Ciudad
7 de Mayo de 2024“Okupas” complican al Poder Judicial: hace seis años que intenta recuperar inmuebles en Valparaíso
La Delegación Presidencial Regional negó el desalojo por no ser un bien nacional de uso público.
El nuevo edificio del Juzgado de Letras del Trabajo y Centro de Notificaciones Judiciales de Valparaíso no puede habilitarse por encontrarse alojada con “okupas”. Esto ocurre hace seis años.
El inmueble está en la calle Yungay, en el número 1754, en el plan de Valparaíso. Fue adquirida en 2018, cuando llevaba medio año tomado por personas, según reveló El Mercurio.
En consecuencia, la Corporación Administrativa del Poder Judicial interpuso una denuncia por usurpación.
El órgano quiso utilizar el artículo 157 del Código Procesal Penal, en el marco de la ley de usurpaciones 21.633, la que permite que las víctimas soliciten a un juez el desalojo de ocupantes ilegales con auxilio de la fuerza pública en cualquier parte del procedimiento, haya una formalización o no.
La audiencia fue fijada para el 22 de mayo, luego de que se interpusiera una nueva querella criminal.
En un principio, se pidió a los ocupantes desalojar el inmueble de forma voluntaria y se le ofrecieron alternativas para que no quedaran en situación de calle. Pero esto no fructificó.
Durante el trámite, identificaron a dos individuos, un chileno (Roberto Novoa) y un inmigrante ilegal peruano (Fabián Cossio), pero solo el primero se presentó a la audiencia de formalización y después se encontró inubicable.
Carabineros y PDI intervino sin éxito
Carabineros fue hasta el lugar y reportó que encontró “jóvenes de distintas tribus urbanas”. Sin embargo, tuvo que retirarse “para evitar un mal mayor” al ser recibido con groserías.
La Policía de Investigaciones (PDI) también fue hasta la dependencia, solo obteniendo testimonios de los vecinos, indicando que la construcción funcionaba como residencial clandestina.
De acuerdo al mismo medio, el 31 de agosto, la fiscalía aplicó el principio de no perseverar, ya que las penas no superan el presidio menor en su grado mínimo.
Por su parte, la Delegación Presidencial Regional negó el desalojo administrativo al no tratarse de un bien nacional de uso público.
