Luego de 6 años de investigación, recursos del Estado, horas hombre de varias instituciones, peritajes, intercepciones telefónicas y miles de hojas tamaño carta impresas y escaneadas, el Ministerio Público Oriente, a través del fiscal Carlos Gajardo, accedió a que dos ex altos oficiales de la Marina -formalizados en el “caso fragatas” por lavado de dinero, cohecho, soborno a un funcionario extranjero y delito tributario- sólo vayan a juicio abreviado, con lo cual evitarán la cárcel.

Los beneficiados, de acuerdo a la información recabada por The Clinic Online, son el ex almirante y ex gerente de Asmar Patricio Basili y el ex capitán de navío Juan Tapia Villalón quienes, a todo reventar, podrían enfrentar una pena de 5 años, pero en libertad más un pago de cerca de 200 millones de pesos en favor de las arcas fiscales.

Contradictoriamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) accedió a la fórmula propuesta por el fiscal Gajardo, luego de que el Comité Penal del organismo lo revisara hace un par de semanas, dijo un consejero de la instancia interna. La decisión de la entidad encargada de defender los intereses del fisco se debió a la “prognosis” de pena que podían enfrentar los ex oficiales con las atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial en la investigación. Sin embargo, la determinación se aleja del criterio que ha tenido el CDE para estos casos de connotación pública e ilícitos relacionados con el cuerpo legal 19.913 sobre blanqueo de capitales -vinculados a la venta de armas- respecto del cual el Estado chileno asumió un compromiso con la OCDE de perseguirlos hasta las últimas consecuencias, como una forma de erradicar la corrupción pública y privada.

Listos pa’ la foto

La audiencia ya fue fijada para los próximos días y, según fuentes de la fiscalía, se eligió esta fórmula procesal debido a que los acusados reconocerán los delitos en la audiencia, serán condenados y Gajardo podrá obtener la primera sanción a nivel nacional -y mejorará sus metas como funcionario- por blanqueo de capitales y el cohecho como “delito base”, evitando llegar a un largo y engorroso juicio oral que duraría varios meses. Eso sí, siempre existe la chance de que el magistrado a cargo, tenga una interpretación distinta.

Hay que recordar que esta investigación se relaciona con el pago de comisiones ilegales a Tapia y Basili, pero cuyo cerebro fue el ya fallecido periodista y empresario Guillermo Ibieta, quien tenía el monopolio de la venta de insumos bélicos con la Armada y otras relaciones con el Ejército a través del general (r) Víctor Lizárraga. Este último fue condenado en 2012 como autor del homicidio del coronel Gerardo Huber -ocurrido a principios de 1992, tras la venta de armas a Croacia- pero cumple la pena de cinco años en libertad.

Básicamente, la fiscalía descubrió que Tapia, Basili e Ibieta, obteniendo información interna, en algunos casos secreta y de seguridad nacional, lograban convertirse en los mediadores para la venta de estos pertrechos. Una de las operaciones comerciales más importantes fue la compra de las fragatas por parte de la Marina chilena a Holanda por la suma de US$ 350 millones en 2004. Por esta venta Ibieta recibió US$ 400 mil de comisión.

Gran parte de la información con la que cuenta la fiscalía sobre los negocios de Ibieta y compañía y sus vínculos con los marinos, tales como la compra de municiones, torpedos y hardware electrónico para el funcionamiento óptimo de las turbinas de la fragatas -que no venían del todo operativas y hubo que “meterle mano”- fue obtenida a partir de grabaciones telefónicas a los imputados a partir de una arista del caso Riggs, vinculado a las lucas truchas de Pinochet. Principalmente por la adquisición de los tanques Leopard.

De allí se pudo establecer que Ibieta, Basili y Tapia Villalón tejieron una gran red de informantes dentro de la Marina, que les avisaban sobre los proyectos, los precios y las necesidades, incluso adelantándole el presupuesto y requerimientos. Otra parte de los datos aparecieron en las cuentas corrientes de Ibieta que operaba en los paraísos fiscales, cuyas sociedades off shore fueron creadas por el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) a través de sus oficinas en Estados Unidos. Otra información apareció en su disco duro incautado por la fiscalía que este diario publicó entre 2011 y 2012.

En el aparato de almacenamiento digital constaban mensajes de correo con altos oficiales de la Marina, como también funcionarios de otras ramas de las Fuerzas Armadas, ya que Ibieta también representaba a otras firmas productoras de armas, como también de elementos disuasivos para Carabineros, destinados al mantenimiento del orden público.

Arista porteña

En el disco duro de Ibieta aparecieron una serie de nombres que hoy son investigados en una arista por filtración de información y documentos que afectan la seguridad nacional a cargo del ministro en visita civil de la Corte Marcial de Valparaíso, Patricio Martínez.

En este caso están sometidos a proceso en calidad de autores a los capitanes de navío Servando Jordán, Luis Niemann, Luis Opazo; los capitanes fragata Marcelo Hozven, Julio Covarrubias y Pedro Spencer y el ex contraalmirante Carlos Fanta y el vicealmirante Juan Eduardo Illanes.

La arista se inició con una denuncia del ex comandante en jefe de la Armada, Edmundo González, sólo una vez que Ibieta, Basili y Tapia fueron formalizados ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por parte de fiscal Gajardo, aún cuando conocía desde hace muchos meses antes la información.

De hecho en 2012 The Clinic Online publicó el documento secreto -copia 1 de 1- enviado en 2011 por González al entonces ministro de Defensa Andrés Allamand, donde explicaba la actuación de la Armada con Ibieta.

En el oficio quedó claro que González, aún sabiendo que Ibieta era investigado por lavado de dinero y cohecho por el fiscal Gajardo, de todas formas se le permitió pasear “como Pedro por su casa” en las unidades institucionales y seguir operando comercialmente.

La filtración de este documento derivó en que González presentara una denuncia en la Fiscalía Centro Norte en 2012 para que buscara a la fuente que entregó la información. Sin embargo, el Ministerio Público decidió archivar la causa, ya que no estableció que la publicación fuera un acto delictivo.

El ex almirante González, no contento con la decisión y antes de retirarse a mediados de año, logró que el presidente del CDE, Sergio Urrejola, a través del comité penal, ingresara una querella criminal por el delito de revelación de secreto que de seguro seguirá el mismo camino que la presentada por el alto oficial, hoy devenido en twittero desde que se dejó la testera de la institución.

Lea el documento secreto de la armada

Final

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