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Opinión

2 de Marzo de 2012

Menú aysenino

¡Qué poco aprende este gobierno! O que poco se interesa por aprender. A Hidroaysén, los movimientos estudiantiles (que sólo han estado de recreo, en un descanso merecido y bien ganado, pero que ya vuelven a clases y a sus demandas), le sucede ahora un Aysén combativo que no se conforma con una respuesta sorda y […]

Paula Vial
Paula Vial
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¡Qué poco aprende este gobierno! O que poco se interesa por aprender. A Hidroaysén, los movimientos estudiantiles (que sólo han estado de recreo, en un descanso merecido y bien ganado, pero que ya vuelven a clases y a sus demandas), le sucede ahora un Aysén combativo que no se conforma con una respuesta sorda y distante que no escucha ni dialoga. Y el silencio y la desidia de La Moneda es la misma.

Se rebela el sur al abandono soberbio de la capital, que apoltronada en su centralismo define futuros y destinos sin atender a la realidad de quienes generan riquezas pero no reciben retribución.

La demora del gobierno en entregar respuesta parece ser una estrategia, vieja, ya vista y mal recibida por la ciudadanía. Una oferta que despliegan adornándola de otros atributos también habituales: desprestigio, represión violenta, criminalización de movimientos y líderes; aderezos que sazonan su menú vacío.

El afán del ejecutivo por desprestigiar a los movimientos ciudadanos ensuciando sus legítimas demandas, encapsulándolos, minimizando su poder de convocatoria y la fuerza de su voz –“hay que escuchar a las minorías silenciosas”, dicen, sin considerar que el exiguo número de vociferantes aiseninos representa a un alto porcentaje de una región escasamente poblada-, es su apuesta más recurrente. Aunque fallida.

Si hasta ministros de Estado se han atrevido con historias que estarían buenas para un reality o farándula pura y dura, como afirmar sin pruebas que detrás de ellos están causas o movimientos establecidos como Patagonia sin Represas o aseverar que ya tienen muertos a su haber por los bloqueos de caminos refiriéndose a un enfermo terminal que apoyaba el movimiento y de quien su familia sólo esperaba la constatación de muerte.

La violencia es también su lenguaje habitual. En lugar de enviar soluciones, mandan carros lanzagua, bombas lacrimógenas y más contingente policial y de Fuerzas Especiales, con carta blanca en el ejercicio de la fuerza.

Condicionan su disposición al diálogo, primer paso ineludible al que majaderamente se resisten, a la reducción de la violencia de los manifestantes, que es aquella que el propio gobierno ha generado con su silencio belicoso y su provocación policial agresiva.

Qué irresponsables en su esfuerzo por criminalizar al pueblo exigente y demandante, que entrega petitorios concretos, y generalmente razonables, que son despreciados por la autoridad, dilatados en el tiempo y atribuidos mañosamente a un grupo que ellos llaman minoritario, que supuestamente integran violentos con intereses mezquinos y particulares.

No hay tiempo para escuchar demandas que no sean las que ellos han elegido para resolver. No hay disposición a dialogar con quienes no se muestran sumisos y esperan su turno en el eterno ejercicio de conseguir ser oídos. Mucho menos si se trata de una región que no da votos, que no tiene voz audible (hasta ahora, claro está) ni recursos que no estén ya explotados por quienes tienen más y entregan menos.

Es tal el nivel de centralismo con que se enfrenta el conflicto, que incluso se señala que sus habitantes no serían sino marionetas de intereses políticos manejados desde Santiago. ¡¡Ni siquiera se les reconoce autoría en el atrevimiento de llamar la atención de la metrópoli!!

El interés de Aysén es el interés del país. Es el esfuerzo de los estudiantes; la demanda de los que no han vivido la reconstrucción que no llega, el grito de los que no son oídos. Y ya es tiempo de que el centro se despabile y la capital reaccione. Es tiempo de que el gobierno escuche y entregue, cambie la estrategia de la desconfianza -que no hace sino ocultar sus fallas y su incapacidad de atender a la protesta genuina y válida- y reconozca la legitimidad de la voz de la ciudadanía y entregue respuestas de calidad.

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