueline reconoce, en una de las declaraciones, que mantuvo una relación de alrededor de ocho meses con su superior jerárquico. “Fue una relación escondida, porque está prohibido que exista un vínculo sentimental entre un instructor y una alumna. Cuando dan término a su relación, un mes y medio más tarde, ella denuncia que fue abusada sexualmente por el teniente”.

Jacqueline asegura que tiene evidencias en el teléfono que le confiscaron, pese a que el mismo oficial a veces se encargaba de borrarle el material que le enviaba. Mensajes donde el teniente Quintana le proponía tener sexo y alababa su trasero. “Siempre me acosaba de manera maliciosa y vulgar”, detalla.

La denuncia fue ingresada a la fiscalía militar el 4 de julio y el teniente Quintana, al otro día, fue desvinculado de la institución. La joven aspirante a oficial asegura que desde entonces su estadía en la escuela estuvo plagada de hostigamientos. Que ni siquiera, después de lastimarse sus muñecas, fue derivada a un hospital a constatar lesiones. Agrega que en la enfermería le pusieron vendas y recién cuatro días después la derivaron a un siquiatra. En un descuido de una teniente que la custodiaba, Jacqueline pudo reunirse con una periodista de televisión y su caso saltó a la luz pública.

La becaria asegura que la institución no le avisó a sus padres y tampoco a la embajada de su país. Alega que estaba incomunicada. “Recién cuando llamaron para preguntar por su ausencia en un trámite, la embajada se enteró lo que le había pasado”, cuentan fuentes de la legación diplomática. Sus padres lo hicieron cuando el embajador le pasó un celular para que Jacqueline se comunicara con ellos, después que el suyo, asegura, fuera retenido por la institución.

La estudiante estaba tan afectada por los hechos que solicitó su baja el día 2 de agosto. Cuenta que tomó la decisión cuando entendió que no la ayudarían y que su permanencia en la Escuela se había vuelto “una pesadilla”. “No tuve la oportunidad de contactar a un abogado, pedía información sobre cómo iba la denuncia y no me la daban.
Me tuvieron un mes encerrada en la escuela y movieron muchas piezas para ocultarme cosas. Me jugaron sucio. Querían que me descompensara”, relata.

Cuando Jacqueline pudo revisar el documento que oficializaba su salida de la institución, la resolución exenta número 660, constató que los motivos de su desvinculación no eran los que ella había esgrimido. El documento, al que tuvo acceso The Clinic, detalla que la renuncia voluntaria era por “motivos médicos de salud mental, debido a los hechos acontecidos en este plantel”. La becaria se negó a firmar el documento y apeló que no se señalaba “tácitamente el motivo de la denuncia que generó la investigación”.

“Ellos omitieron el tema de la violación. Además, enviaron el documento a todos los organismos que participaban en la beca sin que yo hubiera firmado nada. Eso lo hicieron para bajarle el perfil y no tuviera ninguna repercusión negativa para ellos”, asegura.

Altas fuentes de la institución sostienen que el reglamento interno no permite otorgar la baja a base de un supuesto – en este caso una denuncia sobre una eventual violación- y que los motivos de la desvinculación de la becaria estarían relacionados por conductas impropias, o sea, el vínculo que ella mantenía con el oficial, el mismo argumento esgrimido en la desvinculación del teniente Quintana.

Una semana después, el 12 de agosto, Jacqueline Vindas fue trasladada a la clínica El Arrayán. Fuentes al interior de Carabineros que han revisado el expediente, señalan que la derivación fue realizada por un psiquiatra privado, quien le habría diagnosticado un trastorno de “doble personalidad”.

ÚLTIMAS CONSECUENCIAS

En diciembre del año pasado la aspirante a oficial regresó a Costa Rica a pasar las fiestas de fin de año con su familia. En sus vacaciones, asegura, acudió a conversar con el comisario Daniel Calderón, Director Regional de la Policía de la Provincia de Guanacaste. “Le dije que sufría acoso en Chile, que no sabía qué hacer porque la persona era mi jefe. Él me dijo que como era mujer yo debía poner los límites y que si me seguía molestando lo tenía que detener”, recuerda.

Jacqueline Vindas lo había intentado sin éxito. Cuando le comentó sobre los hechos que habría pasado en Chile a su superior en Costa Rica, su vínculo con el teniente Quintana había ya traspasado la frontera del abuso sexual. Jacqueline recuerda que las insinuaciones dieron paso a relaciones sexuales no consentidas. “En una ocasión, cuando estaba dando la prueba de derecho constitucional, me pasó la Constitución política para que diera el examen. O sea, estaba incumpliendo la normativa porque lo que buscaba era acostarse conmigo. Después me dijo que los favores se pagaban, me comenzó a tocar en una oficina y luego me ultrajó”.

Vindas asegura que su instructor, profesor de Vocación y Conducta, mantuvo relaciones sexuales con otras aspirantes. Una de las afectadas, agrega, también habría declarado ante la PDI. “Es una conducta improcedente para un teniente. Él hablaba del fraude a Carabineros y de la vocación que uno debe tener para ser oficial, de la conducta honorable, respetuosa, valórica. Pero todo era muy distinto a lo que practicaba en la realidad. Él se aprovechó de nuestra vulnerabilidad, porque algunas niñas tienen apenas 18 años y recién vienen saliendo de la secundaria”, asegura.

La becaria sostiene, además, que no sólo habría sido acosada por el teniente Quintana sino también por otro oficial que la habría invitado a mantener relaciones sexuales con él. “Mi teniente Quintana, incluso, me ofreció hacer un trío con esta persona. De todo esto tengo pruebas, por eso no temo decirlo públicamente”, recalca.

Las distintas versiones entre la institución y la joven son elocuentes. Fuentes que han accedido al expediente administrativo del caso aseguran que la exaspirante ha variado sus versiones en al menos tres oportunidades.

Jacqueline Vindas está en estos momentos en Costa Rica con su familia y emprenderá acciones legales en Chile con la asesoría de la Defensoría Solidaria Policial Equánime. El abogado Ricardo Cienfuegos interpondrá dentro de los próximos días un recurso en la justicia ordinaria, tendiente a compensar la investigación que lleva a cabo la fiscalía militar. Cienfuegos asegura que existirían al menos tres delitos que podrían investigarse. “Obstrucción a la justicia, porque estaba incomunicada y le coartaron su derecho ser defendida; secuestro, porque fue aislada del mundo exterior; y eventuales torturas que habría padecido en la clínica, pero que son más difíciles de comprobar”, señala.

La exbecaria asegura que llegará hasta las últimas consecuencias y no descarta acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice que le truncaron sus sueños. “Carabineros de Chile para mí ya no es una institución de prestigio”, remata.