Por Azkintuwe

Al menos ocho personas, encabezados por la portavoz Natividad Llanquileo, irrumpieron este domingo en plena misa de Pascua de Resurrección encabezada por el arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati, en la Catedral Metropolitana. Los manifestantes llegaron hasta el altar del templo, donde desplegaron un lienzo con la leyenda: “Libertad a los presos políticos mapuches”, en referencia a los comuneros condenados que mantienen una huelga de hambre de 41 días, tras ser condenados a altas penas de cárcel.

La protesta acompañada de consignas y banderas rojas a favor de los mapuches encarcelados, se produjo minutos después de finalizada la homilía y posteriormente Carabineros ingresó a la iglesia para dispersar de manera violenta a los manifestantes. Dos de ellos quedaron detenidos y fueron llevados hasta la Primera Comisaría de Santiago donde se les realizará el control de identidad. Natividad Llanquileo acusó el nivel de represión que les afectó, argumentó que sólo buscaban con sus acciones dar cuenta de la situación en que se encuentran los comuneros en ayuno.

Consultado por Radio Cooperativa, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, dijo que interpreta como un “clamor” la manifestación. “Más que interrupción, yo lo interpreto como un clamor que se eleva hacia el Señor, para que realmente nosotros vivamos la Pascua también tendiendo la mano a quienes sufren”, declaró el religioso. “Esperamos esta semana poder retomar el diálogo con los voceros”, dijo el religioso. A su juicio, lo sucedido es “una expresión de lo que es el dolor humano, o de lo que es una incomprensión que mucha gente puede sentir como sufrimiento”.

El presidente de la Conferencia Episcopal -que ofició como facilitador del diálogo durante la huelga de hambre mapuche que el año pasado se extendió por 81 días- dijo comprender la situación por la que atraviesan los presos y abogó por un pronto acuerdo entre las partes. “Están en huelga de hambre; han retomado esa situación complicada y difícil. Esperamos esta semana poder retomar el diálogo con los voceros y yo estoy comprometido con el Ejecutivo para que lo que se ha prometido se pueda cumplir”, sentenció Ezzati.

Campaña internacional

En los últimos días, personalidades y organizaciones indígenas y sociales de diversas partes del mundo firmaron una carta de solidaridad con los cuatro líderes mapuches condenados en Chile. La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, el escritor uruguayo Eduardo Galeano y el sociólogo estadounidense, Immanuel Wallerstein, expresaron que resultan alarmantes las enormes condenas contra los presos políticos mapuches.

Esas personalidades llamaron al Estado chileno a garantizar el debido proceso de los detenidos, la imparcialidad del tribunal que los procese, y fin al doble procesamiento. El líder mapuche Héctor Llaitul, uno de los huelguistas, denunció el trasfondo político del fallo judicial contra él y otros tres comuneros, condenados a 25 años de cárcel por un tribunal del país sudamericano

En una carta enviada desde su celda, consideró el dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco, que el juicio realizado en contra suya y de sus compañeros forma parte de la estrategia de criminalización de la causa mapuche en Chile para beneficiar al empresariado local y transnacional. En el texto titulado “Cómo entendemos esta condena”, afirma Llaitul que el propósito del Estado es igualar la lucha mapuche a actos supuestamente delictivos y terroristas para poder reprimir indiscriminadamente.

El pasado viernes, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Chile, Hugo Gutiérrez, anunció que buscará reunirse con los familiares para buscar una salida a la huelga. El diputado, del partido comunista y abogado de derechos humanos, calificó de “cosméticas” algunas modificaciones a la legislación antiterrorista aprobadas en los últimos meses pues, según dijo a los periodistas, no han tenido ningún efecto y “hoy tenemos más jóvenes todavía procesados en virtud de esa ley, que viene de la dictadura”.

Agregó que en ese contexto, “hemos resuelto convocar a familiares y abogados porque lo mejor es escuchar, para continuar ayudando como lo hemos hecho hasta ahora”. Los comuneros fueron visitados también por la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, quien advirtió que la aplicación de la ley antiterrorista en su contra les impide tener un juicio justo. “Para el Instituto, la aplicación de la ley antiterrorista es un atentado a la posibilidad de un juicio imparcial y a las garantías del debido proceso”, dijo a Radio Cooperativa.

