¿Qué estaba en juego acá?
-La confianza y legitimidad del sistema. Si el Ministerio Público, con una audacia y tozudez notable, puede -sin respaldo probatorio- montar una acusación de esta envergadura y tener éxito, la verdad es que la confianza en el sistema se habría visto destruida.
¿Y se sigue confiando en un sistema que mantuvo a esta gente en prisión? ¿Que pierde pruebas? ¿O con peritajes dudosos? En la bomba del CDE no se estableció qué explotó, por ejemplo.
-¡No explotó! No se llega a establecer si el polvo era explosivo.

Así, ¿se sigue creyendo en el sistema?
-A lo menos por lo actuado en este caso, en los jueces se puede confiar.

¿Y en la Fiscalía?
-La Fiscalía ha mostrado una falta de profesionalismo, de acuciosidad, prolijidad, de seriedad, que la golpean muy violentamente.

Tengo un amigo policía que siempre me dice que ellos están entrenados para resolver delitos, no crímenes.
-Es muy probable. De hecho, el mayor número de entradas al sistema es de violencia intrafamiliar. Después vienen casos de homicidios donde normalmente se sabe quién es el autor.

Riñas.
-Eso. Y luego, robos con violencia e intimidación en que la víctima reconoce al autor. La fiscalía tiene un alto índice de condenas en juicio oral porque lleva aquellos casos en que la prueba le permite llegar a condena, y son relativamente simples. Pero en casos complejos ha demostrado incapacidad de guiar a las policías, de construir un caso y de montar una acusación seria.

Aquí no ha renunciado nadie.
-Eso es cierto.

El jefe de la Dipolcar sigue siéndolo.
-Hay que distinguir. El jefe de la Dipolcar dijo en el juicio que no sabía la diferencia entre el MIR y el MAPU Lautaro, después de referir que tenía un magíster en ciencia política. De toda la prueba rendida por la policía, la única sólida fue un peritaje caligráfico, que sólo lo fue parcialmente. El perito fue muy serio, pero se le pidió que hiciera exactamente la mitad inculpatoria y la mitad exculpatoria: había un cuaderno que tenía dos nombres y una lista de materiales para hacer una bomba; entonces se le pidió que comparara la letra de la lista con los nombres del cuaderno, pero sólo con uno de ellos, con el de la acusada, ¡y no con el otro nombre, que también estaba en el cuaderno y ocupaba la mitad de las hojas! La comparación que hizo fue muy seria pero la prueba era inconducente porque se saltaba la mitad de lo necesario. Y eso no es culpa del perito, sino del fiscal que le da las instrucciones.

¿Desde cuándo está litigando usted?
-Desde 1984.

¿Se acuerda de un caso como este? La cantidad de pruebas que no pasaron, la desprolijidad.
-Bueno, hay que distinguir: el nuevo sistema opera desde el 2005.

Usted habla de voluntarismo del Ministerio Público.
-Un voluntarismo bárbaro y una sospecha de influencia política significativa.

La reflexión que se hizo después de Gemita Bueno en el Caso Spiniak fue “esto no hubiera pasado en el nuevo sistema”. Y acá estamos.
-Jejejeje. Creo que es voluntarismo, audacia y tozudez. E influencia política, presumiblemente. Hay dos antecedentes que indican eso. El ministro del Interior hace un reclamo por televisión sobre la falta de éxito en la investigación y a los dos días se cambia al fiscal regional a cargo de la causa y se pone a un fiscal audaz, mediático y especializado en estas batidas que hacía en las poblaciones.

Eso lo hace Sabas Chahuán, que ahora le echó la culpa a la policía.
-Chahuán tendrá que dar explicaciones de su decisión. Después, el ministerio del Interior aplaude todo lo hecho por este nuevo fiscal. Y este nuevo fiscal decide acusar mientras discute su cambio de trabajo a Interior. La expresión montaje resulta extremadamente equívoca, no sé exactamente a qué se quiere aludir. Una interpretación es que Interior y el Ministerio Público se pusieron de acuerdo para acusar a unos inocentes. En ese sentido, creo que no hay prueba para hablar de un montaje político. Pero, en cambio, si uno habla de una influencia política que incidió en esta falta de profesionalismo y diligencia, hay elementos de juicio como para sostenerlos.

