En julio de 2013, al Capitán de Carabineros Leonardo Vilches le pasaron el dato de una operación sin precedentes: un traficante boliviano apodado “El Tigre” planeaba ingresar 1.100 kilos de marihuana prensada al país, a través de un camión que pasaría por el paso Chungará en Arica.

Vilches siguió el protocolo establecido y le avisó al Jefe Superior del OS-7 de la zona, el Mayor Víctor Rodríguez, de lo que se aproximaba. El calibre del movimiento que pretendía realizar el narcotraficante los obligó a actuar de manera expedita y contactaron al Fiscal Manuel González inmediatamente, quien en conjunto con los oficiales, dio marcha a la operación “Rampla Cochabamba”.

Para entonces, ambos carabineros eran el “número uno” y el “número de dos” de una zona conocida como la puerta de entrada de la droga a Chile: el punto limítrofe con Perú y Bolivia, dos países productores y quienes registran el mayor paso de vehículos entre una frontera y otra.

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El pasado martes 12 de septiembre, el Mayor de Carabineros Víctor Rodríguez y el Capitán Leonardo Vilches ingresaron una demanda civil en contra del Fisco de Chile por “conductas injustificadamente erróneas y arbitrarias ejecutadas por los fiscales del Ministerio Público de Arica” entre noviembre de 2013 y diciembre de 2014, período en el que fueron investigados por supuesto tráfico de drogas y asociación ilícita a raíz de acusaciones formuladas por la Fiscal Regional Javiera López.

El documento firmado por los exmiembros del OS-7 y sus familiares busca una indemnización de mil cuatrocientos millones de pesos, luego de que ambos permanecieran en prisión preventiva durante un caso que se extendió por más de un año y en el que finalmente fueron absueltos de todos los cargos, después de que el Tribunal de Juicio Oral de Arica tildara la indagación de López como “torcida” y de “legalidad cuestionada”.

Las acusaciones de la Fiscal surgieron a raíz de la participación que tuvieron Rodríguez y Vilches en una operación que permitió incautar más de mil kilos de marihuana prensada provenientes de Bolivia, a mediados del 2013. Para aquella ocasión, ambos oficiales coordinaron un plan en conjunto con el Fiscal Manuel González para decomisar el producto, evitar su comercialización y detener a los involucrados exitosamente.

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Debido a la gran cantidad de marihuana que pretendía filtrar “El Tigre” al país, la primera alternativa que se barajó fue desplazar a un equipo de Carabineros a territorio boliviano. La idea era hacer un seguimiento cercano al cargamento, con un camión perteneciente al informante registrado como Fredy Salas y manejado por Luis Gaubert, otro colaborador de la policía chilena.

Con Rodríguez, Vilches y González listos para actuar, se abrió una carpeta investigativa bautizada con el nombre de la operación. Solo faltaba la autorización de la Fiscal Regional para obrar.

Cuando Javiera González fue informada del plan que se llevaría a cabo, preguntó quién era el informante que corrió la voz, cuándo ingresaría la droga, quién era el dueño de la carga y otras interrogaciones propias del proceso previo a autorizar la puesta en marcha del proyecto.

Sin embargo, al enterarse que el informante que alertó a Vilches era Francisco Almonacid Yefi, quien registraba una condena cumplida por tráfico de drogas, negó la realización de “Rampla Cochabamba”. No obstante, no cerró la investigación ni el expediente correspondiente.

Con la frustración de la operación todavía latente, Almonacid volvió a llamar a Vilches para informarle que los primeros 300 kilos serían despachados a bordo de un camión que cruzaría la frontera a las 16 horas del 15 de agosto.

El Capitán alertó a Rodríguez y éste a González, quienes resolvieron trasladarse a la tenencia de Chungará para esperar al camión en el paso fronterizo homónimo.

Cerca de las 16:30 horas, un vehículo con las mismas características descritas por Almonacid cruzó a territorio chileno. Fue detenido, allanado y descubierto con seis sacos que, sumados, contenían 299,17 kilos de marihuana prensada.

Mientras el chofer del vehículo, identificado como Marco Rivero, ofreció colaborar con Carabineros y especificar los destinatarios del cargamento, el Fiscal González le informó a la Fiscal Regional lo acontecido.

