“Las condiciones carcelarias constituyen una violación de los DD.HH.”

Lorena Fries, directora del Instituto de Derechos Humanos, presenta hoy el Primer Informe Anual de la institución: “Informe Cero”. Lo hará justo en medio de lo que se vivió ayer en la Cárcel de San Miguel y la muerte de 81 personas. En esta entrevista cuenta la visita que hizo al recinto y la posibilidad de que el INDH presente una querella por lo ocurrido.

Lorena Fries llegó temprano a la Cárcel de San Miguel. Se reunió con gendarmes y con reos para saber de primera fuente lo que había ocurrido en la madrugada. No fue una sorpresa lo que le contaron, pues llevaba meses trabajando en el primer Informe del Instituto de Derechos Humanos, donde hay un capítulo dedicado a la situación carcelaria de nuestro país.

Pero los pormenores de la tragedia que se vivió en San Miguel, al momento de escucharlos, fueron más desoladores que las cifras que dará a conocer.

Fries cuenta que cuando los gendarmes subieron a desbaratar la supuesta “riña” entre dos grupos del ala sur del recinto, no sabían con lo que se encontrarían. No llevaban los implementos de seguridad necesarios y la cantidad de extintores fue insuficiente.

Cuando llegaron al lugar, mientras los cuerpos se calcinaban, no había mucho más que hacer. Los guardias de turno se encontraron con candados y barrotes hirviendo y el proceso de desencierro fracasó. Producto de eso, los cinco gendarmes que custodiaban el penal -construido para ser habitado por 800 reos y que hoy tiene en su interior a 1.664- sufrieron quemaduras en sus manos, brazos y vías respiratorias.

Lo más grave, comenta, fue lo que le relataron los funcionarios con los que habló y los mismos reclusos: el sistema de información que utilizan para alertar estas situaciones. Una especie de protocolo -si se le puede llamar así- a lo chilean way: “Cuando ocurre una emergencia, la persona privada de libertad le grita por la ventana al guardia del perímetro y es él quién tiene que avisar. Un sistema de información deplorable, porque además queda en manos del arbitrio del guardia de perímetro en caso de que decida avisar”, explica.

Fries dice que más allá de la voluntad política del gobierno de Piñera para solucionar el tema de las cárceles en Chile, le preocupa las muestras de represión que se han exhibido en los últimos días en el país. Lo que a su juicio “hacen tambalear la presunción de inocencia de los ciudadanos”.

Agenda política

¿Qué encontró en su visita ayer a la Cárcel?

-El panorama era bastante complejo, porque cuando llegué recién se
estaban dando a conocer algunos nombres de las personas que no habían
fallecido, por tanto había un nivel de ansiedad muy grande en los familiares. También los funcionarios de Gendarmería, vimos a varios lesionados que habían contribuido a sacar a la gente del piso 4 de la torre 5, y ellos plantearon que no habían subido con el material necesario para poder apagar el incendio.

¿Cree que ocurrirá lo mismo que en otros casos, cuando todo se termina
con un sumario administrativo?

-Más allá del sumario, que es importante, debemos instalar un debate sobre las condiciones carcelarias en Chile. El grado de autoritarismo de este país hace que finalmente castiguemos todo lo que está fuera de la norma. Nuestra obligación como Instituto será realizar un informe en profundidad respecto de las condiciones carcelarias e informar a los organismos de Naciones Unidas y la OEA. Lo que significará establecer una exhaustiva vigilancia sobre Chile en esta materia.

¿Cree que existe en este gobierno y en el ministro de Justicia una agenda clara respecto a este tema?

-Hay plena conciencia que las condiciones carcelarias actuales constituyen una violación de los DDHH en las personas privadas de libertad. También hay un acuerdo de que el ministro de Justicia ha hecho un tema de agenda de los DDHH. Pero más allá de la voluntad política, se requiere una inversión más o menos consistente de recursos, pero bajo una perspectiva que no es necesariamente seguir construyendo cárceles. Cuando visité la cárcel de Angol, por el tema mapuche -concesionada hace 3 años- ya estaba con el doble de población. Por lo tanto, hay un tema de política criminal y tenemos que buscar otras alternativas para avanzar y no hacer de las cárceles una especie de trituradoras de personas con ninguna posibilidad de reinsertarse cuando salen.

Represión

¿Qué pudo sacar en limpio en la confección del informe que presentará hoy?

-Hay un diagnóstico del hacinamiento de las cárceles, el relativo fracaso del sistema de cárceles concesionadas, que no se edificaron todas y las que hay ya están con sobrepoblamiento. De acuerdo a la información de Gendarmería y el Sename, en los últimos años la curva de privación de libertad se ha disparado. Lo cual quiere decir que nuestra forma de resolver los problemas es encarcelando a la gente. Y eso no sólo en los adultos, sino que también en los adolescentes. Hay hacinamiento también de las mujeres que tienen a sus hijos por sobre la edad que establece la ley y el reglamento dentro de los penales y eso tiene que ver con la falta de redes de apoyo externas para sostener a los hijos una vez que tienen la edad para salir. Es un sistema que hace agua por todos lados.

¿A su juicio, se ha incrementado la represión en nuestro país?

-Creo que es algo histórico, pero se ha reforzado en los últimos años.
Por ejemplo, el discurso de seguridad ciudadana, lo que se ha visto en
materia de Ministerio Público y el uso de sus atribuciones para la persecución penal. La verdad es que hacen tambalear la presunción de
inocencia de los ciudadanos. No estamos acompañando la posibilidad de
estos cambios con un discurso que finalmente resuelva conflictos sociales a través del goce y ejercicio de los Derechos Humanos y no a través de la penalización.

¿Lo atribuye a una política del gobierno actual?

-Creo que todo indica que es una política, que vamos hacia ya.

¿Hacia una política de la represión?

-Si, creo que lo que estamos viendo ahora, que se refleja en Rapa Nui. Las fotografías que pudimos ver dan cuenta que hay menos resguardo en el accionar de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Y eso finalmente se nota en el uso excesivo de la fuerza. Como lo vimos también en el caso de (Manuel) Olate. Lo que da cuenta de que hay una presunción casi de culpabilidad antes de asegurar y garantizar que el principio de inocencia va a funcionar. Esto lleva a la criminalización de la protesta social.

¿El instituto se va a querellar por este caso?

-Tenemos la posibilidad de hacerlo y estamos estudiando cómo vamos a
actuar en este caso. Está dentro de nuestro diseño. Además, de presentar recursos de protección, entre otras cosas.