La caída libre de un exfiscal regional: consumo problemático de drogas, clases privadas a sus alumnos y la petaca de brandy que lo dejó preso en Alto Hospicio

El abogado Roberto Díaz Quintanilla se especializó como defensor de imputados del crimen organizado: su experiencia como fiscal regional y director de la unidad de víctimas del Ministerio Público en Rancagua le dieron una base para acomodarse en el sector privado. 

Un mundo que no escogió por decisión propia, sino que por graves denuncias que arruinaron su meteórica carrera en la que había alcanzado el máximo puesto en una sede regional a los 34 años: fue acusado de llegar en estado de ebriedad a una audiencia y de aceptar dinero en medio de una investigación por un millonario fraude inmobiliario.

Dieciséis años después, su nombre que había pasado casi al anonimato, volvió a explotar en los medios de comunicación. El domingo fue detenido cuando intentó ingresar drogas para un cliente en la cárcel de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá. A más de 1.800 kilómetros de su domicilio en Machalí. 

Todo comenzó unos días antes. De acuerdo a la investigación policial, Roberto estaba en Santiago cuando–supuestamente–recibió una llamada de un ciudadano colombiano, quien le indicó que necesitaba ingresar una mercancía para cinco reos en Alto Hospicio. Al parecer, a uno de ellos lo conocía, porque él lo representó como defensor privado.  

Ese interno era el ciudadano boliviano Rigoberto Muñoz Orellana, quien cumple prisión preventiva en el recinto nortino y la Fiscalía había acusado en enero pasado por el delito de tráfico de drogas, solicitando más de ocho años de cárcel efectiva, por ingresar droga escondida en un camión por la frontera. 

A Díaz le mandaron los pasajes y aterrizó durante el sábado 23 de mayo. Se alojó en una residencial de Iquique y el pago por el “servicio” no fue con dinero: cocaína, alcohol y fiesta habría sido la fórmula. Antecedentes que entregó–de manera no oficial–Roberto Díaz tras la captura. 

Así, después de esa alocada noche, se levantó con algo de resaca, se puso el terno y partió rumbo a la cárcel de Alto Hospicio para concretar su misión. Entre sus pertenencias llevaba 43 gramos de cocaína base y 160 gramos de clorhidrato de cocaína, cuyos envoltorios en papel cuadriculado en poder de los internos eran como tener oro, pues el avalúo alcanzaba los $4 millones en drogas. 

Al llegar a la cárcel parecía tranquilo. Hizo los trámites de rigor y anunció que venía a ver a su cliente y a otros cuatro reos. Antes de ingresar, en un locker habilitado para dejar sus pertenencias, dejó una petaca con brandy. 

Según una de las versiones de su entorno, el equipo detector de metales estaba sin funcionamiento. Por tanto, los gendarmes le aplicaron una revisión manual exhaustiva, lo que detectó los papelillos con droga. Situación que inició un protocolo de seguridad que derivó en su detención.  

“Declaró de inmediato ante Gendarmería, pero no precisó quién se lo había entregado y para quiénes eran”, comentaron a The Clinic, desde su entorno, no considerando el antecedente que el intermediario era un ciudadano colombiano.  

La revisión de sus pertenencias continuaron e incautaron además la pequeña botella con licor. Un match que hizo sentido entre los gendarmes, pues en su reporte detallaron que el exfiscal presentaba un tufo totalmente alcoholizado. 

Más tarde, Roberto Díaz fue entregado a la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Iquique. 

En el calabozo no conversó mucho con los detectives. Sólo se escuchó analizar cuántos días podría recibir de condena o qué formular podría emplear para librar del problema en qué se había metido. Nuevamente, por sus malas costumbres vinculadas a las drogas. 

Adicción que fue confirmada por su familia. La policía contactó a un hermano del exfiscal, quien reconoció que Díaz llevaba muchos años con situaciones complejas asociadas al consumo de drogas y alcohol. 

