Paralizadas decenas de ejecuciones en Estados Unidos por la falta de un anestésico

En paro están las ejecuciones por pena de muerte en Estados Unidos, debido a una enmienda gringa que exige, paradójicamente, un trato humano para quienes reciben este tipo de condena. El trato humano en este caso incluye el uso de un anestésico para aminorar el dolor, producto que no está siendo suministrado a Estados Unidos porque es usado para matar.

Por El País de España

Si la pena de muerte en Estados Unidos llega a tener un punto y final no será porque genere un debate social ni porque sea obvio que semejante castigo viola derechos humanos y es impropio de países civilizados. La máxima pena acabará muriendo en los tribunales, tras largas y costosas demandas y argumentaciones jurídicas cuyo precio pagan quienes esperan ser ejecutados durante años. El último capítulo de los homicidios legales en EE UU tiene mucho que ver con un pequeño problema logístico, que afecta a la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe cualquier trato cruel o inhumano.

El último preso que ha escapado a la muerte lo ha hecho siguiendo toda la lógica anterior: sus abogados buscan un fallo de procedimiento en su juicio, por lo que han recurrido al Supremo de la nación -que paralizó el martes la ejecución- y a la vez al Supremo de Tejas, que pretendía matar al reo con un anestésico que se utiliza para sacrificar animales, el pentobarbital.

Cleve Foster, 47 años, veterano de la Guerra del Golfo y asesino convicto de una mujer de 28 años, debía haber sido atado a una camilla el martes por la noche en el correccional de Huntsville (Tejas) y en sus venas se debería de haber inyectado cloruro de potasio -que le habría dejado sin respiración- y bromuro de pancuronio -que le habría parado el corazón-. Pero la anestesia para hacer indoloro el proceso -el pentotal sódico- estaba caducada e iban a dormirlo con el equivalente veterinario.

El pentotal sódico no se fabrica en EE UU desde finales del año pasado. Alemania y Reino Unido frenaron cualquier exportación si su uso final era para ejecuciones y las cárceles que tienen remanentes han descubierto que sus dosis están caducadas.

Algunos presos que tenían programadas sus ejecuciones -más de 3.200 personas esperan en los corredores de la muerte de EE UU- han visto en los últimos meses cómo se paralizaban en el último momento al cuestionarse la legalidad del uso de un fármaco para animales cuya eficacia no está probada en seres humanos.

Lisa Graybill, abogada del grupo de defensa de derechos civiles ACLU, considera que de hecho se controla más y mejor, y que existe un protocolo para la eutanasia de los animales mayor que el que existe para acabar con la vida de las personas. El informe de ACLU es demoledor. Asegura que las leyes de Texas -el Estado que más personas ha matado, 466, desde que la pena de muerte volvió a ser legal en EE UU en 1976- protegen “a los lagartos para que no se les infrinja dolor con las agujas de las jeringuillas pero no a los seres humanos”.

“Reclamamos que se use con las personas el mismo tipo de transparencia y de consejo legal que se usa con los animales que se sacrifican”, dice Graybill. Por ejemplo, las leyes de Tejas no exigen que los verdugos, quienes inyectan el cóctel letal de barbitúricos en las venas del condenado, tengan una preparación especial o hayan sido formados para ello, de hecho, los médicos suelen negarse a aplicar las drogas porque vulnera el juramento hipocrático.

Ver nota completa en El País de España

Comentarios