Todas las instituciones, excepto los tribunales, fallaron. Peritajes, unidades de inteligencia. La ANI.
-Jejej. Esa no hizo nada. Más Carabineros que Investigaciones. Investigaciones fue mucho más seria. Carabineros no solo recolecta pruebas, sino que hacía informes de inteligencia en donde interrelacionaba estas pruebas. Esas interrelaciones eran absolutamente precarias, no se sostenían.

La responsabilidad final es de la Fiscalía.
-Vamos por partes. La primera responsabilidad, sin duda la mayor, es de Alejandro Peña. Armendáriz debe haber sabido lo débil que era la prueba y no hizo nada. Pese a que él recopiló toda la prueba, porque Peña no hizo una sola diligencia probatoria mientras tuvo la causa bajo su dirección. Lo único que hizo fueron estos informes de interrelación, estos metainformes.

¿Usted lo conoce a Peña?
-Sí, sí. De la Corte.

¿Y qué opinión tiene de él?
-Creo que tiene poca formación jurídica, poca formación como investigador y un gran gusto por las cámaras y la aparición pública.

Y a Hinzpeter también lo conoce.
-Lo conocí hace muchos años, como abogado.

¿Y qué impresión tiene? Cuando asumió decían que era un buen negociador, que era duro.
-Tengo la impresión que es un hombre inteligente pero algo obnubilado en una sola percepción de la realidad. Y por eso debe costar negociar con él. Cuando alguien asume más allá de cualquier cosa que tiene la razón, se vuelve alguien con quien es muy difícil negociar.

GROSERÍAS

¿Qué fue lo más grosero que vio en esta causa? Hay un correo electrónico que entrega un informante.
-Eso es grosero.

Hay un delito.
-Hay un delito, porque además hay una prueba absolutamente inadmisible. Son tres correos electrónicos que un informante no identificado le entrega a uno de los jefes de la DIPOLCAR. Los correos ni siquiera señalan destinatario. Uno solo tiene los nombres de los que intercambian el correo, los otros dos son anónimos. Y con eso se acusa de financiamiento del terrorismo por un monto de 950 euros.

Eso es un delito, que no se investigó.
-Debería investigarse. Amén de ello, qué otra cosa: la imputación a Felipe Guerra. A él se le imputa haber acompañado a Mauricio Morales cuando colocó la bomba. Hay una filmación de un lugar cercano donde se ve primero a dos personas en bicicleta pasando hacia el lugar y después a otra volviendo. Obviamente, desde la filmación a duras penas se distingue que alguien va en bicicleta, la calidad es horrorosa. En una casa okupa, en un computador ubicado en una zona común se encontraron unas cartas, unas recreaciones literarias sobre la persona de Mauricio Morales, cosas como “esa noche, cuando sentí el olor a carne quemada” y así. Y además fotos en que aparecían Guerra y Morales. Entonces se dijo “ah, esas composiciones literarias son indiciarias de que estaba ahí. Y como hay fotos de Mauricio Morales y Guerra, tiene que ser Felipe Guerra”. Y además no se presenta como prueba un informe de la policía que indica que quien estuviera tan cerca de la explosión, como se supone que estaba el acompañante, tiene que haber terminado con alguna clase de trauma acústico. Eso lo dice un perito de la misma policía, que hizo el experimento. Pero eso el Ministerio Público no lo acompaña como prueba; tiene que acompañarlo la defensa.