El lunes pasado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Alto Hospicio. En 58 minutos de audiencia, su situación penal se complicó, ya que fue imputado de tráfico de drogas. Para no quedar en prisión preventiva, el abogado autorizó verbalmente el acceso total a su teléfono privado. Sin embargo, el tribunal consideró que era un peligro para la sociedad y lo derivó a la misma cárcel en la que había intentado ingresar los papelillos con gramos de cocaína.  

Eso sí, la jueza Camila Suazo acogió la última carta del imputado: antes de mezclarse con la población penal–donde están varios de sus clientes–, deberá tener un paso primario por el Hospital de Gendarmería con el fin de que realicen un diagnóstico de un presunto estado de bipolaridad y problemas para conciliar el sueño nocturno.  

De prometedor fiscal a las denuncias por soborno y alcoholismo que “mataron” su carrera en el Ministerio Público

Roberto Díaz Quintanilla, tiene 51 años. Su cumpleaños número 52 puede que lo pase en prisión, si es que no logra cambiar la medida cautelar al 22 de junio próximo. En su entorno aseguran que desde 2014 lucha contra una condición de bipolaridad y un consumo adictivo de drogas y alcohol. Situaciones que al juntarse “explotan” cada cierto tiempo. 

“Esto que le ocurrió en Alto Hospicio fue una bomba de tiempo que ya estaba activada hace tiempo”, dice una persona que lo conoce y prefirió no dar su identidad. Agrega que hace dos semanas venía con conductas erráticas que ni su familia ha podido explicar. 

En ese contexto, a modo de ejemplo, los pasajes aéreos para visitar a sus clientes presos se los administraba su esposa. Pero este último viaje nadie sabe cómo se gestionó.  

El abogado se tituló en la Universidad Bolivariana en el año 2000. Tres años después, ingresó a la Fiscalía de Rancagua, donde inició una “brillante” carrera. 

Pero no partió en el equipo de choque. Es decir, sus primeras armas no fueron como fiscal adjunto, sino que se desempeñó en puestos de asesoría jurídica y en la unidad de víctimas y testigos. The Clinic contactó a uno de sus superiores de esos años y no quiso entrar en muchos detalles, argumentando un “impacto” por lo sucedido, además de guardar respeto por su familia ante el “gran aprecio” que le tenía. Sólo indicó que antes de dar el salto como fiscal regional, sólo participó en algunas diligencias “activas” durante el caso que indagó el crimen del empresario Francisco Yuraszeck, en marzo de 2004. 

En 2005, también ejerció como vocero de la Fiscalía de O’Higgins en medio de otra causa mediática: los abusos a menores cometidos en el Pequeño Cottolengo, que dejó a un sacerdote detenido en la cárcel de Peumo. “Entendemos que el mensaje de (monseñor Alejandro) Goic es ‘dejen que las instituciones funcionen’. Para nosotros fue positivo el mensaje, nosotros lo esperábamos en ese sentido de parte de la Iglesia”, comentó Díaz en agosto de ese año, en una entrevista aEl Mercurio. 

Cuatro años después, se propuso dar el salto a las grandes ligas. En 2008 participó en el proceso para reemplazar al fiscal José Pérez Calaf. Tuvo una buena presentación y los ministros de la Corte de Apelaciones de la Sexta Región lo incluyeron en la terna final, junto al fiscal Rodrigo Mena y el abogado Carlos Castro. 

El recién asumido fiscal nacional Sabas Chahuán eligió a Díaz con el objetivo de renovar los liderazgos en la institución. Pero los problemas comenzaron rápido–aparentemente–asociados a sus vicios y adicciones. 

En diciembre de 2008, cuatro meses después de su nominación como persecutor jefe de O’Higgins, explotó una caso por una estafa avaluada en US$4 millones que afectó a ciudadanos españoles, quienes fueron engañados con supuestos remates judiciales de propiedades y terrenos.  

