La ley maldita de Piñera

Ilustración Danilo Miranda

Fuente: 1800dibujos

Piñera, Hinzpeter y sus adláteres han decidido exponer a la sabiduría humana a una prueba límite. Según ellos la cosa –puesta en relato- sería del siguiente modo:

Grupo de estudiantes: Mi estimado, hemos decido ocupar este edificio aun cuando usted no esté de acuerdo.

Administrador: Pues bien, es una situación difícil pero conversando la gente de bien se entiende. De hecho, los estaba esperando, aunque no estoy de acuerdo con que me expulsen del edificio, les doy la bienvenida y aquí tienen las llaves de las puertas.

Estudiantes: Le agradecemos su disposición a colaborar con la causa de terminar con el lucro, que por tanto tiempo lo ha beneficiado a Ud. Ilegítimamente. Pero vemos que es, como dice el Presidente, un chileno de “buen corazón”.

Administrador: Pues bien, así será. Los dejo a cargo de todo, cuídense de los carabineros. En el refrigerador hay fruta.

Pues, bien en el mundo imaginario del jurista Hinzpeter este relato es un caso de toma pacífica, y por tanto, debemos estar tranquilos. Este caso no será delito en su nueva ley.

El problema no es que estas ideas sean tan ridículas –como el diálogo que acabamos de imaginar-, ni siquiera que niegan el sentido mismo de la realidad, falseándola de modo grotesco: las tomas son siempre violentas, ya sea por fuerza física o por fuerza moral, sino que, de ser delito, como lo pretende el gobierno, harán sufrir a muchas personas por la desviada imaginación de estos personajes.

No es difícil imaginar, y dada la precaria situación del Ministerio Publico que desnudó el “caso bombas”, especialmente ante gobiernos con propensión a la presión –siempre habrá un fiscal Peña de turno-, que de ser ley, este delito de “tomas violentas” dará lugar a las mas inimaginables situaciones de acusaciones ligeras, artificiales o derechamente injustas, que acrecentarán aún más los mecanismos represivos de la protesta social.

En las escuelas de derecho, incluso en las más malas, se enseñan cosas tan simples como estas: que las sanciones penales –especialmente la cárcel- es la pena más grave de las que dispone la ley para sancionar conductas consideradas disvaliosas desde el punto de vista social.

Y en esas mismas escuelas, los estudiantes aprenden, incluso los más malos, cosas como estas: que el establecimiento de delitos que pudieren afectar derechos fundamentales de las personas, deben estar especialmente justificados en razones de estricta necesidad y de proporcionalidad.

De ahí que se suele decir, que el derecho penal es el último recurso –la última ratio-.

Por ello, los delitos deben referirse a conductas muy específicas, que dejen el menor margen posible a la indeterminación y que sean consideradas especialmente negativas por amplios sectores de la sociedad.

El punto es que el anuncio del Gobierno no cumple con ninguna de estas condiciones. Se pretende sancionar conductas abiertas – romper un candado o amenazar a un portero es violencia-, y que en buena parte de los casos son expresión de una forma legítima de ejercer el derecho de protesta, recogido en nuestro sistema de derechos fundamentales.

Y por si fuera poco, no existe ningún consenso social sobre la peligrosidad social de estas tomas.

Salvo para la Cámara de Comercio –redactores de facto del proyecto y casualmente los adalides del lucro que el movimiento estudiantil repudia-, la pregunta más importante es esta:

¿Quién puede sostener que las tomas son consideradas por la sociedad ampliamente negativas cuando el movimiento estudiantil que se ha expresado, precisamente, a través de ellas cuenta con un amplísimo respaldo social?

Sin las tomas violentas que se busca criminalizar, el movimiento estudiantil que hoy atormenta a Piñera sencillamente no existiría. ¿Qué parte de estas lecciones tan básicas de derecho se habrán perdido los asesores de Piñera al redactar este proyecto estrella, que parece más salido de la gruesa pluma de Labbé que de la de un jurista de la plaza?

Existen dos posibilidades para explicar este brutal proyecto:

Primero, que el Gobierno está acorralado y en medio de la ceguera que lo ha caracterizado, ha decidido entregarse a los sectores más duros de la derecha chilena. Ha quedado en las afiladas manos de la Udi.

Y si esto es así, Dios nos pille confesados: la derecha chilena es una de las expresiones más radicales de ese movimiento político en el mundo. Para ellos, la criminalización de las tomas es una extensión natural de su pensamiento político.

Pero siempre las cosas pueden ser peores. Quizás a esta altura, la derecha dura se ha dado cuenta que, salvo una epifanía cósmica, no volverá a gobernar por mucho tiempo. Y que, tal como lo hizo Pinochet en el último día de dictadura, debe dejar la mayor cantidad de normas de amarre que le hagan difícil a los chilenos intentar cambiar a futuro – a fuerza de tomas precisamente- su modelo.

En cualquier caso, la situación es igualmente compleja: se ha decidido utilizar al derecho y en su versión más radical –la cárcel- con fines puramente políticos de tutela de los intereses de una minoría, transformando de paso a los disidentes –como los estudiantes en protesta- en potenciales delincuentes.

En este sentido, este proyecto de ley, como se ha recordado en estos días, se emparenta en el alma con la versión más autoritaria de la sociedad chilena, la que ha tenido expresiones sublimes en nuestra historia. Como la ley maldita – con la que Gonzalez Videla eliminó a casi el 25 por ciento del padrón electoral y se cargó de paso a sus enemigos los comunistas-.

Ahora, algo de esa alma revive con esta nueva ley –o proyecto de ley-, con la que el Gobierno busca terminar con su peor enemigo: los jóvenes que no aceptan el milagro chileno.

Es la nueva ley maldita, la de Piñera.

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