Poder

17 de Febrero de 2012

El “título profesional” chanta que ofrece la Escuela de Carabineros

Desde el año pasado que la situación está en conocimiento del actual director de los pacos, Gustavo González Jure, y aún así la web de la academia policial sigue ofreciendo el cartón que sólo sirve para colgarlo en la pared. El renunciado Eduardo Gordon también lo supo y no hizo nada. El tema afecta a cientos de ex oficiales, como también a todos los oficiales activos. La institución confirmó el cagazo y aseguran que están buscando una solución a los cuatro rechazos del organismo fiscalizador, que publica The Clinic Online.

Por Jorge Molina Sanhueza

Hace al menos cuatro años que la Escuela de Carabineros hace publicidad engañosa a los aspirantes a oficiales, a quienes les promete que obtendrán el título “profesional” de “administrador de seguridad pública”, que desde 2007 fue vetado por la Contraloría y, de acuerdo a los dictámenes que publica The Clinic Online, la decisión se reiteró en tres ocasiones durante el 2011.

Hasta ayer, de hecho, la institución seguía manteniendo este ofrecimiento en su página web como una forma de atraer a futuros oficiales, a sabiendas de que el organismo fiscalizador se lo impedía expresamente.

Los problemas para Carabineros comenzaron en 2007 cuando una ex funcionaria postuló a un trabajo en el Poder Judicial donde fue rechazada debido a que el mentado título era ilegal. La mujer solicitó entonces un pronunciamiento a la entidad revisora de los actos del Estado, que a través del dictamen 133 del mismo año determinó que “resulta forzoso concluir” que el documento era inválido. Y además, que no la habilitaba para recibir una asignación profesional en ninguna institución del Estado.

Según esto, todos los oficiales, tanto los activos como en retiro, tienen colgado en la pared un título profesional que para los efectos reales no sirve para nada y sólo poseen el de “oficial de orden y seguridad”, que no cumple con los 8 semestres mínimos que requieren las entidades gubernamentales para pagar la asignación.

Cambio inútil

Al conocer el dictamen, la policía uniformada no sólo mantuvo irregularmente el ofrecimiento, sino que desde 2007 trató de buscar una solución al problema. Por esta razón, se dio a la tarea de generar las condiciones para que el diploma fuera reconocido por la Contraloría. Realizó entonces una modificación al reglamento de ascensos, el cual fue aprobado por el Ministerio de Defensa en 2010. Con ese cambio, recurrieron el año pasado a la entidad revisora con el fin de que reconsiderara el pronunciamiento.

Luego de analizar la presentación la Contraloría les volvió a cerrar la puerta en la cara, indicando que el cartón de “administrador de seguridad pública” sólo alcanzaba la categoría de diploma y no lo habilitaba como título profesional, según el dictamen 61.780.

Vida civil

La estrategia de Carabineros para otorgar el título profesional buscaba que los oficiales que se retiraban de la institución pudieran tener una herramienta para el mercado laboral en la vida civil. Se inició bajo la administración del entonces general Alberto Cienfuegos -haciendo una cuantiosa inversión en la metodología educacional- y cuando el director de la escuela era el renunciado Eduardo Gordon, quien abandonó la institución en 2011, luego que se descubriera que se adulteró un parte policial para evitar que su hijo fuera preso por un accidente.

El chanchullo fue descubierto por el asesor jurídico Osvaldo Gómez, quien prepara una serie de demandas contra el Estado -a través de su colega Jaime Madariaga- que varios ex oficiales quieren presentar, porque se les mintió descaradamente, aún a sabiendas de que la Contraloría había declarado que el supuesto título profesional no era más que un papel.

Gómez relató a este diario que él mismo fue un alumno de la Escuela de Carabineros. Finalizó su período de tres años de instrucción y obtuvo el título de “oficial seguridad pública” y luego en el cuarto, le correspondía hacer labor operativa y estudios para tener en sus manos, previa defensa de tesis, el de “administrador en seguridad pública”.

Al retirarse, las instituciones del Estado comenzaron a cerrarle las puertas cuando pedía trabajo. Entonces estudió derecho. Así, a fines de 2011 le envió una solicitud de audiencia exponiéndole la situación al renunciado general Gordon.

“Esa petición la hice en 2010. El general Gordon ni siquiera me la contestó. Recién después de un año, recibí una, pero firmada por el general director Gustavo González Jure”, indicó Gómez.

El profesional también se reunió con el jefe nacional de educación de Carabineros, el general Claudio Veloso Martínez junto a su asesor jurídico, el capitán (J) Carlos Aguilar Quezada.

En el encuentro, según Gómez, Veloso reconoció que tenían la zorra con el tema y que habían hecho lo humanamente posible para arreglarlo, pero que la respuesta de la Contraloría fue un verdadero balde de agua fría para sus pretensiones.

“El tema aquí es el siguiente. Las demandas contra el Estado apuntan al perjuicio que tienen los oficiales que se han retirado y ven que su título profesional no sirve para nada. Además aún cuando sabían que era ilegal entregarlo, lo siguieron dando. Nos dieron un grado académico que nunca existió”, explicó el profesional.

Carabineros confirmó la información que publica este diario, argumentando que están tratando de hallarle solución. Con lo anterior, finalmente, queda claro que desde 2007 a la fecha no sólo Gordon, sino también González Jure permitieron la publicidad engañosa que entrega la Escuela de Carabineros a los aspirantes a oficiales, pese a estar en conocimiento del dictamen de Contraloría.

Este diario intentó obtener una versión de parte del Ministerio del Educación, pero hasta el cierre de esta edición no entregó respuesta.

Lea el dictamen 133 de 2007