El intento de la familia de Ronald Ojeda por participar del juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos y el futuro del Tren de Aragua en Chile tras la captura del dictador

En algún punto de Sudamérica. Puede ser en Chile u otro país del continente, los celulares comenzaron a moverse durante las primeras horas del sábado pasado entre el núcleo íntimo de la familia del exteniente venezolano Ronald Ojeda. 

Hace unos meses el nivel de seguridad para ellos se incrementó y se definió no informar sobre su paradero actual. Planificación que se estrechó tras la operación militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas. 

Hubo de todo esa mañana en la familia de Ojeda. Un espiral de emociones que terminó con más temor del que tenían: la detención del dictador venezolano no tranquilizó el calvario que comenzó hace casi dos años en su pequeño departamento de la comuna de Independencia en Santiago. Cuando, la madrugada del 21 de febrero de 2024, una célula de élite del Tren de Aragua secuestró al exmilitar para asesinarlo y dejarlo enterrado en una maleta en “La Invasión”, apodo en clave que esta organización usaba para referirse a la toma Santa Marta en Maipú, donde canalizaban sus operaciones delictuales.

Si bien hubo alegría también hubo miedo. Sensación que no han podido borrar y que con el paso de las horas se ha traspasado a una gran inquietud. Ni siquiera las imágenes de película de Nicolás Maduro llegando a Nueva York esposado de manos y pies con la ropa clásica de los convictos capturados ha podido calmar a la familia de Ronald Ojeda, según fuentes conocedoras del caso. 

Por ello, durante ese sábado y los primeros días de esta semana, una parte de ese núcleo familiar se comunicó con el abogado chileno Juan Carlos Manríquez, quien los ha estado representando como querellante en la causa penal que lidera el fiscal Héctor Barros. Y que ya está en tierra derecha para empezar el juicio contra más de 20 acusados por el brutal crimen, cuyo origen ya tendría acreditado que provino desde el gobierno venezolano. 

Las comunicaciones entre Manríquez y la familia de Ojeda se han centrado en la posibilidad de evaluar cómo ellos podrían validarse en la investigación de la Fiscalía de Nueva York, pues habría un interés de participar del juicio: no existe ninguna duda para ellos que la orden para ejecutar a Ronald Ojeda provino de las altas esferas del Palacio de Miraflores. Desde Nicolas Maduro o su número dos, Diosdado Cabello, quien también figura en la lista de imputados de la investigación norteamericana ligada a narcotráfico y terrorismo. 

“Una parte de la familia me pidió analizar la posibilidad de comparecer ante el tribunal de Nueva York como víctimas directas”, revela a The Clinic, el abogado Juan Carlos Manríquez. 

Para el influyente abogado –que ha participado en varias causas de alto impacto mediático como el caso Farmacias, Fraude en el Ejército, Caso Audios y SQM, entre otros– no es nuevo ir contra Nicolás Maduro. En 2019, representó a varios de los 20 jueces venezolanos que tuvieron que huir de Caracas ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, donde acusó por varios delitos de lesa humanidad al dictador venezolano. 

Para Manríquez hay espacio para anexar mutuamente las acusaciones de Estados Unidos con los antecedentes levantados acá por la PDI y el fiscal Héctor Barros sobre la tranza de poder y crímenes ejecutados por el Tren de Aragua.

“Todavía no se ha hecho la audiencia de preparación de juicio. Entonces, esta puede ser evidencia de apoyo del contexto que describe la Fiscalía y que refuerza la tesis de que es un encargo criminal con orígenes y fines políticos”, asegura el abogado Manríquez, quien analizó las dos acusaciones presentadas por el Gran Jurado en Manhattan.  

En esa línea, aparecen tres nombres que son altamente conocidos en la policía chilena y las agencias americanas como el FBI, la DEA y la CIA: Héctor Guerrero Flores, “El Niño Guerrero”, Carlos Francisco Gómez Moreno, “Carlos Bobby” y Adrián Rafael Gámez Fino o Rafel Enrique Gámez Salas, más conocido como “El Turko”, quien ejercía como jefe del Tren de Aragua en Chile y habría sido el principal escolta de la hija de Diosdado Cabello.

