Malestar Supremo

Un viejo adagio recorre desde siempre los pasillos del palacio de tribunales y que el gobierno olvidó al enfrascarse en la polémica por el rechazo a la central Castilla: “Cuando Dios está de vacaciones, la Suprema lo reemplaza”.

Ayer esa rencilla subió un escalón, porque el pleno del tercer poder del Estado calificó como “intromisión indebida e inaceptable”, las declaraciones vertidas por la ministra del Medio Ambiente María Ignacia Benítez.

La fuerte reacción de los altos magistrados tiene una sola lectura: se enojaron. Hace años que esta situación no se producía. La última vez, con este nivel de rudeza verbal, ocurrió durante la pasada campaña presidencial. En la oportunidad, el entonces candidato Eduardo Frei, criticó a los tribunales por su actuar con la delincuencia, acusándolos de mano blanda.

En 2009, el ministro Milton Juica, entonces el vocero de la Suprema, reaccionó con un golpe directo al mentón y apuntó a que las expresiones de Frei se producían “por desconocimiento o mala fe”. Sin duda esa respuesta, muy poco usual en el lenguaje de los judiciales, le valió a Juica ser elegido como el primus interpares y ocupar el sillón de la presidencia.

Más allá de los argumentos formales entregados por la Suprema en el acta del pleno conocida ayer, subyace el desconocimiento del gobierno de cómo operan los altos magistrados, si se quiere el orden del ideario simbólico de cada uno y el cómo, el cuándo y el porqué deciden hacer una defensa corporativa del llamado “fuero interno”.

Un supremo comentó: “El gobierno no termina por comprender que la Corte Suprema no sólo es un poder del Estado que debe ser independiente, sino que además sus decisiones marcan criterios que pueden mantenerse en el tiempo, por ejemplo, con las materias ambientales que tanto le importan a La Moneda”.

Otro de los eternos problemas que ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera con el máximo tribunal, es la ausencia de un interlocutor válido. Si bien existe el ministro de Justicia Teodoro Ribera, a los supremos no sólo no les gusta su estilo, lo consideran un “insoportable”, sostuvo otro magistrado. En ese contexto, el gobierno ha olvidado que mantener buenas relaciones con los ministros de la Suprema es una prioridad de cualquier administración. No en vano en 2007, fueron los ministros los que de una u otra forma contribuyeron a que Bachelet le pidiera la renuncia a Isidro Solís, entonces titular de la misma cartera, porque su relación con los reemplazantes de Dios, era confrontacional.

Un caso igual de complejo lo vivió fines de los 90 la actual senadora y ex ministra de Justicia del gobierno de Frei, Soledad Alvear, cuando el candidato para asumir la Fiscalía Nacional, Jorge Boffil, quedó fuera de concurso porque le faltaron documentos en la postulación.

En la oportunidad Alvear dijo que al quedar fuera por un tema administrativo, sembraba “una sombra de duda” sobre el actuar de la Suprema. Los ministros, al igual que ahora, reaccionaron duramente y Alvear tuvo que recular.

Inteligencia cuestionada

El problema con las declaraciones de la ministra Benítez es que fueron más allá de la mera opinión política, consideran los ministros. No sólo porque atentaban contra la independencia del Poder Judicial, sino porque golpeó el ego de los magistrados. Y esto, porque la lectura que hicieron algunos jueces fue que los habían tratado como si fueran un grupo de personas carentes de inteligencia, que desconocían la ley, que no sabían aplicarla y, lo que es peor, que sus decisiones estaban fuera de lugar en materias ambientales porque de eso no sabían un carajo.

Gran parte de los supremos han pasado una vida ligados al Poder Judicial, salvo los dos abogados “extraños” a la judicatura que son designados por el Presidente con la venia del Senado.

Entre los abogados que recorren a diario los pasillos, algunos ministros de la Corte de Apelaciones e incluso entre los relatores, la actitud del gobierno es “insólita”, “fuera de lugar”, “absurda”, “poco inteligente” e incluso “atrevida”. Cual más, cual menos, todos coinciden: las relaciones de ahora en adelante no favorecerán a La Moneda. Y esto significa, según se apuesta en los mismos pasillos, que los casos que el gobierno pretendía ganar, el proceso por las bombas de los anarquistas y Pitronello, después de esta rencilla, hay que darlos por perdidos.

El análisis, en ese contexto lo resumió un ministro del tribunal de alzada: “El gobierno no comprendió la señal política de la Suprema cuando nombró como presidente a Rubén Ballesteros, que es un hombre más ligado a la derecha. Y cuando un poder del Estado no entiende esos guiños, quiere decir que, o no entiende nada del mundo judicial, o quiere ganarse un enemigo de manera gratuita”.

Como sea, La Moneda debe nombrar al nuevo supremo de la quina enviada a fines de julio para que Piñera escoja y lo envíe a la Cámara Alta.

Hasta ahora, el candidato del gobierno es Alfredo Pfeiffer, quien ya fue rechazado en 2008 por que en una entrevista en El Mercurio cuestionó el holocausto judío a manos de los nazis.

El otro más cercano a la derecha, Juan Manuel Muñoz Pardo, tampoco es una opción, por su trayectoria y su criterio de fallo a favor de la Ley de Amnistía. De allí que se ha evaluado con los parlamentarios que deben decidir, un posible canje: nombrar a Carlos Cerda -también rechazado por el senado en 2006- para después lograr un cupo de sus filas. En este sentido, quien sigue en carrera de manera silenciosa es Lamberto Cisternas, el mismo que llevó el proceso por la fuga de los frentistas de la Cárcel de Alta Seguridad ocurrida en 2006. Pero con él enfrenta otro problema, porque su hijo trabaja en el estudio de Juan Domingo Acosta, el bufete preferido de La Moneda.

Otro supremo precisó: “Se nota que el gobierno está haciendo agua o está leyendo a Maquiavelo de manera incorrecta”. Fina ironía de un reemplazante de Dios.