Fiscalía abre investigación por detenciones ilegales a hinchas de Colo-Colo

La Fiscalía Centro Norte abrió una investigación por las detención ilegal de más de 350 hinchas de Colo-Colo por parte de Carabineros en octubre de 2011, cuando se dirigían al estadio de San Carlos de Apoquindo, donde se desarrollaría el clásico con la UC.

En su oportunidad el hecho generó polémica, porque los pacos tomaban presos a cualquier persona que llevara camiseta o pareciera ser del equipo albo, incluso aquellos que legalmente habían comprado su entrada. La versión que entregaron los hombres de verde fue que no eran detenciones, sino que eran “conducidos” a las unidades policiales.

La indagatoria apunta a establecer quién dio la orden para que los hinchas fueran pasados a la cana mientras se desarrollaba el partido sin que fueran pasados a la fiscalía a controlar su detención y ni hablar de la lectura de derechos.

Por esta razón, el fiscal Marcelo Cabrera, apunta no sólo a los pacos, sino también a la autoridad política: la intendenta Cecilia Pérez, el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y el subsecretario Rodrigo Ubilla.

Puntapié inicial

Cabrera comenzó a trabajar el caso luego que la justicia acogiera la querella por detención ilegal presentada por Carlos Quezada, el abogado de los hinchas de macul.

La acción legal ingresada por el profesional, se basó en el delito de detención ilegal, es decir, cuando una autoridad, violando la ley, retiene a una persona sin motivo. El segundo ilícito contenido en el libelo, es el de “abuso contra particulares” que opera cuando la policía viola ilegalmente el derecho constitucional al libre desplazamiento.

Camino procesal

Como primera diligencia, el fiscal Cabrera despachó una orden de investigar a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI para que recabe la información de los afectados, como también de la autoridad y los propios pacos.

Lo más probable es que el organismo perseguidor estime que se trató de actos policiales basados en una orden de la superioridad. Así los pacos quedan libres de polvo y paja.

Por el contrario, si el Ministerio Público comprueba que actuaron arbitrariamente desobedeciendo una orden, debería formalizar a los carabineros que intervinieron en los hechos, declararse incompetente y enviar los antecedentes a la Fiscalía Militar por tratarse de situaciones ocurridas en el ejercicio de sus funciones. En esa judicatura los funcionarios tienen la posibilidad de esgrimir que se trataron de acciones propias del servicio y todo quedará en nada.

Sin embargo, tanto el secretario de Interior, Rodrigo Hinzpeter, el subsecretario Rodrigo Ubilla y la intendenta de Santiago, Cecilia Pérez, no caben dentro de esa lógica porque son civiles.

mano de gato

El libelo de Quezada presenta los hechos aduciendo que las autoridades usaron a la policía para la detención ilegal de los hinchas para mantener el orden público, pero sin motivo legal para hacerlo. En otras palabras, habrían actuado en calidad de “autores mediatos” de situaciones que revisten caracteres de delito. En buen chileno, sacaron las castañas con la mano del gato.

En este sentido, las imágenes difundidas por los canales, cuando un grupo de Carabineros subieron a un bus del Transantiago y obligaron a un grupo de colocolinos a bajar para ser “conducidos” a la comisaría sin explicación alguna, será uno de los elementos relevantes para la fiscalía.

Inédito

Hasta ahora, reconoce Quezada, no existen sanciones por detención ilegal, pero aclara que al tratarse de 350 casos, la situación es radicalmente distinta, porque alguien deberá explicar de dónde emanó la orden para ejecutar el procedimiento.

Existen en este sentido varios escenarios. El primero es que Carabineros no quiera inmolarse y asegure que cumplió una orden de la Intendencia y del Ministerio del Interior y eso quede acreditado en la investigación, lo que los eximiría de la responsabilidad. Pero no todo termina allí, porque las autoridades quedarán enfrentadas a la investigación del Ministerio Público, donde deberán explicar cómo se adoptó la determinación. Y como nunca faltan las contradicciones en los casos criminales, en una de esas el gobierno decide culpar a los pacos o al alcalde de Las Condes, el UDI Francisco de la Maza, quien fue uno de los que más piteó por la asistencia de los colocolinos.

Como sea, la fiscalía tiene también una chance para deshacerse del problema y aplicar una figura conocida como “no perseverar” o bien solicitar el sobreseimiento del caso. Esta decisión, en todo caso, no puede ejecutarla por sí y ante sí, sino ante el juez de garantía en una audiencia donde los querellantes se opondrán a la tesis de la fiscalía.

Lea las primeras cuatro querellas por detención ilegal