José Roa, abogado, ex Sernac: “El gobierno está privatizando las decisiones públicas”

POR PABLO VERGARA • FOTO: ALEJANDRO OLIVARES
Estuvo diez años en el Sernac y hoy hace clases en Derecho de la Chile y en la UDP. Integrante de Proyect América y el Instituto Igualdad, Roa milita en el PS y participa en la comisión de ese partido para apoyar la reconstrucción. Y no le gusta lo que está viendo en el sur.

Si la interpretación que el ex director del Sernac y abogado José Roa hace de la ley de Procedimientos Administrativos está en lo correcto, el gobierno de Piñera equivocó medio a medio la mayoría de sus nombramientos. Simplemente -dice Roa leyendo la ley- todos ellos debieran abstenerse de decidir asuntos donde tengan interés directo o, y esto es lo peor, pudieran afectar a sus ex empleadores en los últimos dos años. Se trata, dice Roa, de la tranca a la verdadera puerta gitaroria: la que va del sector público al privado y viceversa sin control. Es la ley 19.880, su artículo 12. Un dolor de cabeza que promete para el nuevo gobierno.

-La verdad es que hoy forma parte de las reglas del juego. Y a nadie puede ofender que uno se preocupe de tener claridad en materia de las declaraciones e interés para verificar si la autoridad se está absteniendo o no de tomar decisiones. Pensemos en el director del Servicio de Impuestos Internos, que prestó consultorías tributarias respecto de muchas empresas que probablemente solicitarán cosas al propio servicio y que él tiene que resolver; en el ministro de Educación, en el de Salud, que participaron en las áreas en donde ellos están ejerciendo ahora su cargo; en las autoridades del MOP; en el ministro de Hacienda, que debe supervisar la gestión del Superintendente de Bancos, siendo que fue ex director de banco hasta hace algunos meses; en el ministro de Economía que tiene que implementar el Sernac Financiero y que fue director del Banco de Chile. Acá hay dos juicios: primero, el grado de cumplimiento efectivo de la ley por parte de estas autoridades, inhibiéndose por escrito, informándolo a su jefe directo, y un juicio práctico: ¿qué sentido tiene nombrar autoridades que no pueden hacer el 100% del trabajo que por ley les corresponde? En algunos casos esto puede ser incluso dramático. Piense en el encargado de Concesiones, ex empleado de una concesionaria, probablemente eso significará que un porcentaje muy significativo de su trabajo no lo pueda realizar -dice Roa.

Hay gente que dirá que la tranca es muy grande o que esto no será demasiado purista…
El Parlamento es el lugar donde ciudadanamente se deben dar estas discusiones. Y si alguien estima que dado el tamaño de la economía de Chile y una serie de consideraciones, esta norma resultó excesiva, tendrán que cambiarla. Pero mientras no se cambie la ley, se cumple. Su objetivo es asegurar que las autoridades al momento de tomar la decisión, piensen en Chile y su bienestar y no en intereses privados. Y no sólo en la solicitud específica de la persona que lo haya empleado, también en decisiones de carácter general, que afectan también a esta persona en particular como miembro de una clase a la que se va a regular.

Esta ley tiene hartos años. ¿Por qué ahora es tema?
Cuando fui autoridad, me inhibí de tomar decisiones respecto a las cuales tuviese que cumplir con este deber de abstención.

Pregunto por el nombramiento de algunas autoridades.
Asumo que esas autoridades se inhibieron también de tomar ese tipo de decisiones. Si no fue así, la responsabilidad los acompaña hasta hoy. No es una justificación para la no aplicación de la ley el que eventualmente alguna autoridad anterior no lo haya hecho. La ley es clara, se aplica a todas las personas.

Ahora, la fiscalización debió haberla hecho la Alianza.
Evidentemente. Lo que estamos haciendo nosotros, desde el otro lado de la vereda, esto es, sin guitarra, es verificar que se cumpla.

INMOBILIARIAS

Estuviste en el Sernac 10 años, ¿cómo fue tu relación con las inmobiliarias?
Se caracterizaron, en general, por tener un bajo estándar de solución de los problemas. Estamos hablando de la compra más importante en la vida de un consumidor promedio, seguida por la educación. Y si uno mira los mercados relevantes, donde se concentraban los reclamos, en el quinto y sexto lugar se encontraban precisamente estos dos. Lo que podemos ver hoy, la verdad, son explicaciones y justificaciones para decir que la ley no se les aplica o se les aplica de una manera distinta, más que por regla general soluciones expeditas a la gente afectada.

