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Opinión

23 de Diciembre de 2011

El circo

En el gobierno han criticado durante meses a los estudiantes por su supuesta intransigencia, ácidamente por su tozudez, y hoy no hacen sino mostrar esas actitudes en una disputa innecesaria y que sólo pretende desviar la atención del punto neurálgico que es el aumento de la delincuencia y deslindar responsabilidades en quienes no las tienen […]

Paula Vial
Paula Vial
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En el gobierno han criticado durante meses a los estudiantes por su supuesta intransigencia, ácidamente por su tozudez, y hoy no hacen sino mostrar esas actitudes en una disputa innecesaria y que sólo pretende desviar la atención del punto neurálgico que es el aumento de la delincuencia y deslindar responsabilidades en quienes no las tienen en ese ámbito.

En una de las disputas, Ministerio del Interior y Fiscalía de Chile, o más bien Ministro del Interior y Fiscal Nacional, hemos sido perplejos espectadores de un enfrentamiento en el que ambos están equivocados en su opción y camino. Pero en un caso es más grave y acentuado que en el otro.

El Ministerio Público no es una institución que esté al margen de las críticas, que sea inmune a ellas (aunque bastante sorda sí) pero estas deben dirigirse al ámbito que le es propio: la persecución e investigación de los delitos ya cometidos. Es correcto exigirle rigor en sus procedimientos, coordinación con los organismos colaboradores, especialmente policías y carabineros, excelencia en sus funciones; es posible develar sus falencias reclamando mejoras; resulta lógico esperar de ellos transparencia y rendición pública de cuentas de su gestión; pero no es admisible darle instrucciones y corregir su política de persecución a través de los medios.

Sin embargo, es cierto también que hoy defiende una autonomía que él mismo no respetó en su minuto. Está tratando de volver atrás en los errores por los que el Ejecutivo sigue creyendo que puede darle órdenes e instrucciones o permitirse amenazarlo con su remoción si pretende seguir por otra senda. Chahuán creó la ilusión en Hinzpeter de que podía mandarlo gracias al affaire Peña. Nada es gratis.

El Ministro del Interior, y quienes lo apoyan en su campaña personal y caprichosa, socava y perturba el equilibrio de las instituciones base de nuestro Estado de Derecho.

Y amenaza, con sus escuderos atentos, Ministros y parlamentarios, con una salida forzada de la máxima autoridad de una de las instituciones más fundamentales de nuestra justicia y democracia, por no asistir personalmente a una reunión casi protocolar de una comisión legal pero escasamente operativa (el Ministerio no ha puesto esmero en que sea una instancia de debate, de propuestas, de coordinación efectiva, pues no hace nada) y que se reúne sólo semestralmente. No se atrevió a llegar a tanto con el Presidente de la Corte Suprema, menos mal.

Falló entonces en su propósito de darle al encuentro un carácter de concilio reconciliatorio y abochornado por su fracaso, ante las luces, mediatiza una reacción personal. Le dolió porque desnuda su falta de autoridad. Y quiere venganza y reparación pública.

Una burla para el cuidado que hay que tener con las instituciones.
¿Cómo es posible que veamos a un poder pelear con otro (Ejecutivo en picada contra el Poder Judicial) y con instituciones fundamentales (Ejecutivo contra el Ministerio Público)?

No sólo no prestigia a nuestra democracia sino que la debilita y lesiona gravemente y sin exagerar, la pone en peligro.

La pretensión de que el MP funcione como un servicio más, dependiente del gobierno y atento a la implementación de sus políticas es insólita e inaceptable. Que equivocadamente no estén dispuestos a dar autonomía a otras instituciones que la necesitan profundamente, es una cosa. Pero que pretendan quitársela a una que la tiene por la propia Constitución, es otra muy grave. E imposible.

El gobierno no aumentará su credibilidad tratando de destruir la de otros. Una vergonzosa guerra personal que ya ha durado demasiado. Un gallito de fuerzas que no tiene destino ni sentido. El Ejecutivo debe entender y respetar que el MP es autónomo en sus decisiones y que no puede dictarle la política persecutoria penal que debe seguir. El Ejecutivo debe entender y respetar que el Poder Judicial es independiente y que no puede intervenir en él.
La exigencia pública de estándares de calidad es valiosa, funciona como un eficiente control cruzado de logros y tareas. La descalificación personal que alcanza lo institucional es deplorable. Y ya ha sido suficiente. No puede seguir este circo.

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