Según las pesquisas policiales, “El Turko” sería el vínculo clave para llegar a las máximas autoridades en Caracas: el número dos del régimen Diosdado Cabello, el ministro de Defensa Padrino López y el fiscal general Tarek William Saab. 

Para el especialista en crimen organizado, Pablo Zeballos, la captura de Nicolás Maduro abre una posibilidad a la fiscalía chilena de llegar a más antecedentes, pero postula que se deben realizar las gestiones con mesura. 

“Un escenario de quiebre y reconfiguración en Venezuela suele abrir grietas, donde predominan los actores desplazados, disputas internas, nuevas cooperaciones, filtraciones e información transaccional y ello puede ayudar a confirmar o descartar hipótesis investigativas”, afirma el autor del libro “Cuando el Crimen Reza”. 

Minutas de Inteligencia apuntan a monitorear Colombia y el reordenamiento del crimen organizado en Sudamérica

La llegada de la poderosa flota naval de Estados Unidos al mar Caribe, a mitad de 2025, no solo ha sido monitoreada por el Ministerio de Defensa en Chile. La cartera que dirige Luis Cordero en Teatinos 220 también ha dedicado tiempo para el análisis y minutas secretas de inteligencia. 

Así, los primeros días de octubre, Cordero se reunió con las dos jefaturas policiales en una reunión reservada para impartir instrucciones estratégicas, avizorando como desenlace lo ocurrido la madrugada del sábado pasado en Caracas con la captura militar de Nicolás Maduro. 

La primera directriz fue instruirles a ambos –el general de Carabineros, Marcelo Araya, y el director de la PDI, Eduardo Cerna– que debían viajar juntos a sus distintas cumbres policiales con la misión de levantar la mayor cantidad de información posible sobre la situación en Colombia y cómo el crimen organizado se estaba reorientando en la región. Esto, a partir de las alertas reportadas al despacho del ministro de Seguridad que avisaban sobre sofisticadas redes de lavado de dinero que estaban mirando a Chile como un país sólido para instalarse. Y no a una crisis migratoria como los asesores del presidente electo instalaron en distintos medios de comunicación.

La primera cumbre ocurrió a fines de noviembre en Marruecos, donde se realizó la 93° Asamblea de Interpol, la que constató un hecho histórico: era la primera vez que un jefe de Carabineros participaba en primera línea junto a su par de Investigaciones. 

El viaje continuó días después, durante la primera semana de diciembre, en Colombia, lugar que fue sede de Ameripol, donde el general Marcelo Araya fue elegido secretario ejecutivo de las policías de América. A su lado estuvo el director Cerna tal como había instruido el ministro Cordero. 

Al regreso se volvieron a reunir los tres con un dossier de carpetas e informes obtenido de sus pares mundiales y otras agencias de inteligencia. Los reportes arrojaron varias directrices. Por ejemplo, que los líderes prófugos del Tren de Aragua como el “Niño Guerrero” y otros de sus subalternos estaban ocultos en algún departamento del país cafetero.  

Pero –de acuerdo a un cercano a Luis Cordero– lo que más preocupaba era la pugna que estaba escalando entre el Presidente Gustavo Pedro y Donald Trump, pues la base de persecución de organizaciones criminales está instalada en Bogotá. Por tanto, una retirada de Washington con su logística y recursos afectaba directamente a Chile. Este análisis no solo se verbalizó en persona, sino que también se dejó por escrito en un reservado informe de inteligencia entregado al Ministerio de Seguridad. 

En ese contexto, se dibujan tres pilares del crimen organizado en Sudamérica: el primero tiene que ver con la producción de cocaína en Colombia. Los indicadores muestran que 2025 fue el año más productivo de esta droga, cuyo destino principal es Europa y Estados Unidos. Para llegar a esas locaciones, los reportes de inteligencia, advierten que el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil son las organizaciones que están a cargo de esa logística a solicitud de las mafias de Italia y Albania.

El último eslabón es el que afectaría a Chile con las redes de lavado de dinero. Las minutas sostienen que estas bandas buscan “economías sólidas” para incrustarse. “Y la nuestra no sólo tiene esas características, también tiene sistemas que ayudan a esconder ese dinero rápidamente”, comenta un analista que ha sido parte de estas reuniones. 

