Fotos: Alejandro Olivares

Suria Delgado y Carmen Mora se conocieron hace diez años, cuando Carmen llegó a trabajar a la pensión que tenía Suria en el barrio Franklin.
-Desde entonces hemos estado juntas en las buenas y en las malas –explica Carmen Mora.

Carmen y Suria trabajaron ocho años preparando almuerzos que repartían entre los comerciantes del Persa, las ferreterías de Franklin y los trabajadores del Matadero. Eran vecinas. Hasta que el terremoto del 27 de febrero dejó sus casas inhabitables.

A Suria Delgado, que arrendaba en Franklin con San Francisco, la casa se le abrió en cuatro partes. El dueño del inmueble no quiso invertir en reparaciones y el viento del invierno terminó por enfermar a sus tres hijas. La municipalidad sólo ayudó entregándoles nylon. Para entonces llevaba dos años en el Movimiento Pobladores en Lucha, MPL, agrupación que desde el 2006 reivindica y organiza tomas de terreno, buscando una solución habitacional definitiva para pobladores y allegados. La coyuntura del 27-F agilizó sus demandas.

Después del terremoto -que aumentó el déficit habitacional del país en 45,9%- el MPL comenzó un trabajo de terreno en la comuna de Santiago, donde detectaron el problema de los arrendatarios damnificados. Casos como el de Suria y Carmen.

-En Santiago se da algo interesante, porque cada catástrofe natural hace que salga a la luz una crisis social, como es el caso de los arrendatarios de los cités, de las casonas antiguas. En cierta forma, la pobreza salió de debajo de la alfombra después del terremoto -cuenta Henry Renna, cientista político que se integró al MPL desde sus inicios.

Renna, al igual que Lautaro Guanca, presidente de la agrupación y concejal en Peñalolén por el partido Igualdad -legalizado en la I, II y XV región y pronto en la Metropolitana- han acompañado las gestiones de los damnificados del terremoto. Renna aún recuerda a gente acampando afuera de inmensas casonas del barrio Yungay o Franklin, en los días posteriores al terremoto. Situación que se explicaría, según él, porque casi dos tercios de la comuna de Santiago es arrendatario y no existiría ninguna política habitacional que los contenga. Por eso el MPL, dos meses después del 27-F, comenzó a buscar casas desocupadas para albergar a los damnificados. Nadie quería pasar otro invierno en casas derrumbadas o inhabitables, que según los catastros del Serviu, a pocos días del terremoto, en la Región Metropolitana bordeaban los 480 inmuebles.

-Por eso empezamos un proceso de recuperación de casas que sirvieran como vivienda transitoria para aquellos compañeros damnificados, y que al mismo tiempo nos permitiera articular un proyecto para generar una vivienda definitiva dentro de la comuna -explica Henry Renna.

La noche del 4 de mayo del 2011 comenzó la ocupación de una casona ubicada en Santa Rosa con Avenida Matta. Primero llegaron los hombres, días después se sumaron mujeres y niños. Suria Delgado se trasladó con su marido y sus tres hijas; Carmen Mora, con su hijo menor y dos nietas. En total, son siete familias las que viven hace más de un año en la casona que llamaron Esperanza, incluidos trece niños.

Al principio no tenían agua ni luz. Tuvieron que saldar las deudas impagas de electricidad e instalar las tuberías de agua que se habían robado. También limpiar y recuperar baños. Sacar escombros.

Un mes después, un segundo grupo de familias, entre damnificados del terremoto, allegados y gente en urgencia habitacional, ocuparon una segunda casa en Santa Rosa con Santa Isabel y formaron la casona Protectora, llamada así porque antes funcionaba en el lugar la Protectora de la Infancia.
-No era la ocupación tradicional de un terreno con tres palos y una bandera y la gente viviendo en muy duras condiciones, tampoco era el tradicional okupa –dice Renna.

Lo inusual de la ocupación hizo que también buscaran un nombre especial. Finalmente optaron por IRA: Inmuebles Recuperados con Autogestión. La sigla, sin embargo, también tiene otra acepción. “Lo planteamos como IRA, porque teníamos rabia, cólera acumulada dentro de las clases obreras de la comuna que estaban aburridas de que te digan que no hay tierras para los pobres, pero todos los días se construyan edificios de forma permanente”, alega Renna.

