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Opinión

13 de Diciembre de 2010

¡Cuidado con enseñar historia!

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POR SOFÍA CORREA SUTIL
De golpe y porrazo, sin decir agua va, el Mineduc ha suprimido el 25% del tiempo destinado a historia y ciencias sociales entre 5° básico y 2° medio, para así aumentar las horas de lenguaje. Esta medida se ha presentado dentro de un paquete de reformas de distinta índole, que dicen relación más bien con el desempeño de los profesores, las cuales aparentan ser de una sensatez incuestionable. Por lo tanto, la polémica se ha concentrado en la disminución de las horas de historia. Según Lavín se trata de una preocupación elitista o de interés gremial.

Sin embargo, para poder entender en su verdadera dimensión el alcance que tiene la supresión de horas de historia y ciencias sociales, es necesario ver esta medida como el centro mismo, el núcleo constitutivo, de lo que el gobierno ha llamado “la mayor revolución educacional de las últimas décadas”. Me explico.

Como es ampliamente sabido, a la asignatura de historia y ciencias sociales se le ha otorgado siempre la mayor responsabilidad en la formación ciudadana, incluyendo en ésta, por cierto, la conciencia histórica, la conciencia espacial, la reflexión crítica. Así lo entendió la reforma curricular post dictadura, por eso la oposición más radical al curriculum de historia provino del pinochetismo nacionalista integrista, especialmente de Gonzalo Vial, ministro de Educación de la dictadura. Además, esta postura se plasmó vívidamente en un documento elaborado por profesionales de Libertad y Desarrollo y de la Universidad Adolfo Ibáñez, enviado al Consejo Superior de Educación como comentario a unos recientes cambios curriculares, y publicado por La Segunda a inicios de 2009.

Objetaron, por ejemplo, que en el curriculum nacional se hablara en 5° básico de “sociedad colonial” o de “resistencia mapuche”, y que no se enseñara en cambio que la Corona protegió a los indígenas; que se propusiera en 6° “valorar la democracia y los derechos humanos”, que se hablara de “dictadura militar” y que en los contenidos de ese año no se mencionara la participación en “los cuerpos intermedios”; que en 7° se afirmara que “la humanidad ha evolucionado millones de años”, y que no fuese parte de los contenidos mínimos obligatorios de ese año aprender “que la gran mayoría de los pensadores clásicos de la ilustración y el liberalismo eran, asimismo, fervientes cristianos”; que en 8° se calificara de autoritaria a la Constitución de 1833 y a los gobiernos de los decenios; así como también que en 1° medio se nombrara la crisis económica de 1930 como “la gran crisis de la economía capitalista”. Lo más elocuente: objetaron que los contenidos, “más que obedecer a un programa de historia, están referidos a una suerte de ‘educación del ciudadano’.”

Evidentemente, aunque habían llegado al gobierno, era difícil rehacer el curriculum de historia: no sólo tomaría mucho tiempo, sino que esta propuesta pinochetista integrista generaría una oposición tremenda en la sociedad chilena, incluyendo probablemente incluso a sectores que apoyan al gobierno. De modo que resultó más eficaz y astuto suprimir solapadamente la enseñanza de la historia. En efecto, la actual responsable del curriculum ha dicho que se puede enseñar los mismos contenidos en menos tiempo. Para ello, los profesores tendrán que hacer que sus alumnos memoricen una serie de datos cuya comprensión será imposible. Así ya no se enseñará ni historia ni ciencias sociales.

Pero, ¿cómo asegurarse que el profesorado acate? Aquí es donde entra el resto de las propuestas de la reforma, que aparentemente serían medidas aisladas, pero que deben ser entendidas como un conjunto coherente al servicio de esta manipulación ideológica.

En efecto, para disciplinar a los profesores de historia se recurrirá a los efectos anunciados de las mediciones tipo prueba Simce. De esta manera, en la medida en que los niños no respondan correctamente las preguntas memorísticas, o que utilicen criterios de complejidad, o que cuestionen la óptica interpretativa a que se les somete, en tales casos, bajarán los puntajes Simce, y con ello los profesores pondrán en jaque su permanencia laboral y su nivel de ingresos (parte del paquete de medidas de esta reforma educacional). Así se habrá logrado que no se enseñe historia, que en cambio nada más se memoricen datos del pasado, y que la formación ciudadana sea reemplazada por el entrenamiento para escoger una respuesta correcta entre alternativas dadas (¿“free to choose”?).

Por eso es que no se apostó a que los alumnos aprendieran las complejidades del lenguaje castellano leyendo textos históricos o sociales. Da para pensar que en “lenguaje” las nuevas autoridades aspiran a que los alumnos sólo sepan entender instrucciones: cómo preparar una mamadera, cómo armar una máquina. Ya lo dijo el comentarista mercurial-dominical-progresista Carlos Peña: los pobres tienen un “código lingüístico” concreto, no entienden abstracciones, y no se los puede perjudicar con lecturas más complejas; “en una palabra –dijo– el problema es de clases”.

Efectivamente, con esta “revolucionaria reforma” se cumple el anhelo neo-liberal de terminar con el curriculum nacional. Los niños más pobres mejorarán su capacidad de seguir instrucciones, sus puntajes subirán, y no tendrán acceso a conocimientos complejos sobre la sociedad. Los niños que puedan asistir a colegios particulares pagados, podrán leer textos literarios, históricos, antropológicos, sociológicos, filosóficos, textos complejos, eso sí que depurados ideológicamente, que podrán comprender sin mayores problemas. Tendremos así asegurada la formación de las elites en una perspectiva unívocamente conservadora, y una masa popular ignorante, disciplinada y eficiente.

Ese es el sentido de la reforma educacional propuesta por el Mineduc y presentada, por algo, como una gran “revolución educacional”. Ese ha sido desde años el proyecto del pinochetismo integrista. Visto así, sería éste un primer “test-case” para Piñera: o el gobierno le entrega al pinochetismo integrista la educación, o por el contrario, se da pie atrás en el intento de cambiar el curriculum, abriendo una amplia discusión nacional sobre éste. En tal caso, por lo menos deberían caer las autoridades responsables de esta maquiavélica medida. Sólo entonces, cuando no sean funcionales a la implementación de un proyecto ideológico, podrán analizarse en el Congreso una a una las medidas del proyecto de ley de reforma educacional, en lo que éstas tengan de valioso.
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Ilustración: Muertos en el campo de batalla de Placilla, afueras de Valparaíso. Guerra Civil de 1891

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