¿Qué fue la peor cosa que viste en ese tiempo de las inmobiliarias?
Lo que pudimos ver recientemente, una inserción pagada en diarios de circulación nacional donde declaran cuál es su interpretación de la ley -sobre la responsabilidad en materia de calidad de la vivienda-, que no es coincidente con la lectura que, yo al menos, realizo. Ellos sostienen que las viviendas compradas entre el 2000 y 2005 no tendrían derecho a alegar garantía y a mi juicio la ley dice lo contrario. Esa inserción, en vez de bien informar a sus clientes, los consumidores, lo que estaba haciendo era malinformarlos respecto de sus derechos. Y cuando a la gente se le malinforma, y piensa que no tiene derechos, no reclama.

El intendente de Santiago es el ex presidente de la Cámara Chilena de la Construcción.
Este es un tema muy relevante. Cuando uno ve que el Intendente de Santiago, ex presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, le encarga la evaluación de los daños a la construcción a la CCHC, que representa a las inmobiliarias, uno se pregunta si es razonable. Uno podría preguntarse si esto se trata más bien de que el juez y la parte sean la misma persona, cuestión que evidentemente no es la adecuada porque no existe imparcialidad. En materia de calidad de la vivienda, a propósito del terremoto, lo que quedó en duda es la confianza que tienen que tener los consumidores en las empresas.

Estuviste 10 años en el Sernac, cómo puedes describir en pocas palabras a los empresarios chilenos.
Los consumidores avanzaron, hoy conocen sus derechos, los ejercen. Los empresarios no avanzaron de la misma manera. Y en unas empresas son contumaces, perseveran en el error, tropiezan una y otra vez con la misma piedra, pese a que los tribunales de justicia les han declarado por escrito que sus actitudes, sus comportamientos, sus contratos, sus publicidades, son contrarias a la ley del consumidor. El último estudio del Sernac indica que cerca del 55% de la publicidad de los bancos no cumple con normas básicas en materia de ética publicitaria, ética que por lo demás está consagrada en la ley. Una de las prácticas es la letra chica. Sacamos la letra chica de los contratos y se fue a la publicidad. Las empresas lo tienen claro, han sido sancionadas por eso y pese a eso siguen una y otra vez poniendo letra chica en las publicidades.

Hablamos de grandes empresas. ¿Te deja tranquilo que ellos estén a cargo de la reconstrucción de Chile?
La reconstrucción de Chile es una tarea del Estado, y no puede ser privatizada. Las decisiones públicas no pueden ser tomadas por los privados. Miro con preocupación, por ejemplo, cómo la intendenta de Concepción responsabiliza a Un Techo para Chile respecto a la construcción de las mediaguas, siendo que su responsabilidad como representante del Presidente es estar a cargo de la tarea de la emergencia y de la consigna “techo, techo y techo”. Me preocupa cómo el ministerio de la Vivienda privatiza el modelo de construcción de sociedad en Constitución, a través de un convenio con una papelera. Lo que estoy viendo como una tendencia preocupante es que este gobierno está privatizando las decisiones públicas. En vez de entregar al Estado los dineros para obtener materiales para la reconstrucción, se externalizó a través de dos grandes empresas con un dudoso procedimiento respecto a su legalidad, de manera que los alcaldes fuesen simplemente a retirar a estas grandes empresas del retail los materiales. Me preocupa esta externalización de las responsabilidades públicas, porque si hay algo que no se puede externalizar son las responsabilidades. Otra cosa es el rol de las empresas. Lo que no resulta razonable es que las empresas financien su solidaridad a costa del incumplimiento con los consumidores. Por ejemplo: la empresa Cencosud está demandada por aumentar de manera unilateral y arbitraria el costo de sus comisiones del orden de $500 a $1000, redondeando los números. Y podemos ver cómo no reconocen esa responsabilidad, litigan judicialmente ese punto y a pesar de eso realizan caridad, probablemente con los mismos ingresos que se generan a través de una infracción a la ley del consumidor. Lo que uno esperaría de una empresa que sea socialmente responsable, como mínimo, es que cumpla la ley.