En ese aspecto, la creación de empresa en un día y la posibilidad de tener muchas compañías que ofrecen el multipago son atractivas para el crimen organizado, cuyos modelos se han levantado en recientes investigaciones del Ministerio Público: Tren de Aragua, Mafia China y la red de corrupción de Gendarmería. 

“Es claro que nuestros sistemas de alertas han fallado. No tenemos capacidad para detectar estos movimientos con la Unidad de Análisis Financiero. Por eso es relevante la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario y el plan de inteligencia financiera”, asegura un asesor del Ejecutivo. 

La caída de Maduro acelera las gestiones por la reforma de Gendarmería

Ante la crisis de seguridad y crimen organizado que se vive en América Latina, surge la pregunta: ¿por qué Chile se esfuerza tanto en traer extraditado a los principales líderes del Tren de Aragua?

Y la respuesta coincide tanto en el Ministerio Público como en La Moneda: “Si no los traemos y encarcelamos, la sensación de impunidad es muy alta. Chile tiene que mostrar que los crímenes se pagan en la cárcel”. 

En esa línea, desde el Ministerio de Seguridad han monitoreado con mucha atención los acontecimientos ocurridos en Caracas desde el sábado. La primera instrucción fue observar permanentemente la frontera norte. Aunque –dicen desde Teatinos 220– solo prevén una oleada migratoria si es que se genera una crisis económica en Venezuela. Por tanto, la pugna de poder entre Diosdado Cabello y la presidenta encargada Delcy Rodríguez no debería influir en Chile. 

Lo que sí están planificando es acelerar el debate sobre la nueva institución de Gendarmería que se oficializó tras la red de corrupción que se destapó hace unas semanas. Con el régimen de Maduro casi caído, los análisis sostienen que el Tren de Aragua intentará rearticularse donde mejor sabe desempeñarse: en los centros penales. Por lo mismo, mientras la discusión parlamentaria avanza, las directrices encaminadas por las carteras de Seguridad y Justicia apuntan a tener un permanente monitoreo de los cabecillas en los módulos de Alta Seguridad, vigilar las visitas y mantener un plan de recambio y alternancia de los gendarmes que estén a cargo de sus custodias para evitar situaciones de “corrupción”. 

Esta perspectiva la comparte el investigador Pablo Zeballos, quien indica que una reorganización del Tren de Aragua no es nueva para los policías chilenos. 

“Desde hace algún tiempo la organización viene desarrollando una dinámica de fragmentación y creciente autonomía operativa, potenciando lógicas de “franquicia” más que de control centralizado y eso ha generado pugnas bastante violentas”, dice el experto en crimen organizado, advirtiendo que no se debe bajar la guardia sobre esta banda, que tiene la capacidad para traer nuevos conflictos delictivos.   

“Las células que operan fuera del país de origen–incluidas las que actúan en Chile– pueden verse empujadas a recaudar más recursos, armarse mejor, blindarse territorialmente y elevar los niveles de violencia, no solo para sostener su autonomía, sino también para enviar señales de vigencia y capacidad operativa”, analiza Pablo Zeballos. 

La trenza de poder entre Maduro, Cabello y el Niño Guerrero: Los apuntados por Caso Ojeda

El caso de Ronald Ojeda siempre se ha investigado como un “crimen político”. Desde que el fiscal Barros junto al equipo especial de la BIPE de la PDI descartaron que este caso fuera uno más del crimen organizado, la versión se ha unificado como un encargo desde Venezuela al “más alto nivel” como revancha y castigo para el exmilitar que intentó en dos oportunidades –2017 y 2024– vincularse a una especie de golpe de Estado por uniformados disidentes contra la dictadura de Nicolás Maduro. 

Para el abogado de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, el escrito acusatorio presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ubicado en Manhattan, trae antecedentes relevantes para comprender las dinámicas de persecución empleadas por el gobierno venezolano.

En el documento de 28 páginas vienen al menos 30 puntos que detallan el rol que, según la Fiscalía de Estados Unidos, habrían cumplido Nicolás Maduro, la primera dama Cilia Flores y el número dos del régimen Diosdado Cabello en esta red de narcotráfico y persecución de opositores en la región, cuya logística y cooperación habría sido con el Tren de Aragua, los mexicanos del cartel de Sinaloa y Los Zetas, además de las guerrillas colombianas. 