PROTECTORA
Cuando decidió venirse a la casona Protectora, Jeanette Pizarro estaba en una urgencia: tenía deudas de agua, luz y arriendo de la vivienda que habitaba en La Florida. Con los ochenta mil pesos que ganaba cuidando a un anciano, no le daba para pagar los gastos y estaba en crisis con su marido. Una amiga la invitó a las reuniones del MPL y ahí surgió la posibilidad de unirse a la ocupación.

Jeanette, nacida y criada en la comuna de Santiago, no lo pensó dos veces.

-Vinimos a limpiar, porque estaba asqueroso. Era una boca de lobo para los delincuentes. Había carteras robadas, bolsas con excrementos. Cuando llegamos, los vecinos del lado vinieron al tiro para saber qué pasaba y se sorprendieron por lo rápido que habíamos limpiado. Se sintieron tranquilos porque antes se les metían a robar por aquí mismo y también apoyados porque se dieron cuenta que éramos puras familias -recuerda Jeanette.

La casona Protectora está ubicada en Santa Rosa 460. Posee patios interiores, salas de reunión, una cocina común y siete piezas habilitadas donde residen las familias. Atrás, un patio grande donde han ido retirando los escombros y habilitaron una salita para instalar una radio comunitaria.
Jeanette Pizarro (43) tiene una pieza amplia donde hace un año instaló su cama de dos plazas y un camarote para sus mellizas de quince años. Se vino con ellas y su marido, pero hace unos meses está separada.

-En esta casa hay ley seca y no se permite violencia. Con mi esposo tuvimos problemas. Años de violencia intrafamiliar. Acá no hubo golpes pero sí malos tratos y me aburrí. Será por el apoyo del movimiento, que pedí que lo sacaran. Y ya llevo cinco meses sin él -cuenta Pizarro.

Ahora Jeanette está tranquila. Empezó a arreglarse los dientes, porque por el estado de su dentadura, dice, no le dan trabajo. Sus hijas, cuenta, están mejor. Vivir en Protectora les ha servido para valorar el compañerismo y la ayuda mutua. “Es algo que no todos llevamos dentro y cuesta”, dice.

Cuando el MPL decidió implementar esta nueva forma de ocupación de inmuebles, lo hizo bajo los principios que rigen a la organización. El “método de lucha” implica el apoyo mutuo: las familias no pagan arriendo, pero sí deben aportar con horas de ayuda destinadas a la restauración y recuperación de la casa. Es una dinámica que definen como cooperativismo y donde la asamblea de habitantes figura como propietaria del inmueble.

Una suerte de propiedad colectiva instalada en un barrio donde, aseguran, enormes edificios habitacionales comienzan lentamente a dominar el sector.

-En nuestro país el derecho a la propiedad privada se superpone a cualquier derecho humano. Estos inmuebles estaban abandonados, era deber del Estado mantenerlos y que no representaran un riesgo para la comunidad. Y fuimos nosotros quienes los recuperamos, restauramos y construimos comunidad. Estamos ejerciendo de facto lo que el Estado no puede hacer por su ley -dice Henry Renna.

“La convivencia entre familias distintas no es fácil”, reconoce Jeanette Pizarro. Pero los conflictos y sus soluciones los conversan en asambleas semanales donde se reúnen todos, definen las prioridades de la casa y reciben educación popular, que incluye derechoS ciudadanos. Cada familia paga veinte mil pesos mensuales que se destinan a la mantención del inmueble y al ahorro para poder postular al Fondo Solidario y así comprar la casona.

Para Carmen Mora, esta nueva experiencia habitacional ha significado un crecimiento. Después de vivir ocho años en Franklin y uno en Esperanza, no quiere cambiarse del barrio al que está acostumbrada.

– No estamos pidiendo que nos regalen, sino que nos vendan las casas. Queremos quedarnos. Estamos luchando por algo digno. Estamos demostrándole a la gente que se puede hacer algo. Para mí es una experiencia bonita. Yo viví de allegada. Usted sabe cómo a una la pisotean cuando vive así -se lamenta.

BIENES NACIONALES
El 2005, cuando vivía en Franklin vendiendo comidas, Suria Delgado postuló a un subsidio habitacional. Pero la solución que le ofrecían era una casa en Buin, Lampa o Quilicura.

-Eso no es solución, para mí no vale. Irse para otro lado es empezar de cero. ¿En qué vas a trabajar? Es raro que tú te vayas para otro lado si toda tu vida has vivido aquí. A los pobres la sociedad los tira para afuera como desechándolos -dice.

Suria Delgado nunca estuvo dispuesta a dejar su trabajo, sus amistades, el colegio de sus hijas, para irse a vivir tan lejos. Por eso optó por vivir en la casona Esperanza.

