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Nacional

4 de Enero de 2012

Paco que torturó a indigente de La Legua recurre al Tribunal Constitucional

Reinaldo Soto Saavedra se encuentra en prisión preventiva y alega que el tribunal de alzada castrense violó sus derechos, que no es un peligro para la sociedad y que su familia lo necesita. Su abogado Claudio Cofré revela detalles inéditos en el requerimiento ante la entidad, de cómo su patrocinado perdió el celular que contenía un video revelado por Canal 13, donde además aparecía “volándose” una sustancia química.

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El ex teniente de Carabineros Reinaldo Soto Saavedra, quiera fuera dado de baja por las torturas propinadas a un indigente y consumidor de pasta base de La Legua a fines de 2010, recurrió al Tribunal Constitucional (TC), porque a su juicio la Corte Marcial está violando sus derechos al mantenerlo en prisión preventiva, luego que fuera procesado por la fiscalía castrense a mediados del mes pasado.

Soto Saavedra, patrocinado por el abogado Claudio Cofre Soto, ingresó el requerimiento -que publica The Clinic Online- el pasado 29 de diciembre con el fin de que el TC revoque la decisión del tribunal de alzada militar.

La historia de Soto Saavedra se conoció en diciembre de 2010, luego que Canal 13 revelara un video que un particular encontró en un celular. En él aparecía el ex uniformado junto a algunos subalternos apuntando con un arma a Juan Berríos Urra, un indigente y adicto a la pasta base, pidiéndole que bailara, que si no lo hacía le pegarían con un palo, que lo matarían entre otros apremios sicológicos. De hecho, se ve un arma de fuego apuntándolo.

Tal fue el impacto de la grabación, que el entonces director de la institución, Eduardo Gordon cursó de inmediato la baja del oficial y otros cinco uniformados, pasando los antecedentes a la Fiscalía Militar, que hace algunas semanas encausó a Soto Saavedra y lo dejó en prisión preventiva.

Junto al ex oficial también fueron encausados por “aplicación de tormentos y apremios ilegítimos mentales a una persona privada de libertad”, René Cárdenas Gacitúa, José Quilodrán Sanhueza, Juan Carlos Sepúlveda, José Sepúlveda López y Javier Luna Lavín.

Pero no fue lo único que aparecía en las imágenes mostradas por la estación del angelito. También Soto Saavedra aparecía quemando un agente químico con el que se “volaba” junto a sus colegas.

Pues bien, la justicia castrense estimó que la conducta de este ex oficial de la comisaría de San Joaquín, premiado y estimado por las personas de sector, llegó a su fin y fue procesado por el ilícito antes mencionado, causa donde también es parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

La mina de Telepizza

El requerimiento al TC cuenta detalles inéditos de cómo Soto Saavedra perdió el celular. La historia comienza en noviembre de 2010, cuando este ex oficial estaba en una despedida de soltero. Le vino el bajón de hambre y concurrió, señala el documento, a un Telepizza donde una mujer le robó el celular del bolsillo trasero del pantalón, el cual no pudo recuperar porque tres hombres que se hallaban en el lugar se lo impidieron.

Pasaron algunos días, un sujeto lo contactó y le dijo que tenía en su poder el aparato que había adquirido en el persa Bio Bio por 100 mil pesos y que conocía el contenido.

Asustado, Soto Saavedra optó por pagar los 100 mil pesos de este chantaje a José Palma Palma a través de una transferencia bancaria, esperando que le devolvieran el cuerpo del delito. Sin embargo, ello no ocurrió y llegó a manos del periodista Jorge Hans de Canal 13, quien dio a conocer la noticia, generando el escándalo.

Argumentos mula

El abogado Cofré sostiene que la prueba, es decir, los videos del celular, es ilícita. Explica que al haber sido robado el celular, pierde toda legitimidad en un juicio. Cofré estima que ello sería anulado en un juicio oral en el nuevo sistema de persecución penal de los delitos.

Sin embargo, las fiscalías militares, aún operan bajo el antiguo sistema -inquisitorio- donde el fiscal es juez y parte, convirtiéndose el video es una prueba irrefutable para construir la convicción y los elementos objetivos que permiten dictar un auto de procesamiento.

Cofré, quien mantiene la página web www.policiasenproblemas.cl, ha participado también en las denuncias por intercepciones ilegales de la policía uniformada, las que son investigadas actualmente por el Ministerio Público.

El TC aún debe definir si acoge a tramitación el requerimiento.

La nota que develó el escándalo

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