Apenas un día después que fueran formalizados los catorce miembros de la supuesta Asociación Ilícita Terrorista detrás del caso Bombas, estando ya en la Cárcel de Máxima Seguridad, el ex fiscal a cargo de la investigación, Alejandro Peña, inició una investigación paralela por la supuesta planificación de homicidio calificado en contra suya y de Gustavo Fuentes Aliaga, El Grillo.

Por oficio, el entonces Fiscal Metropolitano Sur denunció su hipótesis: que Rodolfo Retamales, alias El Garza, tenía la intención de asesinarlo a él y a Fuentes Aliaga, por delatar la “estructura criminal dedicada a la colocación de artefactos explosivos” que motivó uno de los casos más emblemáticos de los últimos años y que esta tarde tendrá un pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema sobre su anulación.

Sin embargo, la investigación, que duró poco más de dos años y por la cual el recientemente renunciado Jefe de la División de Estudios de la Subsecretaría de Interior -tras el escándalo de sobreprecios en la compra de densímetros para detectar droga- tuvo protección personal hasta varios meses después de dejar la fiscalía, terminó en nada, y por si fuera poco, apenas unas semanas después que la otra posible víctima se enterara recién de su existencia.

Amenaza fantasma

Hace poco más de un mes, Fuentes Aliaga, el único de los imputados absueltos del caso Bombas que permanece detenido -por el intento de homicidio de su ex pareja, Candelaria Cortes-Monroy- fue notificado para prestar declaración en una causa donde aparecía como posible víctima de un homicidio calificado.

Antes de eso, “El grillo” no tenía idea de esa amenaza y reclamó por haberse enterado recién dos años después que se iniciara, siendo él uno de los posibles blancos de ese plan. “Para él esto era una causa más de aquellas que se crearon para investigar en forma paralela al caso Bomba., con la única intención de interceptar teléfonos de personas relacionadas”, dice su defensor, el abogado Claudio Aspe.

En efecto, la defensa de Fuentes Aliaga recién tuvo acceso a la carpeta de investigación después de esto, donde se detallan las pericias e informes policiales que investigaron la supuesta denuncia que emanó un testigo protegido desde la Cárcel de Máxima Seguridad.

En la carpeta se encontraron con diagramas de interceptación a varios imputados en el caso y a parte de la red más cercana de Pablo Morales Fuhriman, el supuesto líder de la asociación terrorista, y de “el Garza”.

En uno de los organigramas aparecen los celulares de la hermana y pareja de Morales, además de los teléfonos personales de Retamales, Cortes-Monroy, Francisco Solar y el teléfono público de Sacco & Vanzetti, entre otros.

Protección personal

Por esta causa, la Fiscalía Sur pidió que Peña siguiera con protección personal, a pesar de dejar su cargo e ingresar a trabajar para el ministerio del Interior. Así consta en un documento oficiado el 14 de abril de 2011, cuando el ex zar antidrogas ya llevaba cuatro días como funcionario del ministerio liderado por Rodrigo Hinzpeter, el fiscal subrogante de la Metropolitana Sur, Héctor Barros Vásquez, pidió la asignación de personal especializado de protección personal para Peña por esta causa.

La petición es repetida el 24 de octubre de 2011, cuando la fiscalía vuelve a pedir la protección de Peña argumentando que en julio de ese mismo año ya había acabado la medida.

Sin embargo, un informe de la Dipolcar con fecha 20 de septiembre de 2011, o sea un mes antes de esta petición, concluyó que las diligencias y escuchas realizadas a diversos números telefónicos “no aportaron antecedentes relativos a establecer una organización, planificación o al menos la intención de llevar a cabo un atentado contra el ex fiscal Alejandro Peña, o en contra de los fiscales jefes Francisco Rojas y Marcos Emilfork.

De hecho, la diligencia dice que el equipo investigador “haciendo un análisis general de los antecedentes de esta causa, se percata que el único dato que establece la realización de un atentado contra las personas ya citadas, corresponden a sujetos bajo la figura de testigos protegidos” y que incluso el sujeto C.J.L.M. No estaba dispuesto a declarar en forma oficial como testigo.

Por esta razón, el informe concluyó que “no se pudo establecer en forma fehaciente algún tipo de planificación, organización o intento de atentado contra la vida del ex fiscal Alejandro Peña”.

Según el abogado Mauricio Daza es una investigación creada con la finalidad de ocultarle antecedentes del caso bombas a las defensas, e inverosímil tomando en cuenta que los supuestos implicados “estaban en la cárcel de máxima seguridad, con un régimen muy estricto de control, aislados unos de otros, con encierro 23 horas al día”.

“Antes de esto descubrimos como cuatro o cinco ruc distintos, con investigaciones paralelas al caso. Consultados por eso, la Fiscalía dijo que no había más causas que la que yo había encontrado. Y probablemente no lo sabía”, señaló Aspe.