¿Cuál fue el rol de la prensa en esto?
-Si hay algo que sabía hacer Peña era manejar a la prensa. Por lo que me tocó ver de las conversaciones de Peña con su asesor periodístico en los pasillos, él traficaba información con la prensa; les informaba algunas cosas y ellos lo requerían como fuente de información. Aparentemente la Fiscalía Sur, durante el período que estuvo a cargo de Peña, era una fuente de información para los medios de comunicación y él la intercambiaba. Después de la libertad de Pablo Morales, alguna prensa fue cambiando su actitud y hubo por lo menos un reconocimiento que alguien a quien le pedían cadena perpetua, porque esa era la imputación, había quedado libre. Libertad que es obra de la sala de la Corte de Apelaciones que la conoció y del estudio de los antecedentes por parte de Valentina Horvath. Después de esa libertad, algún grado mayor de equilibrio se dio. Y después con las 7500 pruebas, que incluían cosas tan absurdas como una bolsa de pasas, el poster de Axl Roses, algunos ejemplares de The Clinic y ya un nivel de absurdo que no podía si no… Pero aun así, si usted se fija, El Mercurio, no informa sobre este caso.

Absurdo. Ese es el concepto de este caso. Y es raro que no se haya reparado en un caso que lo antecedió: el del paquistaní.
-¿Y sabe quién hizo el peritaje de trazas en esta causa? Hay una máquina que se llama Mobile Trace con la cual detectan las trazas. Y el mismo cabo de Carabineros hizo los peritajes del paquistaní y de esta causa, en ambos casos dando por resultado la presencia de TNT. Nunca se llegó a informar cuál era el porcentaje de falsos positivos del Mobile Trace. Las dos veces en que la prueba del mobile trace fue contrastada con una prueba más exacta para saber si eran correctos sus resultados, con una prueba química de mayor profundidad, una espectografía de masas, las dos veces salió que el aparato había dado falsos positivos. Y el mismo cabo de Carabineros había hecho lo del paquistaní.

¿Qué queda para el resto de los casos después de esto?
-Es que el resto de los casos son más fáciles.

Claro, son más fáciles pero también este caso habla de la calidad de prueba que le exige la Fiscalía a la policía.
-Qué queda. Un ejemplo: aparentemente este problema de las firmas era habitual en Carabineros. Y aquí se detectó por casualidad y después nos preocupamos de seguir comparando. Pero puede ocurrir quién sabe en cuánto juicio que los peritajes no hayan sido firmados por quien decía haberlos hecho.

Eso es grave.
-Extremadamente. La Fiscalía, hasta la acusación, tiene la obligación de ser objetiva, de investigar tanto lo que inculpa como lo que exculpa. Creo que producto de una cierta mística represiva, imputativa y de un deseo de ganar juicios, ese principio ha perdido en la práctica toda eficacia. Los fiscales quieren ganar juicios y les gusta ganar.

¿No tienen controles internos? Eso está quedando claro.
-No existe un mecanismo de control interno en la fiscalía.

¿Todo vale?
-Quedamos entregados a la rigurosidad profesional de los fiscales.

HINZPETER Y SALAZAR

Usted fue muy crítico de la citación a Hinzpeter a esta causa. La calificó de show.
-En la citación de Hinzpeter hay que distinguir dos cosas: el hecho que el ministro concurriera ante los jueces, porque de todas maneras resulta un ejercicio cívico ver al ministro del Interior concurriendo a un tribunal y contestando preguntas. Dejando de lado eso, que es la cosa republicana y formal, la diligencia fue absolutamente inútil, inocua, y su realización se transformó en un show. Hay dos diligencias inútiles propuestas por la defensa en este juicio: la declaración de Gabriel Salazar y la de Hinzpeter.