Ahora que el Matadero le queda más lejos para ir a vender almuerzos y que su amiga Carmen no puede trabajar con ella por un desprendimiento de retina, Suria trabaja vendiendo bóxers en el centro. Su marido continúa trabajando en el Matadero, igual que antes.

-Por último acá uno puede arreglárselas de otra manera, igual sale plata -comenta.

Para defender sus intenciones de permanecer en las casas, sus habitantes junto a miembros del MPL han realizado marchas y acampadas públicas. La última fue el 17 de mayo en el exterior del ministerio de Bienes Nacionales.

Esa vez, Carmen y Suria se fueron detenidas por primera vez en sus vidas. No les importó, dicen que es parte de esta nueva experiencia. Que en las reuniones del MPL han aprendido qué derechos tienen como ciudadanos. En las casonas Esperanza y Protectora, la mayoría de los jefes de familia son mujeres.

-Este barco lo llevan más las mujeres. Generalmente las decisiones las estamos tomando nosotras. Mi pareja se aburre en las reuniones, dice que siempre hablamos lo mismo. Yo creo que son temas que siempre hay que tener presentes. A mi marido le dije que iba a meterme en todo lo que pudiera este año, desarrollarme todo lo que pueda, ser mejor para que mis hijas también aprendan- asegura Delgado.

Parte de la gestión del MPL con las familias consiste en generar actividades para la comunidad. Si bien en las casas corre ley seca, algunas veces se han realizado peñas para juntar fondos destinados a la recuperación y se invita a toda la comunidad del sector. Además realizan talleres de artes marciales, serigrafía, escuelas populares y talleres para niños. Cada casa cuenta con una sala de juegos en las que todos los sábados en la mañana, monitores del MPL realizan una “escuelita” con actividades para ellos.

A partir del segundo semestre del año pasado, al mismo tiempo que realizaban el trabajo de recuperación de ambos inmuebles, el MPL inició conversaciones con el ministerio de Bienes Nacionales para buscar fórmulas para adquirir las propiedades.

Su “lucha”, explica Renna, es que la venta de esos inmuebles sea a precio justo. La idea de la agrupación es ocupar los terrenos de esas casas para construir viviendas sociales que den habitación definitiva a treinta familias por paño. Renna asegura que la idea está avalada por estudios técnicos. Ahora sólo queda postular al subsidio que les permitiría adquirir las casonas Esperanza y Protectora.

-Si son inmuebles fiscales deben tener una utilidad social. Estamos convencidos de eso- asegura Renna.

Sin embargo, a nivel institucional no parece existir acuerdo ni determinación para apoyar este proyecto. Romina Zuluaga, seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, explica que han estado atentos a escuchar la problemática de las familias. Pero, como la ocupación es ilegal, les hicieron saber que deben desocupar las casonas. También que la entidad encargada de decidir qué inmuebles se convierten en viviendas sociales es el Serviu, no Bienes Nacionales.

-Si el Serviu nos pide el inmueble nosotros podríamos venderlo, pero no hemos tenido ninguna solicitud al respecto. Tenemos una dinámica de trabajo con ellos cuando nos piden estos inmuebles para construir viviendas sociales. Si ese inmueble nosotros lo tenemos a disposición, ellos lo “reservan” y después, cuando le asignen el subsidio al grupo de familias, construyen ahí- explica Zuluaga.

En el Serviu no están tan claros con la propuesta de Zuluaga y se limitan a decir que, según “información no oficial, las casas ocupadas son de propiedad del fisco y, por lo tanto, administradas por Bienes Nacionales”. Daniel Johnson, director del Serviu, asegura que no le corresponde pronunciarse “sobre la ocupación de este tipo de viviendas”. Tampoco reconoce tener antecedentes de los ocupantes de los inmuebles y que “los arrendatarios acreditados por los municipios fueron considerados en el paquete de soluciones para damnificados por el terremoto”. Solución que, a todas luces, no llegó a los habitantes de las casonas Esperanza y Protectora.

Henry Renna dice que es imposible que las reparticiones públicas no tengan conocimiento. Que se han juntado cientos de veces, han dialogado con Johnson, y que postularán al subsidio que se abre el próximo 29 de junio. La situación parece no tener solución inmediata y no se descarta un eventual desalojo. Renna espera que con los subsidios en mano el Serviu cumpla su compromiso de comprar los terrenos. “Tienen que detener este peloteo y asumir las responsabilidades políticas que corresponde”, concluye.