Por ejemplo, en el punto D del apartado 21 de la acusación del Gran Jurado de Nueva York se relata que Maduro y su mujer “trabajaron juntos para traficar cocaína” entre 2004 y 2015.

“Mantuvieron sus propios grupos de bandas patrocinadas por el Estado conocidas como colectivos para facilitar y proteger su operación de narcotráfico. También ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos contra aquellos que les debían dinero de drogas o que de alguna manera socavaban su operación”, se lee en el escrito judicial americano. 

Mientras que en el punto F aparece la figura de Héctor Guerrero Flores, “El Niño Guerrero”, un conocido para Chile, porque su pista es seguida desde septiembre de 2023 cuando la Fiscalía de Tarapacá pidió una orden de detención por su participación en diversos delitos como secuestro, homicidio y trata de personas. 

Para el Departamento de Justicia, Guerrero Flores alcanzó un protagonismo en Venezuela al trabajar con Walid Makled, uno de los mayores narcos en la historia de Venezuela, entre 2006 y 2008. “El Niño Guerrero” lideró la logística de seguridad para los traslados de droga hacía México y otros lugares de Centroamérica, cuyo destino final era Estados Unidos.

Diosdado Cabello, por su parte, tiene varias menciones en la investigación de Nueva York. Una de ellas apuntó a que entre 2022 y 2024, el ministro del Interior viajó regularmente a “pistas de aterrizaje clandestinas controladas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) cerca de la frontera Colombia-Venezuela para asegurar el paso continuo de cocaína”. 

Así, el uso de esas pistas de aterrizaje y los vuelos eran “aprobados por oficiales militares venezolanos”, cuyos aviones clandestinos fueron diseñados para evitar la “detección de fuerzas de orden” o de inteligencia en América del Sur y Central.  

“En la segunda acusación, la que ingresó el viernes (2 de enero) ante el gran jurado, hay varios puntos en que exponen la relación del poder político, delictivo y transnacional y los vínculos con el Tren de Aragua usados para perseguir esto fuera de Venezuela. Entonces uno de los casos que aparece en ese patrón es el de Ronald Ojeda”, asegura el abogado Juan Carlos Manríquez. 

Y concluye: “Esto está en línea con los tres testimonios reservados, que no se han dado a conocer y están bajo sello a la espera del juicio, y que serían coincidentes en que el encargo llegó desde Diosdado Cabello al “Niño Guerrero”, quien lo baja a “Carlos Bobby” y así hasta llegar a “El Turko”.

En ese contexto, el lunes pasado, el fiscal nacional Ángel Valencia entregó algunas pistas de la estrategia que están diseñando: la causa se divide en tres partes. La primera que está en su proceso final para iniciar el juicio oral con los más de 20 integrantes del Tren de Aragua –detenidos en Chile– que participaron del brutal crimen. La segunda apunta a las 14 solicitudes de extradición que no han tenido aún una respuesta positiva en los diversos países como Estados Unidos, Colombia y Venezuela. 

Mientras que la tercera, y más controvertida, es la que tiene la lupa contra la cúpula política de Caracas – personalizada en Diosdado Cabello–, como la autora intelectual del secuestro y posterior homicidio del exteniente en territorio chileno. 

Es por ello, que, tras diversas conversaciones reservadas entre Barros y Valencia, acordaron acudir a la corte de Nueva York para intentar una misión casi imposible, pero que decidieron mantenerla: solicitar que Nicolás Maduro pueda declarar por el caso Ojeda en calidad de testigo o imputado. Todo dependerá de las nuevas pistas que vayan apareciendo. 

Esta decisión fue bien vista por la familia del exmilitar. Aunque, desde su entorno, han compartido que sienten más esperanza con la investigación en Estados Unidos que la realizada en Chile, pues enfatizan que aquí aún no identifican a todos los culpables, generando varias interrogantes que no han podido ser completadas:

–“¿Quién financió? ¿Quién lideró?” “¿Los piratas del Tren de Aragua o el oficial de contrainteligencia venezolano que todos conocen (Granko Arteaga) y de quien sería la tercera huella levantada que aún no pudo ser identificada?”

Respuestas que también anhela obtener el Ministerio Público en su peregrinaje a Nueva York, donde esperan llegar hasta la aislada celda del dictador Nicolás Maduro.