Asegurando que “había una legislación determinada que regía y esa es la que se aplicaba”, pero diciendo que “no tuve procesos con delitos cometidos antes del año 73 en el consejo de Osorno”, el nuevo presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, salió otra vez a defender su trabajo en los Consejos de Guerra durante la dictadura.

En declaraciones a El Diario de Cooperativa, Ballesteros sostuvo que “para los hombres de derecho desde luego que procedimientos de ese tipo, de tiempos de guerra, en realidad repugnan, eso es así. En los procedimientos de mi Consejo de Guerra nosotros teníamos vigente la legislación del Código Penal, el Código de Justicia militar y la legislación civil nuestra”.

En ese sentido, señaló que “calificar de ‘debido proceso’ los juicios penales de los Consejos de Guerra va a depender del criterio de los tiempos”, pero aclaró que no justificaría lo que hicieron durante “el pronunciamiento militar”. “No voy a justificar qué hizo el gobierno de facto de la época: se produjo el pronunciamiento militar, e hicieron funcionar los tribunales de tiempos de guerra y ese es un tema diferente, ahí no tuve ninguna participación”, dijo el presidente de la Suprema.

Ballesteros también tuvo palabras sobre la polémica del Ministerio Público con el Gobierno, diciendo que “ningún poder del Estado puede estar en contra ni en desavenencia ni en conflicto con otro poder del Estado”. “La nación toda requiere que cada poder del Estado cumpla sus funciones clara y decididamente y que en conjunto se funcione bien para los efectos del mejor beneficio de todo el pueblo de Chile”, dijo.

Sobre el caso de la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, Ballesteros además señaló que el juez Alejandro Madrid estaba muy complicado, tenía muchas causas y “se ha hecho una nueva redistribución y ahora está en condiciones de seguir normalmente con su trabajo”. Sobre ese tema, dijo no saber cuando podría terminar la investigación, pero aseguró que hay varios magistrados de Corte de Apelaciones trabajando exclusivamente en causas de derechos humanos, porque el deseo de la Suprema es que en dos años estas causas ya estén cerradas.