Producto de esto, se realizó un operativo en el mismo lugar, del que tuvo conocimiento toda la sección de OS-7, la tenencia de Carabineros apostada en Chungará, la totalidad de los funcionarios de la aduana y las autoridades competentes en la materia, incluidos los Jefes Nacionales del Departamento de Drogas de la policía.

Además, los oficiales cobraron la palabra de Rivero y organizaron un procedimiento denominado entrega controlada, que consiste en acompañar a quienes llevan la droga al encuentro con los traficantes receptores, con el objetivo de identificarlos y detenerlos.

Así fue como el Mayor Rodríguez, con previo permiso del Fiscal a cargo, viajó el 9 de agosto de 2013 al aeropuerto de Santiago para capturar a quienes esperaban el cargamento, identificados como Juan Carlos Parada y Paco Rodríguez Heredia. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y de la justicia.

Este paso cerró exitosamente la primera etapa de “Rampla Cochabamba”. Los actores recibieron elogios por parte de las autoridades y posaron sonrientes en dependencias de Carabineros junto a funcionarios de la Fiscalía de Arica, con la Fiscal López incluida. Las bolsas de marihuana a su alrededor revelaban el rotundo triunfo del plan: habían evitado que cientos de miles de dosis fueran distribuidas en la capital.

Transcurrieron menos de 30 días y el informante Almonacid volvió a llamar. Esta vez, el mensaje comunicado a Vilches era que “El Tigre” estaba nervioso porque aún le quedaban 800 kilos para transportar a Chile.

Ahora, el traficante pretendía minimizar el riesgo de la operación y ni siquiera compartió con sus cercanos cómo sería trasladado el cargamento. Por esto, Almonacid advirtió que si no se controlaba cuidadosaente el traspaso, sería imposible saber cuándo y cómo llegarían a Chile los casi mil kilos de marihuana prensada que faltaban.

Frente a esta situación, el informante le sugirió a Rodríguez, Vilches y González utilizar el mismo camión que había sido propuesto en el primer decomiso y del que finalmente se prescindió, con el objetivo de que fuera ofrecido a “El Tigre” para realizar la segunda operación.

Los tres estuvieron de acuerdo, y a pesar de que la nueva maniobra demandaba especial cuidado, decidieron no enviar a ningún oficial de Carabineros con el vehículo, ya que esto había sido prohibido por la Fiscal López desde un comienzo.

De esta manera, Almonacid convenció al traficante boliviano que él conseguiría el camión a utilizar como medio de transporte para el cargamento restante. En cuanto aceptó, los informantes infiltrados Salas y Gaubert instalaron un doble fondo en la rampla del vehículo, que serviría como contenedor del producto.

Consumada la adaptación, el camión emprendió rumbo a Bolivia con Gaubert como copiloto -quien mantuvo comunicación directa con Vilches en todo momento-, y retornó al país el 9 de septiembre del 2013, con los ochocientos kilos de marihuana prensada en su interior.

En cuanto cruzó el paso fronterizo, fue detenido por policías conscientes de su arribo. Como había un informante encubierto en la cabina de conducción, hubo acceso inmediato a información respecto a los destinatarios de este lado de la frontera, por lo que decidieron realizar una segunda entrega controlada para capturar a quienes pretendían comercializarla en el país.

Esta diligencia se realizó el 17 de septiembre de 2013, y permitió la detención de los dos hombres de nacionaldiad boliviana que esperaban el producto.

Con esta acción, finalizó lo que hasta ese momento era el mayor decomiso del año, lo que constituyó un éxito policial celebrado por todos los cuerpos involucrados. Los 1.100 kilos de marihuana fueron despachados a un Servicio de Salud y posteriormente destruidos, según exige el protocolo existente para este tipo de operaciones. Así se desarticuló “Rampla Cochabamba”, una iniciativa que, según cálculos del OS-7, evitó la comercialización de aproximadamente un millón y medio de dosis en Chile.

La cólera de la Fiscal López

Transcurridos dos meses de su episodio final, la Fiscal Regional se reencontró con la operación tras una revisión rutinaria de las causas de su jurisdicción.