Se trataba de una causa compleja. Con el paso del tiempo, algunos de los imputados comenzaron a quedar en libertad, debido a que los antecedentes recabados comenzaron a debilitar la posición del Ministerio Público para sostener prisiones preventivas. 

Así, uno de los intervinientes no quedó conforme con ese nuevo escenario y envió una denuncia directamente a Sabas Chahuán, acusando al fiscal Roberto Díaz de haber recibido “dinero” para no oponerse a la libertad de otro implicado en el fraude.

Al parecer estos rumores ya habían llegado al despacho del Fiscal Nacional, quien además contaba con otra denuncia en contra del persecutor regional de Rancagua: en medio de un juicio abreviado por una causa de corrupción en la Seremi del MOP habría llegado en estado de ebriedad, condición que fue percibida por otros abogados y “comprobada” por la grabación de la audiencia. Díaz indicó que sus problemas para modular se debían por fármacos que había consumido.  

Sin embargo, todo esto terminó en un sumario y la suspensión del entonces fiscal Roberto Díaz. Fue un golpe duro para el abogado. Por ello, no quiso esperar el desenlace y presentó su renuncia el 22 de abril de 2010.

“Existe un clima tenso, dañado e irreversible. Se han quebrado todo tipo de confianzas y lealtades entre aquellos y aquellas en los que deposité tan preciados valores (…) no estamos dispuestos a seguir escuchando una serie de rumores y comentarios falsos que dañan mi honra”, dijo en esa oportunidad Roberto Díaz, mediante una declaración. 

The Clinic consultó a Sabas Chahuán para conocer su impresión sobre estas acusaciones e investigaciones internas, pero se restó de una respuesta. 

La nueva vida como abogado y académico

Tras la salida del Ministerio Público, Díaz abrió una oficina como abogado privado. Como su especialidad era derecho penal, optó por convertirse en defensor de imputados vinculados a delitos de tráfico de drogas, pues habría comentado en su entorno que eran los que estaban dispuestos a pagar “más dinero”. De hecho, por cada caso habría puesto una tarifa de $6 millones, con un adelanto de entre $2 a $3 millones. 

Pero su vida no mejoró. A pesar de que intentó continuar con sus características sociales de ser “muy amigo de sus amigos”, simpático y extrovertido, los episodios de salud mental aumentaron por el excesivo consumo de drogas. 

Por estos motivos, en 2015 fue detenido en medio de una agresión violenta a su esposa, quien lo sorprendió consumiendo. Fue imputado por violencia intrafamiliar y la causa terminó en una suspensión condicional. Es decir, libró de ser condenado.  

Esto derivó en que iniciara un proceso de rehabilitación, cuyo tratamiento se tornó intermitente. “Nunca pudo dejar el consumo”, sostuvo una abogada que lo conoció en su paso por la universidad. 

Roberto Díaz no tiene muchos hobbies. Pero sus cercanos coinciden que era un “devorador” de libros. En especial, los de su profesión. Lo definen como un “estudioso” del derecho. Esa fascinación también la acompañó por su gusto de enseñar. 

Luego de abandonar abruptamente la Fiscalía de O’Higgins, se volcó a dar clases y cátedras en su alma mater: la universidad Bolivariana, donde se destacó por los cursos de derecho penal. 

Incluso, también era requerido para participar de instancias finales como los difíciles exámenes de grado. Así, el 14 de mayo de 2021 integró la comisión que aprobó a la “postulante” María Leonarda Villalobos, quien hizo su defensa vía zoom. 

También ofrecía clases privadas y diplomados particulares. Como tenía buena referencia con sus alumnos–a pesar de que algunos notaban sus estados de intemperancia en clases–, le permitían entrar a chats de estudiantes y egresados para invitarlos a sus charlas. 

En uno de ellos escribió lo siguiente en octubre de 2023: “Estimados todos. Mi nombre es Roberto Díaz, soy abogado penalista, mg.en educación y con un grupo de fiscales, jueces de garantía orales y otros docentes estamos preparando un diplomado en procesal penal con mención en litigación penal. Si a alguien le interesa escribanme por interno. Saludos”.

