Investigan a Fra Fra Errázuriz por tráfico de inmigrantes paraguayos

El Ministerio Público de la Sexta Región abrió una investigación por el presunto delito de trata de personas en contra del empresario y ex senador Francisco Javier Errázuriz, Fra Fra. La indagatoria se inició luego que tres ciudadanos paraguayos denunciaran a la fiscalía de su país que trabajaban en condiciones de esclavitud en uno de los fundos del ex candidato presidencial.

Tras la denuncia, la autoridad guaraní se contactó con el Ministerio Público chileno, donde se decidió abrir una investigación, movilizando a la PDI y a un equipo especializado del organismo perseguidor con asiento en Rancagua para determinar la posible comisión del ilícito.

De acuerdo a la prensa paraguaya -los diarios La Nación y ABC Color- las víctimas fueron identificadas como Zunilda Rodríguez Herrera, de 23 años; Norma Mendoza, de 30 años y Gabriel Resquín Paniagua, de 34 años.

Los afectados indicaron que se les ofreció, mientras residían en Ciudad del Este, ser traídos a Chile en forma gratuita donde se les prometía un sueldo superior al promedio de su país. Una vez aquí, no sólo eran controlados de manera permanente, sino además permanecían incomunicados y se les realizaban importantes descuentos en el estipendio.

La información fue confirmada a Radio Bío Bío por el gobernador de la provincia de Cardenal Caro, Julio Ibarra, luego que The Clinic Online revelara la apertura de la indagatoria.

A su vez, el fiscal jefe de Rancagua Sergio Moya, indicó que dentro de las unidades especializadas que realizan diligencias -interrogatorios y fijaciones del sitio- están de la Extradiciones y Cooperación de la Fiscalía Nacional (UCIEX) y la de Protección de Víctimas.

Consultado por The Clinic Online, Moya no adelantó el número de personas afectadas, pero la prensa paraguaya sostiene que al menos 30 personas estarían bajo ese régimen.

La Fiscalía busca establecer si la denuncia de los ciudadanos paraguayos es verídica, como también si hubo un intermediario.

Hasta la fecha en Chile sólo existe una condena por trata de personas dictada en Iquique en 2006 y procurada por la entonces fiscal Rossy Lama, actual directora del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.