Cruzó los datos de ambos decomisos y concluyó correctamente que, en realidad, la suma correspondía a lo que pretendía incautar “Rampla Cochabamba”, un plan que ella misma había descartado desde un principio.

Sin embargo, al no cerrar la carpeta judicial, Rodríguez, Vilches y su colega González interpretron que la negación de López se limitaba al traspaso de oficiales chilenos a tierras bolivianas, y no a la operación conjunta.

Según afirma la demanda ingresada, “ante este descubrimiento, la Fiscal Regional montó en cólera” al percatarse que se ejecutó un plan que “según ella, no era autorizado”.

Para buscar responsabilidades, primero, apuntó a su colega González. A pesar de acompañar en todo momento las maniobras de Rodríguez y Vilches, este fiscal dijo que solo se enteró de lo sucedido cuando fue informado del ingreso del cargamento al país, sin mencionar que trabajó codo a codo con los oficiales en la organización del exitoso plan.

De esta forma, López posó su mirada en los miembros del OS-7 que ostentaban el cargo más relevante dentro de la región. Ordenó abrir un sumario administrativo e imputó al Mayor Rodríguez, al CapitánVilches, y a los informantes encubiertos Francisco Almonacid, Luis Gaubert y Fredy Salas, por haberse asociado ilícitamente para traficar droga, falsificar documentos públicos e incumplir deberes militares, por lo que se anticipó para cada uno penas superiores a los 40 años de presidio.

Imágenes del primer decomiso de marihuana, llevado a cabo el 5 de agosto de 2013 (Agencia Uno)

La tesis de la Fiscal se basó en el inciso 2° del tercer artículo de la Ley de Drogas: “Se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias” prohibidas.

Con esta interpretación de la ley, se dirigió al Juzgado de Garantía el 22 de noviembre de 2013 para solicitar una orden de detención en contra de Rodríguez y Vilches, el mismo lugar en donde ambos carabineros habían asistido en variadas ocasiones para participar en investigaciones o despachar informes criminales.

Ambos fueron detenidos tres días después. Rodríguez fue interceptado mientras ejercía labores en su oficina de Arica, frente a todos sus subordinados. Vilches, mientras tanto, en las dependencias del Juzgado de Garantía. Ambos escucharon los cargos con incredulidad: en poco más de un mes, pasaron de ser los policías más congratulados de la ciudad a imputados por el mismo caso que les valió el reconocimiento.

Esposados en un calabozo de la Policía de Investigaciones, se enteraron de otro movimiento que los alertó. Equipos de la PDI habían desmantelado sus casas en busca de evidencia que probara el delito, lo que aumentó su pesar a horas de iniciar la audiencia de formalización.

Dicha instancia se relizó durante la tarde del 25 de noviembre 2013, con ambos engrillados y esposados. Se revisó la detención, y como cumplía con todos los requisitos formales, fue declarada legal por el Juzgado de Garantía.

Con esto se abrió una investigación que duró hasta el 19 de dicembre de 2014, en la que los oficiales Rodríguez, Vilches, Vidal y Gavilán, junto a los informantes Gaubert, Salas y Almonacid, fueron imputados por haberse asociado ilícitamente a fin de importar droga, sin contar con la autorización competente.

Pesadilla

Durante todo este período, los potenciales traficantes debieron permanecer bajo prisión preventiva dentro de la Prefectura de Carabineros de Arica.

Pese a que se intentó revertir esta medida, el Miniserio Público se mostró reacio a torcer su brazo, de la misma manera que la Corte de Apelaciones de la región rechazó los tres recursos de amparo presentados a favor de los imputados, bajo argumentos que apuntaban a la forma de los ingresos y su admisibilidad.

La negativa de los organismos, sumada al paso de los meses, aumentó la angustia de los oficiales e informantes progresivamente. Aparte del entuerto legal en el que se veían envueltos, estaba la posibilidad de permanecer 43 años como internos en la Cárcel de Acha, un recinto penal cuya mayoría de reclusos son traficantes de drogas.

