El Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano presentó este viernes una denuncia ante el Ministerio Público por las presuntas irregularidades de funcionarios de la municipalidad de El Bosque para acceder a viviendas sociales mediante la adulteración de la Ficha de Protección Social.

Además, anunciaron que los antecedentes serán puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República.

En tanto, la acción legal procede tras la denuncia efectuada mediante una misiva escrita al director del Serviu Metropolitano, Daniel Johnson, por los concejales del municipio, Patricia Arriagada y Carlos Contreras, quienes solicitaron efectuar una investigación urgente por la presunta participación de funcionarios en la alteración de la Ficha de Protección Social para acceder a una vivienda social.

“Estamos muy preocupados. Hay muchas viviendas entregadas a personas que no tenían la vulnerabilidad necesaria. Estamos acudiendo a la ley para recuperar los recursos, queremos que esto se haga con la suficiente publicidad para advertir que vamos a ser estrictos en controlar que las viviendas se entregan a quienes realmente lo necesitan”, explicó Johnson.

Las autoridades comunales precisaron que tal acción de manipulación del mencionado instrumento público habría sido efectuado para participar del proyecto habitacional Antupirén de El Bosque, ubicado en la calle Montoya de dicha comuna, y en la que participa directamente la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (Egis) Génesis.

Tras recibir la denuncia escrita, el Serviu Metropolitano procedió a iniciar averiguaciones del caso en cuestión, descubriéndose que se trata de seis personas presuntamente involucradas, todos funcionarios municipales.

Al enterarse el municipio y la Egis Génesis de las averiguaciones iniciadas por el Serviu, éstas anunciaron que los funcionarios municipales presentarían sus renuncias a dicho beneficio estatal, lo que hasta la fecha no se ha hecho efectivo ante el Serviu RM.

Dicho conjunto habitacional de 150 departamentos fue entregado a sus beneficiarios el pasado 18 de mayo, ocasión en la que las personas cuestionadas no recibieron las llaves de sus nuevas viviendas.