Metro se querella contra trabajadores que suspendieron el metro y Hinzpeter evalúa Ley de Seguridad

Una querella en contra de tres personas involucradas en la suspensión de un tramo de la Línea 5, hecho registrado ayer lunes, interpuso este martes el Metro ante el 14º Juzgado de Garantía de Santiago.

Hasta el tribunal llegaron el gerente general (s) del ferrocarril subterráneo, Hernán Vega, acompañado por el gerente comercial y de asuntos corporativos, Álvaro Caballero, y el fiscal de la empresa, Gonzalo Morales.

La presentación judicial incluye los delitos de desórdenes públicos y obstrucción a la vía férrea, ambos sancionados con penas privativas de libertad.

Sin perjuicio de ello, la empresa anunció que “se reserva el derecho de realizar las acciones civiles e indemnizatorias que sean pertinentes en el caso”.

“Hemos interpuesto esta querella porque consideramos inaceptable que la defensa de los intereses particulares de unos pocos, pongan en jaque el transporte de más de 50 mil personas de un servicio que en total transporta a más de 2,2 millones de personas día a día”, comentó Caballero.

Igualmente, Metro reiteró su “repudio a las acciones como las efectuadas la mañana de ayer y confía en el compromiso de sus usuarios que en estos más de 43 años de existencia han permitido el desarrollo de un servicio que beneficia a toda la ciudad”.

La mañana del lunes dos hombres y una mujer, trabajadores del call center Konecta Chile, descendieron al andén de la estación de la Línea 5 para protestar en contra de su empresa.

A raíz de este hecho el servicio estuvo suspendido cerca de una hora entre las estaciones Ñuble en Ñuñoa y Vicente Valdés en La Florida.

Los tres arrestados son formalizados este martes por la Fiscalía Metropolitana Oriente por el delito de desórdenes públicos en el Centro de Justicia.

Empresa Konecta acusa ‘prácticas delictuales’

La empresa de call center Konecta acusó que han habido “prácticas delictuales” en el marco de la huelga legal que mantiene el “18%” de sus trabajadores, ajenas “al proceso legalmente establecido de negociación colectiva”.

La compañía denunció que han ocurrido diferentes hechos, como “cortes de energía mediante cadenazos a los transformadores eléctricos, afectando también a las empresas vecinas, robo y destrucción de materiales, amenazas a personal, agresiones físicas, impedimento del acceso a trabajar a personas que sí querían hacerlo, ingreso forzoso a las instalaciones lanzando gas pimienta a las personas, entre otros hechos que han afectado a los/as trabajadores/as que se encuentran realizado labores normales de trabajo”, precisó a través de una declaración corporativa.

Además, mencionó que han habido otro tipo de manifestaciones “más agresivas y mediáticas, como fue la toma y paralización del servicio de Metro del día de ayer, afectando a miles de personas, ajenas a este proceso”.

A renglón seguido, dijo que se trata de “actos que rechazamos categóricamente, dado que Konecta Chile, por principio nunca ha negado el derecho a negociación; sin embargo, no podemos ceder ante presiones de fuerza ilegal y desmedida”.

La firma destacó también que “ha ofertado un contrato colectivo con variados beneficios, dentro de los cuales se destaca un 6% de reajuste del sueldo base por cada año que dure el contrato colectivo, independientemente de que el IPC de este año haya sido menor y que las proyecciones económicas sitúen esta cifra en niveles bastante inferiores”.

Hinzpeter evalúa Ley de Seguridad del Estado

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, aseveró que el Gobierno pidió ejercer todas las acciones legales contra los tres trabajadores de Konecta Chile que ayer lunes se tomaron la vía de la estación Rodrigo de Araya de la línea 5 del Metro y que se estudia si es procedente la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado.

Así lo dijo el jefe de Gabinete al ser consultado sobre la acción realizada por los dirigentes sindicales de la citada firma, Sergio Alegría, Miguel Jaramillo y Claudia Pérez, quienes mantuvieron paralizada la circulación de trenes por una hora entre las estaciones Ñuble y Vicente Valdés, causando graves problemas a miles de usuarios

“Vamos a ejercer todas las acciones judiciales que corresponde contra estas personas que creen que pueden poner en riesgo a otras compatriotas. Vamos a estudiar también la procedencia de la Ley de Seguridad del Estado”, explicó Hinzpeter.

Asimismo resaltó que el grupo puso en riesgo la integridad de miles de personas que debieron abandonar los carros y caminar por la vía férrea hasta el andén.

Las declaraciones las formuló tras la ceremonia en que su secretaría de Estado entregó 54 vehículos a Carabineros para reforzar sus labores policiales en distintas zonas de la Región Metropolitana.