Ubicar a dos miembros del OS-7 y sus colaboradores secretos dentro de este lugar, por lo tanto, era una pésima idea.

Las sensaciones que embargaron a Rodríguez y Vilches quedaron plasmadas en la narración de los hechos que cada uno efectuó en la demanda recientemente ingresada.

El Mayor, por ejemplo, afirma que “Cuando nos trasladaron a las dependencias en las cuales nos mantendríamos detenidos, fue muy terrible para mí ya que los mismos Carabineros con los cuales horas antes trabajábamos, ahora eran nuestros custodios. Mi estado anímico era una combinación de emociones, que podríamos catalogarlo de alguna forma como bipolar, ya que cuando estaba con mi familia debía dar una sensación de tranquilidad y no mostrar el calvario que está viviendo y cuando se iban me inundaba una pena terrible, indescriptible, junto con la peor sensación de soledad y de injusticia que se prolongó durante todo el tiempo que estuvimos privados de libertad”.

Aunque los costos profesionales fueron inmediatos, ya que ambos fueron suspendidos por la división OS-7 de Carabineros, para Rodríguez nada fue peor fue la desazón familiar.

Dejó de compartir a diario con sus hijas -que para la fecha tenían 9 y 11 años- y esposa, quien “debió asumir el rol de padre y madre ya que yo me encontraba injustamente privado de libertad”. Su padre, un excoronel de Carabineros, y su madre, quien ya padecía la enfermedad de Parkinson en 2013, “veían a su hijo detenido y acusado de un grave delito, sin siquiera imaginar su pena, dolor y tristeza”.

“Sin duda que todo esto ha dejado su huella en sus estados de salud, puesto que se fueron deteriorando con el tiempo”, añade.

Por otra parte, las impresiones del CapitánVilches están centradas en el efecto económico que generó su detención y consiguiente imputación, ya que para diciembre de 2013 celebraría la compraventa de la casa en que viviría con su esposa y tres hijos.

En noviembre de ese año adquirió un préstamo de consumo en el Banco BBVA, para pagar los servicios del corredor de propiedades y cubrir todos los gastos que significaba este paso.

Como era de esperar, todo el plan se fue a pique con la repentina acusación. La dueña de la casa que compraría echó pie atrás en su decisión y se negó a vender el domicilio, puesto que el dinero con el que sería comprado, supuso, provenía de un enriquecimiento ilícito basado en narcotráfico.

Esto significó que “mi familia se quedara sin hogar donde vivir, debiendo llegar a la casa de un colega como allegados”.

Paralelamente, al ser separado de la institución pública, dejó de percibir su sueldo y pasó a “subsistir familiarmente con la remuneración de mi cónyuge”.

“Llegaron las fechas de navidad, vacaciones, cumpleaños y yo me encontraba privado de libertad con escaso poder económico y desafortunadas revisiones de medidas cautelares, lo que pronosticaban un pésimo futuro. Debido a que sólo contábamos con el sueldo de mi mujer, tuvimos que solicitar apoyo a familiares cercanos, vender vehículos y solicitar créditos bancarios, sin ver un fin cercano a esta pesadilla”, agrega Vilches en su desahogo.

Absolución y demanda

Los distintos pensamientos que colmaban la cabeza de los imputados se fueron desarrollando al mismo tiempo que se extendía el tiempo de investigación.

Sus defensors particulares, en tanto, realizaban diversas diligencias legales para contrarrestar la situación que los aquejaba. Fue así como el 8 de julio de 2014, durante la Audiencia de Preparación de Juicio Oral, se estableció que el Juzgado competente para conocer la sentencia sería el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica. De la misma manera, se fijó que la acusación objeto de juicio en contra de Rodríguez y Vilches sería por dos delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, asociación ilícita contemplada en la Ley de Drogas, prevaricación judicial y administrativa y falsificación o uso malicioso de documentos públicos.

La instancia oral se desarrolló el 4 de octubre del mismo año, y su investigación se extendió por más de dos meses, con el objetivo para recopilar los medios probatorios de ambas partes.

De esta forma, la última audiencia se efectuó el 19 de diciembre, con la presencia de López y otros dos fiscales.