Según Fries, aunque los cuatro no fueron condenados por la Ley Antiterrorista, durante la investigación se ocuparon las ventajas procesales de la Ley Antiterrorista, como el uso de testigos sin rostro, lo que provoca un desequilibrio contra quienes son imputados. Tales son las razones que han motivado el movimiento carcelario mapuche.

Recurso de nulidad

Cabe recordar que el pasado 20 de abril, el Máximo Tribunal acogió a trámite la nulidad presentada por la defensa de los comuneros mapuche condenados en el mes de marzo por su presunta participación en el fallido atentado en el año 2008. Llanquileo manifestó su conformidad por la decisión de la Corte Suprema de acoger el recurso que impugna el fallo del Tribunal de Cañete. En la oportunidad, se impusieron duras penas en contra de Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuches, de 25 a 20 años de cárcel por delitos terroristas. Condenas que fueron calificadas como excesivas por los abogados defensores.

“Para nosotros es muy importante que se discuta”, expresó, indicando que anteriormente la Corte de Apelaciones de Concepción, había rechazado todos los recursos que presentaron como la presencia de testigos protegidos como medios de prueba. “Si no se anula el juicio, lo más probable es que recurramos a instancias internacionales, donde en la mayoría de los casos se resuelve a favor de los pueblos originarios y se condenaría a Chile por violaciones a los Derechos Humanos”, dijo. Agregando que “vamos a agotar todos los recursos legales para obtener la libertad de los presos. No vamos a permitir que pasen 20 o 25 años en la cárcel”, añadió.

Respecto a la condición en que se encuentran los huelguistas de la Coordinadora Arauco-Malleco, Llanquileo mencionó que están bien de ánimo y estables en su salud. “Están siendo constantemente monitoreados y su baja en el peso ya es visible. Llaitul ha perdido más de 13 kilos durante los 38 días que llevan de huelga de hambre”, contó. Aseguró que ellos van a seguir con la medida de presión hasta que sus demandas sean escuchadas y se revoque el fallo que los condenó a 20 y 25 años de cárcel.

Censura en TV

También en la presente semana, el Consejo Nacional de Televisión acogió a tramitación dos denuncias presentadas contra TVN, Chilevisión, Canal 13, Mega y UCV-TV, por omitir en sus espacios informativos las prolongadas huelgas de hambre de los imputados por el denominado “Caso Bombas”, y de los cuatro presos políticos mapuche recluidos en la cárcel de Angol.

Los respectivos escritos fueron presentados por Sergio Millamán, integrante del equipo editorial de Mapuexpress, y Luis Cuello, autor del sitio Otra Prensa!, quienes señalaron que las estaciones televisivas han silenciado de forma sistemática ambas movilizaciones, en abierta violación a los principios de pluralismo y democracia contenidos en la ley 18.838 –que regula el correcto funcionamiento de los servicios televisivos-, y al derecho que asiste a todas las personas “a ser informadas sobre los hechos de interés general”, consagrado en la Ley de Prensa.

Los cuatro presos políticos mapuche que llevan más de un mes en huelga de hambre solicitando la realización de un juicio no amparado en la Ley Antiterrorista, tampoco reciben la atención de los noticieros, repitiéndose de este modo el cerco informativo observado durante 2010, cuando la huelga de hambre de 31 presos políticos mapuche fue deliberadamente silenciada por más de 40 días.

Los denunciantes incorporaron nuevos argumentos jurídicos para fundar la plena competencia legal del CNTV para sancionar el silencio informativo de los canales de televisión, práctica que atenta contra los principios de pluralismo y democracia establecidos en la ley. Ello, debido a que el Consejo sostuvo, en casos similares, que carece de facultades para reprochar la omisión de hechos noticiosos.

En uno de los pasajes del escrito de denuncia, se cita el voto disidente de los consejeros María Elena Hermosilla, Jorge Donoso y Roberto Pliscoff, quienes, resolviendo una denuncia por la omisión televisiva de la huelga de trabajadores de Farmacias Ahumada, establecieron que tal conducta constituye “un atentado a la democracia”.