CDE designa a dos abogados anticorrupción para evaluar querella por caso sobreprecios en el Ministerio del Interior

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) designó a dos destacados penalistas para evaluar la presentación de una querella, en el marco de la investigación que lleva la Fiscalía Centro Norte por el millonario sobreprecio que pagaría el Ministerio del Interior en la compra de detectores de droga y que ha provocado -hasta ahora- tres renuncias.

Los encargados de analizar una acción legal serán los abogados Luppy Aguirre y Marcelo Oyharcabal, expertos en casos de corrupción, como también en derechos humanos.

Aguirre, entre otros procesos a su cargo como abogada fiscal, ha debido lidiar con la millonaria estafa del caso Corma, Chiledeportes y contra los militares de la dictadura, en la indagatoria por el asesinato de Tucapel Jiménez y la muerte del ex presidente Eduardo Frei, entre otros. Oyharcabal, en tanto, tiene a cargo la investigación por el millonario sobre precio en la compra de un puente para el bio bio que hizo el ex titular de Defensa Jaime Ravinet, hecho conocido como el “puente vale callampa”.

La señal

El nombramiento de ambos profesionales es una señal del CDE de que el tema de la corrupción en la División de Seguridad del Ministerio del Interior -dirigida hasta la semana antepasada por el ex fiscal Alejandro Peña, quien renunció a su cargo en medio del escándalo revelado por Ciper- es prioridad. A Peña le siguieron el segundo en la línea de mando Felipe Paeza, quien estaba a cargo de la cuestionada licitación y Carlos Álvarez de la Unidad de Crimen Organizado, un ex analista de la ANI. Este último, debió dejar su cargo, ya que en el PC del empresario Alfredo Giacomán –dueño de Tecnodata, empresa que vendería los detectores de droga- se encontró un correo donde hablaba de comisiones a sus amigos que evaluaban la licitación. Su amigo era Carlos Álvarez.

Los profesionales del CDE, confidenciaron fuentes de la fiscalía, ya tienen los primeros antecedentes del caso, con los cuales deberán preparar un informe que será llevado en los próximos días al tradicional comité penal del organismo -que se realiza los jueves- donde se definira el delito por el cual se presentará la acción legal.

La elección del tipo penal es compleja, debido a que la licitación se detuvo y probar un fraude al fisco sólo sería en grado “frustrado”. De allí que el ilícito de “revelación de secreto” es el que hasta ahora cobra más fuerza, ya que todo indica que Giacomán habría recibido internamente los datos para postular a la licitación.

En la misma línea está el fiscal nacional Sabas Chahuán. Este último en una entrevista en TVN, indicó que los actos de corrupción, como pago de coimas, por ejemplo, son difíciles de probar en casos de este tipo por lo que la revelación de secreto sería el delito elegido por el CDE.