Caso Bombas: la historia de un proceso que podría explotarle en la cara a Hinzpeter

El 12 de junio del 2010 los dulces sueños de la familia Piñera Morel se vieron alterados por un fuerte buuum. Una bomba explotó a siete cuadras de su humilde casita “de clase media”, como dice el mandatario. No hubo heridos, como en todos los atentados de este tipo con bombas caseras, pero el hecho marcaba un negro precedente para el empresario y los suyos, que se habían encumbrado en La Moneda a punta de promesas de mano dura, de candados a puertas giratorias y, en resumen, al final de fiesta que a esas alturas ya se había convertido en partuza.

A esas alturas, los bombazos superaban el centenar y el fiscal metropolitano Oriente, Xavier Armendáriz, encabezaba desde el 2009 una investigación que no había llegado a nada. Por eso, cuando se recogieron los vidrios de la sucursal del Banco Estado afectado por la explosión -reivindicada por el Comando Insurreccional Andrés Soto Pantoja-, el problema tomó color político: no era posible que siguiera habiendo “atentados” en un gobierno de derecha emparentado de alguna forma con el que se ufanaba de haber acabado con el “terrorismo” en el país.

Por encima y por debajo de la mesa comenzaron las presiones para poner fin a las explosiones, que en su mayoría afectaron sucursales bancarias, oficinas públicas y, como anécdota, una iglesia cuica. Así, al día siguiente de la bomba cerca de la casa del presidente, el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter -que en ese entonces aún tenía poder en La Moneda- llamó a “apurar el tranco” en la investigación.

Así, dos días después, el 14 de junio, el fiscal nacional Sabas Chahuán, decidió poner fin a la era Armendáriz de la investigación, nombrando en su reemplazo al entonces fiscal metropolitano sur, Alejandro Peña. Después de un año y medio el primero no había detenido a nadie por las explosiones y, para sorpresa de algunos, el segundo se demoró dos meses en ordenar la captura de 14 personas acusadas, entre otras cosas, de asociación ilícita para el terrorismo.

El operativo, conocido como la Operación Salamandra, fue uno de los más mediáticos de los últimos tiempos, sello registrado de Peña en sus trabajos antidrogas y generó una serie de dudas, especialmente por la celeridad con que se investigó y, supuestamente, se detectó lo que el fiscal planteaba como una organización terrorista, comparada en más de una vez con las guerrillas colombianas o la ETA. La cosa olía rara desde un comienzo y el hedor empeoró cuando desde La Moneda, Hinzpeter reforzaba el discurso de lucha contra el terrorismo en la que hasta entonces parecía una estrecha franja de relativa paz.

“Poner bombas en cualquier país que pretende ser moderno y desarrollado es un delito gravísimo y, por lo tanto, este Gobierno en su calidad de parte querellante, va a solicitar, en el marco del Estado de Derecho, que se apliquen las sanciones más altas posibles de acuerdo a la ley, es lo que corresponde, es lo que vamos a hacer y es creemos lo que interpreta a los chilenos”, declaraba Hinzpeter a la prensa después de la detención de los 14 acusados.

“Quiero en consecuencia brindar, de parte de nuestro Gobierno un reconocimiento a las policías, un reconocimiento al fiscal (Alejandro) Peña y a todo el Ministerio Público, a todo su equipo que trabajó con profesionalismo, con seriedad, con mucha dedicación, para brindarle al país la solución a un caso que se había demorado mucho tiempo en tener respuestas”, señaló entonces.

Los detenidos eran en su mayoría jóvenes anarquistas que vivían en casas okupas como la Sacco y Vanzetti del barrio Yungay y en más de una ocasión el titular de Interior los acusó, sin más pruebas que su ideología, de ser los responsables de los bombazos: “el anarquismo es una forma de ver la vida muy antigua y en general siempre ha utilizado artefactos explosivos como su forma de actuar”, decía por entonces Hinzpeter que poco a poco comenzaba a tomar un excesivo protagonismo en la causa, haciendo uno que otro cariñito al fiscal Peña y juzgando a los imputados antes de que la justicia hiciera lo suyo.

Por eso no tardó en decantar la acusación contra la dupla Hinzpeter-Peña de que la operación se trataba de un montaje para revertir la mala imagen del ministro -y del gobierno en última instancia- sobre el manejo de la delincuencia. Mientras los 14 detenidos seguían en cana, los bombazos siguieron explotando en las calles.

Pero lo que terminó de configurar la idea de que el ministro había coordinado el caso desde su escritorio fue el fichaje de Alejandro Peña en su cartera: los primeros días de abril del 2011 el aún fiscal presentó su acusación en contra de los detenidos, pidiendo cadena perpetua para sus líderes. A los pocos días se hizo público que pasaría a integrar las filas de Interior, un cambio de pega que fue visto como un reconocimiento a su trabajo en el proceso que abandonó antes de que empezaran los alegatos donde el tribunal desechó más de 4.000 pruebas por irrelevantes. Afiches de Guns and Roses, películas como La Batalla de Chile o literatura, hacían parte del mamotreto que entregó Peña antes de partir.

Por eso, solo sorprendió a Peña y Hinzpeter que el 4 de octubre de 2011 la Corte de Apelaciones exculpara a los 14 acusados del delito de asociación ilícita terrorista, la base de la acusación de la dupla que a esas alturas comenzaba a tambalear. Sin embargo, seis de los detenidos siguen procesados por financiamiento y colocación de bombas en el juicio que hoy llega a su fin y todo indica que terminará con un revés para los acusadores.

Y es que el proceso ha estado lleno de vicios más allá de cualquier acusación de montaje. Recordemos que el episodio revelado a mediados de febrero, cuando se conoció que varios peritajes de Carabineros fueron firmados por oficiales que no habían hecho el informe, lo que motivó una investigación por falsificación de instrumento público.

En un arrebato por salvar la causa, los acusadores pidieron cambiar de jueces alegando parcialización de parte de los tres magistrados que llevan el caso: la respuesta de la Corte de Apelaciones fue una tremenda tapa y el juicio siguió su curso, incluyendo la declaración como testigo del propio ministro de Interior en una audiencia donde llegó pidiendo brevedad porque él es “ministro del Interior”.

Pase lo que pase hoy en el tribunal, lo cierto es que las bombas existieron, como repite hasta el hartazgo el ministro del Interior. Razón tiene, hubo bombas pero hasta la justicia le indicó a su cartera, querellante en el caso, que no se trató de una organización terrorista como planteaban los suyos y que de haberse comprobado habría costado más de 40 años de cárcel a quienes acusaban. Además, la misma justicia señaló que era descabellado procesar a alguien por un delito terrorista, y la acusación debía ser reformulada a daños leves, como lo hizo en 2009 el subsecretario de Interio, Patricio Rosende, cuando se querelló a nombre del gobierno por “daños simples” y “daños a la propiedad”.