¿Por qué Salazar?
-Nuestra ley antiterrorista fue depurada de cualquier componente político. Esta es una ley que proviene del año 1984 y obviamente la vocación de la dictadura era no dar ninguna de las ventajas que daba la calificación de delito político. Sin perjuicio de ello, el delito de asociación ilícita tiene un componente político que no se le puede quitar, porque una asociación ilícita pretende ser algo paralelo al Estado. En ese contexto, la declaración de Salazar podía tener algún sentido cuando se imputaba asociación ilícita, porque él lo que hace es algún estudio histórico de la rebeldía en Chile y de los movimientos rebeldes para tratar de caracterizarlos. Pero cuando la acusación se transforma en la colocación de la bomba A, de la B, de la C, y en el financiamiento, no conducía a nada llevar a un señor a declarar…

A no ser que fuera un testigo de la Fiscalía.
-A no ser que fuera. Y de hecho la declaración de Salazar fue citada profusamente en los alegatos de clausura tanto de la Fiscalía como del Ministerio del Interior como respaldo de sus tesis.

Porque le dio un marco teórico.
-Porque le dio un marco teórico y además admitió el carácter anarquista de los bombazos y trató de legitimar como expresión de rebeldía el colocar bombas en determinados contextos. A ver, Salazar fue honesto como intelectual. Ahora, es complejo llevar a un intelectual honesto a declarar a un juicio donde uno lo lleva como prueba de uno.

Terminó en un boomerang.
-Y por eso fue citado tanto por la Fiscalía como por el ministerio del Interior. Lo mismo podría haber ocurrido con la declaración de Hinzpeter. En un juicio penal, lo que se trata es de acreditar que un hecho aconteció y que una determinada persona realizó la acción que produjo ese hecho. Para acreditar ese hecho, Hinzpeter nada aportaba. Él pasó a ser ministro del Interior muchos años después y no tenía ninguna noticia de lo acontecido al momento histórico en que se perseguían las bombas. Y a lo menos era ilusorio pretender que Hinzpeter admitiera “sí, señor abogado, tiene usted toda la razón: yo con el Ministerio Público hicimos un montaje para culpar a unos inocentes”. Eso a lo menos es naif. Entonces, era una declaración que desviaba la atención significativamente, que podía ser peligrosa y que no tenía sentido alguno.

Hay dos miradas del juicio ahí. Román, que pidió la diligencia, habla de derecho penal callejero.
-Sí, habla de derecho callejero y además reivindica que la defensa que había que hacer en este caso era una defensa política por oposición a una defensa técnica.

No se vio mucho eso.
-Sin duda no hizo una defensa política. Salazar pudo haber introducido más elementos de una defensa política. Pero Rodrigo Román, jamás. Yo creo que esto fue una irresponsabilidad manifiesta por parte de Román, el haber llevado tanto a Salazar como a Hinzpeter de testigos. No sé cuáles serían sus objetivos últimos, pero sin duda no era defender a quienes se suponía defendía en el juicio.

¿Voluntarismo?
-Voluntarismo, irresponsabilidad, falta de seriedad. Eso se da en todas partes.

LOS GERENTES

No hablamos hace tiempo. ¿Cómo ha cambiado el país desde entonces?
-Bueno, tener un gobierno de derechas. Este país, creo, se ha vuelto más conservador. Ha sido casi gatopardiano. Esta ley antidiscriminación no conlleva el matrimonio de los homosexuales ni la posibilidad de que adopten, sino que es una pequeña salida consensuada, como quien dice para evitar que el balón estalle le sacamos un poco de aire sin conceder nada sustancial.

También es un gobierno de conflictos de interés.
-En el fondo Piñera reclutó gerentes como ministros y como encargados de las reparticiones públicas.

Hoy en el mapa de poder, ¿quién manda? Se habla de la oficina de Espina, de la de Jana y Hinzpeter. Bueno, ya no Hinzpeter.
-Sí, creo que hoy quienes son más influyentes son Zepeda y Acosta y Jana-Bofill, sin perjuicio que tanto Jana como Bofill sean buenos abogados y que Acosta también sea un buen abogado.

¿Quién gobierna Chile hoy?
-Los gerentes. Los gerentes y Hinzpeter.