Este curso, al parecer, no pudo ver la luz de manera oficial. En paralelo, ese año, también coincidió con un aumento de desplazamientos hacia el norte, pues comenzó a tener más clientes en Iquique y Alto Hospicio, cuyos imputados destacaban por sus problemas vinculados al tráfico de droga en la frontera. 

Defensa teme por “su vida” si ingresa con población común en cárcel de Alto Hospicio

Los últimos seis meses de Roberto Díaz no fueron fáciles. Sus adicciones no podían ser detenidas por los intentos de rehabilitación. Según sus cercanos, a fines de 2025 vivió un grave accidente que casi lo deja inválido. Por sus excesos habría tenido una caída que derivó en un operación de urgencia al fracturarse unas vértebras de la columna. Por esto, su médico traumatólogo instruyó tramitar una pensión de invalidez en la AFP.

“Camina con dificultad y no puede mover el cuello. Le pusieron varios pernos”, detalló una amiga. En su familia han transmitido que los últimos meses, el abogado ha mantenido conductas erráticas sin “mucha” explicación. 

Eso sumado a que perdió la “chispa” que transmitía y bajó súbitamente de peso. Siempre se caracterizó por un aspecto “macizo”. 

Uno de sus últimos escritos en Alto Hospicio generó curiosidad. La acción judicial era en favor de su clienta Nicol Tapia, quien había sido detenida en enero pasado intentando ingresar marihuana y tusi a la cárcel de esa comuna. 

La estrategia de Díaz apuntó a confeccionar un perfil psicosocial de la imputada que demostrara que no tenía una intención delictual y que esa droga “era de consumo personal”. Así, todo se debía a un descuido personal de ella ir al centro carcelario con las porciones ilícitas en sus bolsillos. Además, destacó que Nicol estaba en proceso de rehabilitación. 

Un relato aprendido y que retrata increíblemente lo que vivió el exfiscal tras ser detenido por Gendarmería, el pasado domingo 24 de mayo. 

Un modus operandis que no les es ajeno, ya que en junio de 2025 consiguió un procedimiento simplificado para Dagoberto Tudela Ríos–otro cliente–, quien fue sorprendido intentado introducir un celular a la misma cárcel. Tras la negociación, el Juzgado de Alto Hospicio aceptó condenar al imputado por sólo 41 días de prisión efectiva. 

Ecuaciones y negociaciones que Roberto Díaz espera se empiecen a conversar pronto con el Ministerio Público para salir del penal. 

Por lo pronto, su primera abogada Solange Moya activó una apelación en la Corte de Apelaciones de Iquique con el objetivo de que el tribunal de alzada conociera con más profundidad la crisis mental que padece el abogado y así lograr que sea trasladado al instituto psiquiátrico José Horwitz en Santiago o quede con arresto domiciliario total. 

Esta posta fue tomada por el exfiscal Álvaro Pérez, quien asumió el patrocinio de Roberto Díaz hace unos días y concretó la acción judicial para sacar de la cárcel al abogado penalista. En el escrito argumentó que el imputado no tiene antecedentes y que sólo se le incautó droga en pequeñas cantidades.

“En los 50 años de su vida es el primer contacto que tiene como imputado, y existen suficientes garantías de que no se ausentará del país ni del procedimiento”, se lee en el documento.

En esa línea, existe preocupación en la nueva defensa, pues la prisión preventiva “afectará su condición síquica” dado los antecedentes médicos del imputado, quien de ingresar a la población penal común quedaría expuesto ante una posible venganza de los cinco reos que resultaron “castigados” por Gendarmería y que eran parte de esta presunta operación de de tráfico de drogas en el centro de reclusión.

“Una bomba de tiempo”, como describen la vida del exfiscal, que aún no se consigue desactivar.