San Miguel: El callado olvido

Foto: Agencia Uno

Hace un año ya que, en el sopor de las primeras horas del feriado, fuimos testigos espantados, horrorizados, de las llamas incontrolables y despiadadas que arrancaban la vida de 81 personas en la cárcel de San Miguel.

Cobertura mediática, insistente y corrosiva, de toda la macabra jornada, que fue seguida por algunos días de reflexión intensa sobre la realidad carcelaria, el horror del hacinamiento en el que viven los miles de presos que llenan nuestras prisiones, y la injusticia y el dolor de ver morir de la manera más cruel posible a personas que sólo habían perdido la libertad. La reflexión piadosa alcanzaba incluso para compadecerse de aquellos que estaban presos por delitos de bagatela y que nunca debieron estar tras esas rejas que se transformaron en su tumba.

Bastaron unos días para que la solidaridad en el dolor y la indulgencia empática develara el más profundo y real rostro duro e inmisericorde, que no cree sino en el castigo más feroz ni está dispuesto a la gracia de la segunda oportunidad.

En un evidente discurso y proceder esquizofrénico, la autoridad juega al policía y al ladrón, con garrote y zanahoria, predicando preocupación por la deplorable situación carcelaria, en un discurso fantasioso carente de recursos suficientes, mientras con la otra mano apoya y firma proyectos de ley y medidas que sólo buscan el endurecimiento de las penas, que sólo pretenden llenar aún más las cárceles y que borra en el acto su débil perorata rehabilitadora.

Los olvidamos porque nunca nos importaron. Los olvidamos porque callan su miseria tras los muros ¿Quién no se compadecería si escuchara en vivo los gritos desgarradores de un grupo de hombres prisioneros de las llamas, sin escape de una muerte calcinados? Habría sido demasiado que una sociedad que había invertido días y días en la esperanza del rescate minero, no se remeciera con esta tragedia. Pero ¿quién se condolió de ellos más de unos pocos días? ¿Cuánto duró este frágil y superficial dolor?

Los sobrevivientes, luego del espanto vivido, ni siquiera fueron tratados como víctimas por los encargados de la investigación que deben velar por la protección de aquellos, sino hasta que hubo cambio de autoridades en la institución. Recibieron atención psicológica recién 9 meses después de la tragedia, tal vez porque no eran suficientemente merecedores de esa preocupación. El ex fiscal Peña en su parafernalia solo se preocupó de las luces de una diligencia estentórea, más no de las almas en pena cuyos crudos testimonios serían su fuerte en la investigación de la causa.

El incendio sólo mostró lo que ya clamaba por atención. Las muertes sólo pusieron el acento en los atentados a los derechos humanos que aún se mantienen en nuestro país, violaciones de garantías fundamentales que debieran avergonzarnos y funcionar como motor rabioso de superación. No es así. Las políticas públicas que debieran desarrollarse para encontrar en estas atroces muertes algún sentido, no sólo no existen sino que dialogan en intenciones con la locura y doble discurso de la persecución que pide cárcel para todos. Un discurso enrarecido que por un lado pretende compadecerse de la inhumanidad de la cárcel excesiva y por otro borra estas intenciones, vociferando el infierno del encierro para todo aquel que ose faltar a las normas.

Consecuente con ello, no hay recursos en el presupuesto sino para más cárceles que llenar. No hay voluntad de cambio real, que con una vuelta de tuerca urgente y penetrante, reoriente la mirada a la resocialización, invirtiendo capital suficiente en ello.

Y es tal la distancia con estos seres humanos, tal la incomprensión de la necesidad de generar alternativas, que todos piden más cárceles, y hay presupuesto para ello, pero, oh absurdo, nadie quiere tenerlas en la vecindad, ni siquiera en la más alejada. Lugares como Til Til donde se pretende construir una cárcel, son sindicados como comunas depreciadas y llamadas el patio trasero solo por ello.

En gran parte porque la perspectiva de la cárcel no es la rehabilitación sino ser el basurero social, el lugar que recibe nuestros desperdicios durante un tiempo, y que sin reciclar los devuelve cuando ha expirado la fecha de mantención.

Pareciera que no hemos aprendido nada. Que no nos interesa aprender. Hicimos de llorones porque era políticamente correcto, hasta que recordamos que ellos son los otros, los que deben estar encerrados lejos de nuestra vista. Hasta un nuevo incendio que nos recuerde que seguimos en deuda.