El 25 de junio pasado, cuando recién comenzaban a conocerse las primeras informaciones sobre la investigación que lleva el Ministerio Público por el lavado de dinero detrás de la compra de las fragatas holandesas para la Armada, el comandante en jefe de la Marina, Edmundo González, rubricó dos informes “secretos” dirigidos al ministro de Defensa, Andrés Allamand.

En los documentos, que publica íntegramente The Clinic Online, González detalla todos y cada uno de los pasos que siguió el Estado de Chile para comprar las naves a la firma Royal Schelde y asegura que al menos de las arcas fiscales no salió un solo peso para pagarle al comisionista de armas, Guillermo Ibieta. Este último, está formalizado por lavado de dinero por recibir pagos de la empresa fabricante de las fragatas, junto al ex contraalmirante Patricio Basili y el ex capitán de navío Juan Tapia Villalón.

Lo particular del informe es que reconoce que Ibieta mantenía relaciones con la Armada desde 2003 y que en las tratativas para comprar los buques de guerra, “participó el sr. Ibieta -en calidad de representante de Royal Schelde- en diversas reuniones llevadas a cabo para tal propósito”.

“Sobre el particular no existe registro formal de la representación, aunque consta la autorización de la nombrada empresas extranjera para la aludida participación…”, sigue el informe.

Pese a estos antecedentes y varias publicaciones hechas por este medio que revelaron el contenido del disco duro de Ibieta, sólo el 1 de agosto, es decir más de un mes después, González ordenó una investigación interna e ingresó una denuncia a la Fiscalía Naval, en circunstancias que la ley le obliga, en su calidad de funcionario público, a presentar los antecedentes a la justicia 24 horas después de conocer cualquier hecho que pudiera revestir caracteres de delito. Y también, sólo 5 meses más tarde, y cuando ya estaban formalizados por blanqueo de capitales Ibieta, Tapia y Basili, se le otorgó dedicación exclusiva al fiscal Cristián Pfeiffer.

¿Qué es Google?

En el informe la Armada asegura desconocer la relación de Ibieta y la empresa Eurotechnology, por donde Ibieta blanqueó las comisiones de las fragatas gracias a la ayuda de una ejecutiva del BCI, aunque una sencilla búsqueda en Google habría bastado para encontrar varias publicaciones, entre ellas una del diario La Nación de 2005 y otras vinculadas a la compra de los tanques Leopard para el Ejército. E incluso, otra del diario La Tercera, fechada el 8 de junio, donde se revela que a Tapia Villalón, le fue transferido el dinero a través de Eurotechnology.

La Armada reconoce que, en el proyecto para modernizar las fragatas, que se harían en astilleros holandeses, Ibieta también era el representante, “ignorándose hasta la fecha los términos de esa relación y los pagos vinculados a ello”. A mediados de junio, en todo caso, información de prensa ya daba cuenta de esas platas. Incluso, la propia Armada había removido de su puesto como alto ejecutivo de Asmar, precisamente a Basili.

Ibieta representaba a trece empresas con las cuales la Marina mantenía relaciones comerciales. A tres de ella, señala el documento, se le compró material por 6 millones 400 mil euros.

Y otra joya: los pagos por la compra de material para las fragatas se hicieron a través de la misión naval en Londres, “íntegramente y en forma directa a las empresas mencionadas, esto es sin participación de intermediarios en ello”.

Al respecto, en el disco duro de Ibieta, queda claro que tenía un “agente” en “Chilondon”, el ex contraalmirante Jorge Chandía. En un correo revelado por la versión impresa de The Clinic, Ibieta le escribe a Basili: “Favor darme los teléfonos y posición actual de Jorge Chandía. Importante que mi amigo se vaya a CHILONDON. Como Comodoro? o asciende allá?”.

Y en otro, escrito en inglés, esta vez a un ejecutivo holandés de la misma empresa de las fragatas, le dice que visite a Chandía en la misión naval de Londres para cerrar un contrato de repuestos porque hay otras empresas al acecho.

