Carlos Burgos, de 23 años, caminaba por la intersección de Vespucio con El Valle la noche del jueves 25 cuando sintió un duro golpe en el hombro. “Iba a comprar y veo que al otro lado de Américo Vespucio estaba quedando la escoba”, relató al día siguiente, cuando constató que el dolor que sintió había sido causado nada menos que por una bala.

“Al lado estaba el joven que luego murió y su hermano en silla de ruedas. La gente dice que un carabinero disparó cerca de la pasarela, pero yo no lo vi”, explicó Burgos, quien desde ese día ha acudido sin éxito a dos servicios de salud para que le retiren el proyectil. De hecho, en los centros médicos ni siquiera le dieron licencia bajo el argumento de que el plomo no representa un riesgo para su salud, por lo que fue despedido de la empresa donde trabajaba.

Sin embargo, la bala alojada en su cuerpo abrió una hipótesis de investigación para la fiscalía, que mientras tuvo la jurisdicción sobre la causa -porque ayer el 13º Juzgado de Garantía se declaró incompetente y mandó el caso a la judicatura castrense- intentó que Burgos fuera operado, para obtener una prueba que determine si la bala corresponde a la misma ametralladora UZI que usó el suboficial Migue Millacura o bien salió desde otra arma.

Hasta ahora lo que está probado en la carpeta de investigación que llevó el fiscal oriente Rodrigo Lazo es que Millacura efectuó dos disparos desde el arma que retiró desde su unidad, sin embargo hasta ahora no se descarta que pudiera existir un segundo funcionario involucrado.

Desde el inicio de la investigación Lazo intentó llevar a Burgos a una clínica privada, ya que el joven quiere que le retiren la bala de su hombro y aunque trató primero en el hospital Luis Tisné y luego en el Salvador, no obtuvo una respuesta satisfactoria.

Al cierre de esta nota, el ex carabinero declaró que los dos disparos que percutó no habían sido “al aire” como dijo en un comienzo, sino que en “diagonal”. Así lo explicó la fiscal Paola Jofré a Radio ADN.

El máximo tribunal

En tanto, luego que ayer la magistrada Ely Rothfeld se declarara incompetente para que la fiscalía oriente continuara la investigación y enviara el caso al fuero militar, el tema podría terminar en la Corte Suprema.

Los pasos judiciales que vienen ahora son los siguientes: la justicia castrense podría aceptar la competencia del caso y tramitarla con un fiscal militar. Allí Millacura podría enfrentar cargos menores que el de homicidio imputado por el Ministerio Público “como violencia innecesaria con resultado de muerte”. Lo anterior se produce porque hasta ahora no está acreditado que el ex carabinero haya tenido la intención de matar a Gutiérrez.

Si la justicia militar decide quedarse con la causa, el abogado Rodrigo Román, patrocinante de la familia de la víctima junto a Washington Lizana, recurrirá a la Corte Suprema, el único tribunal que puede dirimir esta contienda de competencia.

Román tiene una pequeña ventaja, ya que en el máximo tribunal existe un antecedente anterior que podría confirmar sus pretensiones. El caso refiere a una contienda de competencia presentada a principios de 2000 por la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz. Lo hizo para que la Suprema enviara a la justicia criminal ordinaria el proceso conocido como la “Operación Albania”, donde se ejecutaron 12 militantes del FPMR ocurrida en 1987, donde participó la CNI.

En esa oportunidad, el caso era tramitado por el ministro -y actual presidente de la Suprema- Milton Juica, como representante civil de la Corte Marcial. Al conocer los antecedentes, el Pleno del máximo tribunal, estimó que el CDE tenía la razón.