Para el pesar de la Fiscal, el Tribunal no solo absolvió a los imputados de todos los cargos por unanimidad de sus miembros, sino que también procedió a condenar en costas al Miniserio Público, al Consejo de Defensa del Estado y a la Intendencia de Arica y Parinacota por “no haber existido motivo plausible para litigar”.

Aunque los dos primeros órganos presentaron recursos de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Arica, fueron rechazados por unanimidad y el caso se resolvió con la lectura de la sentencia final, el 29 de enero de 2015.

“No es posible dar crédito a la acusación en cuanto aseguró el concierto con los acusados, pues no hay ninguna prueba documental ni testimonial que avale dicho concierto, conforme lo ya razonado (…) Pues en este punto, es necesario traer a colación la multiplicidad de errores y olvidos en la actividad” sostuvo el Tribunal.

Luego de detallar los errores en que incurrió la Fiscal López para formular los cargos contra los involucrados, y afirmar que el Fiscal González mintió al negar estar al tanto de la operación “Rampla Cochabamba”, concluyó que “resulta inexplicable la actitud del persecutor y querellantes en este juicio, pues las mismas han pretendido una condena penal, en un procedimiento de legalidad cuestionada, que denota una torcida investigación”.

Todos los involucrados fueron liberados el mismo día, y despojados de cualquier apremio legal. Por otra parte, ambos fiscales fueron sometidos a investigaciones administrativas sin grandes efectos: según informó el Ministerio Público a The Clinic Online, mientras González recibió sanciones salariales, López resultó sobreseída de la querella abierta en su contra. A la fecha, ambos se mantienen sus cargos en la Fiscalía de Arica.

El caso para los oficiales Rodríguez y Vilches, sin embargo, no quedó ahí. Ambos fueron reintegrados a las filas de Carabineros pero lejos del cargo que alguna vez ocuparon.

El Capitán fue trasladado a Santiago para trabajar en la Zona de Prevención y Protección de Familiar, donde acusa que no tiene cabida debido al poco manejo que cuenta respecto a la materia.

A más de un año de sucedido los hechos, sostiene en la demanda que “por todo lo vivido emocionalmente, más las deudas adquiridas y problemas con los bancos por ser detenido por tráfico de drogas, generaron que en la actualidad mantenga antecedentes comerciales sin poder optar por nuestro sueño familiar de tener una vivienda propia, debiendo vivir en una casa fiscal, con la constante incertidumbre de que en cualquier momento llegue un recetor judicial y se lleve todos nuestros bienes, dado el gran nivel de endeudamiento que tenemos”.

Mientras tanto, el ahora Comandante Rodríguez, también fue reubicado en la capital con labores ajenas a las ejerció en el norte del país.

La “negligencia inexcusable” y el “dolo” en que cayó el Ministerio Público al desarrollar tal investigación, según el actual abogado de Rodríguez y Vilches, Giorgio Marino, es el principal motivo que gatilló la actual demanda en contra del Fisco.

El defensor sostiene que el elevado monto de indemnización se debe al gran daño que causó el proceso judicial sobre los afectados, que repercutió en el área laboral, familiar y personal de los oficiales.

Advierte que, incluso, “parte de esta cifra podría ser cobrada a la Fiscal que estuvo a cargo del caso”, por lo que Javiera López podría verse obligada a pagar una fracción de los 1.400 millones que Rodríguez, Vilches y sus familiares piden en esta nueva iniciativa legal.

Esta posibilidad se desprende del artículo 5° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público: “El Estado será responsable por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público. La acción para perseguir esta responsabilidad patrimonial prescribirá en cuatro años, contados desde la fecha de la actuación dañina. En todo caso, no obstará a la responsabilidad que pudiese afectar al fiscal o funcionario que produjo el daño, y, cuando haya mediado culpa grave o dolo de su parte, al derecho del Estado para repetir en su contra”.

Debido al tenor de este apartado,  Marino confía en que logrará probar el carácter doloso de la indagación de la Fiscal López, y con eso, cerrar el capítulo más engorroso en la carrera de los oficiales de Carabineros que alcanzaron a ser los hombres fuertes de la lucha anti drogas en el país.