Caso fragatas: la factura al comandante en jefe de la Armada

Las últimas semanas del comandante en jefe de la Armada Edmundo González han sido difíciles. El caso de la compra de las fragatas holandesas lo tiene golpeado y flotando con dificultad.

El último espolonazo lo recibió desde La Moneda este lunes, luego que el gobierno modificara la propuesta entregada para el alto mando 2012 y se viera obligado a pasar a retiro a dos altos oficiales, Federico Niemann, ex director general de los Servicios de la Armada, y Jorge Ibarra, ex director general de Personal, respecto de quienes había propuesto su continuidad.

La decisión de palacio va en paralelo a la investigación que lleva el Ministerio Público por lavado de dinero, cohecho, delito tributario y pago de coimas a un funcionario extranjero, en el marco de la compra de las fragatas holandesas ocurrida en 2004. En el caso, permanecen detenidas tres personas como receptores de comisiones ilegales. Se trata de Guillermo Ibieta, el ex infante de marina Juan Tapia y el ex miembro del alto mando y ex ejecutivo de Asmar, Patricio Basili.

“Fue un delicado, pero concreto gesto de molestia”, dijo un asesor de Defensa a este diario, opinión que es compartida en la casa de gobierno, porque la Armada, a mediados de año defendió la compra de las naves como un acto que se apegó complemente a la legalidad, en circunstancias que el fiscal Carlos Gajardo demostró que Ibieta y sus cómplices tenían una red de contactos muy bien montada dentro de la institución.

La familia

Fuentes de palacio consultadas por este diario indicaron que la sensación del Ejecutivo hacia González era como tener una relación obligatoria. Si bien la petición de renuncia nunca ha estado como una idea sobre la mesa, tampoco habrían rasgado vestiduras si hubiera decidido dejar el cargo.

“Es una suma de cosas: la mala actuación de la Armada para el terremoto, y ahora el caso de las fragatas, conforman un escenario poco afectuoso hacia su persona”, comentaron en el gobierno.

Uno de los hechos conocidos recientemente en el caso fragatas y que lo obligó a dar más de una explicación fue la relación familiar que González mantiene mantiene con uno de los socios de Ibieta, el general (R) del Ejército Víctor Lizárraga, quien está ad portas de enfrentar una condena por el homicidio del coronel Gerardo Huber. Sucede que la esposa de Lizárraga es la prima de González.

Una intercepción telefónica del Ministerio Público muestra a Ibieta conversando con John Pak Lee, un funcionario de la embajada de Korea en Chile a quien le pagaba 600 mil mensuales por su ayuda, donde le asegura que para la venta de equipos a la Dirección del Territorio Marítimo será el jefe quien los “iluminará”. Esa sección, en 2008, era dirigida precisamente por González.

No es la única fórmula familiar usada por Ibieta para penetrar en la Armada. El vendedor de armas usaba también la suya para conseguir sus propósitos. Y nada menos que a su sobrino, Ignacio Martínez.

Llegando tarde

En la Armada se defienden. Aseguran que desde que González ha estado al mando de la institución se han mejorado los mecanismos de control, la gestión institucional, entre otras materias. Que la relación familiar de González no pasa de reuniones una vez al año y que la institución ha ayudado con todo lo que ha pedido la fiscalía con el fin de aclarar los hechos.

Insisten en que la apertura de dos investigaciones al interior de la institución, una en la fiscalía naval y otra que lleva Inteligencia para ver cómo se filtró información secreta a Ibieta y sus cómplices, demuestra el buen actuar institucional.

Sin embargo, en palacio creen que estas últimas sólo fueron “medidas de opereta”, tardías y que al gobierno nunca se le informó de los verdaderos ribetes del caso fragatas.