Diversos coletazos trajo la publicación de Ciper Chile el viernes por la noche, un reportaje con las confesiones inéditas de los oficiales de Carabineros que participaron con ayuda de la CMPC en la masacre de la madrugada del 18 de septiembre de 1973, cuando 19 detenidos fueron asesinados a manos de oficiales de Carabineros en el Fundo San José en la comuna de Laja (Región del Bío-Bío), enterrando los cuerpos en una fosa.

La publicación, que dio cuenta del quiebre del pacto de silencio entre los participantes después de 38 años, también dejó en evidencia que de los 17 oficiales involucrados, 14 aún están vivos y a pesar de que algunos fueron procesados por homicidio, pagaron fianzas de hasta 300 mil pesos y hoy están en libertad.

Según contó a Radio Biobío Gloria Urra, presidenta de la agrupación de DD.DD. de Laja y hermano de Raúl Urra, uno de los asesinados, los oficiales involucrados se reían en el momento en la reconstitución de escena durante el año pasado, sin darle importancia al delito que cometieron.

“Yo no entiendo la justicia chilena. No puede ser que por matar tanta gente hayan recibido un castigo tan poco como pagar 300 mil pesos”, dijo Urra.

El abogado experto en derechos humanos, Roberto Celedón, dijo que los oficiales que participaron en la masacre pueden volver a ser formalizados si los familiares de las víctimas o agrupaciones de derechos humanos presentan una querella.

Según Celedón, estos crímenes se rigen según el derecho internacional pues son delitos de derechos humanos y los oficiales podrían recibir penas de hasta 15 años.