Omnipresente

Ibieta también estuvo presente en otra de las compras, esta vez municiones a la empresa Simmel Difesa, cuando viajaron los oficiales Carlos Matus y Cristián Magaña, nada menos que en abril de 2011. Luego, el 30 de mayo de 2011 “el señor Ibieta visitó la Dirección de Ingeniería de Sistemas Navales, entrevistándose con el encargado del proyecto Perdigón III, señor Alex Franchi, del departamento de Amunicionamiento”. Dos días antes, el diario La Tercera, ya daba cuenta de la investigación por lavado de dinero que llevaba la Fiscalía Oriente por lavado de dinero precisamente en contra de Ibieta. Y en 2009, ya había declarado como imputado en la investigación por lavado de dinero que lleva el Ministerio Público, a cargo del fiscal Carlos Gajardo. Como se ve, la Marina aplicó el principio de la “presunción de inocencia”.

Suma y sigue, Franchi aparece en el disco duro de Ibieta como uno de los contactos que ayudó a que la compra se hiciera a Simmel Difesa. En sus mails señala que “promoverá” la venta. La Armada, por cierto, le compró a Simmel Difesa.

Compra directa

Otro acápite es la relación de Ibieta con Asmar, donde trabajó Basili, pero también Tapia, hasta abril de 2001 “como subgerente comercial de construcción naval en Chile”. Es decir, alcanzó a trabajar al menos un año con Basili, quien asumió en Asmar el 6 de noviembre de 2000. En un correo del disco duro de Ibieta se revela la primera reunión que sostiene Ibieta, Basili -y por extensión Tapia debió estar enterado porque los tres ya mantenían relaciones comerciales- de la primera reunión con ejecutivos holandeses para la compra de las fragatas. El encuentro se realizó el 30 de noviembre de 2002 en el restorán Stella Maris ubicado en la Cochoa, camino a Con-Con, en la V Región, tal como lo reveló este diario el 28 de junio pasado.

En el informe la Armada se defiende, señalando que la compra de las naves “no corresponde a un proceso de licitación, sino a una compra directa”, realizada de “gobierno a gobierno”.

“Sin perjuicio de la causal referida, la decisión de compra se fundó en antecedentes técnicos y económicos contenidos de la evaluación comparativa…”, sigue.

Un detalle que llama la atención es que el 13 de enero de 2004 la “carta de acuerdo” con Holanda, fue firmada por los almirantes Van der Struis y Juan Eduardo Illanes. El primero estuvo en la cena antes mencionada, mientras que el último aparece en un informe de la PDI con las escuchas telefónicas entre Ibieta e Illanes. Quince días antes de que González enviara el informe, estas relaciones eran de público conocimiento.

El informe da cuenta también de las personas que participaron en las negociaciones y decisiones y entregaron opiniones técnicas a favor de las fragatas holandesas, en las que se fundó la compra. Ahí nuevamente está Illanes; el contraalmirante Cristián Gantes que también fue “pinchado” por orden del fiscal; otro es el entonces capitán de navío César López. Este último, en otro correo de Ibieta, sirve de nexo para llegar al contraalmirante Cristián de la Maza, en torno a compras de repuestos para las fragatas. En el informe queda claro que se adquirieron tarjetas electrónicas para las turbinas de las naves, que venían desde da con problemas.

Celeridad

En un segundo informe secreto enviado por el almirante González el 26 de julio pasado, nuevamente se hace mención a la compra de municiones, proyectos denominados perdigón 1; 2 y 3. El primero de 2006 a cargo del entonces contraalmirante Carlos Fanta; en 2008 el contraalmirante Enrique Mackenzie. Ambos aparecen mencionados en el disco duro de Ibieta. El tercero, de 2010, estuvo a cargo del contraalmirante Juan Eduardo Ossa. En los mails queda claro el vínculo de Basili con Fanta y Ossa. “Mi estimado Juan Eduardo, con qué alegría me informo que vuelves a la Dirección de sus mejores años y ahora para comandarla…”, le escribió Ibieta a Ossa.

En tanto, el reciente nombramiento del fiscal Pfeiffer con dedicación exclusiva, aseguran en la Armada, es para darle celeridad a la investigación y determinar los responsables en dos aristas: una por filtración de información de seguridad nacional y otra por un posible fraude al fisco. Hay que recordar que respecto de este último delito, el Consejo de Defensa del Estado solicitó copia de los antecedentes con el fin de estudiar una posible querella criminal, toda vez que el mismo organismo es parte de la investigación que lleva por blanqueo de capitales el Ministerio Público.

Final

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