Defensor de testigo clave cuenta detalles de los cagazos que se mandaron los detectives en caso de corrupción en la PDI

Abogado Cristián Mardones se refiere también a la propuesta del Gobierno a reformar el sistema procesal penal, específicamente en torno a la calidad o validez de la presentación de las pruebas de parte de las policías, situación que se ha visto cuestionada en este caso que, entre otros delitos, señala la falsificación de datos en reportes de allanamientos o detenciones consideradas por la Fiscalía como ilegales.

Tras el desbaratamiento de la supuesta red de corrupción policial, que tiene hoy a 10 funcionarios de la PDI en prisión preventiva, imputados por delitos de apremios ilegítimos, omisión de denuncia, detenciones y allanamientos ilegales y tráfico de drogas, queda en entredicho la calidad de las pruebas que, en ciertos procedimientos, son presentados ante la fiscalía y los tribunales.

El defensor penal público, Cristián Mardones, quien tiene la representación de Paula Gamboa, la imputada por homicidio frustrado en contra de un policía en marzo pasado, procedimiento que permitió el inicio de la investigación que concluyó este miércoles con los allanamientos de dos unidades policiales y la detención de los ahora ex detectives, da cuenta de cómo descubrió indicios en el relato de su defendida que lo llevaron a pedir ciertas diligencias a la fiscalía, las cuales concluyeron en este escándalo de corrupción y abuso de poder.

-¿Su defendida tiene temor a eventuales represalias, temor por su vida?

“Es un temor que obviamente existe. Es una situación bastante compleja porque el domicilio de ellos queda a pocas cuadras de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Pudahuel. Con posterioridad a este hecho, también se informó al Ministerio Público, se observó movimientos extraños y curiosos en el inmueble, que dieron cuenta testigos de ello, y por el hecho que, evidentemente, cuando uno realiza una denuncia contra un funcionario policial es una situación donde uno queda expuesto. Un particular frente a funcionarios policiales no es una situación cómoda ni fácil. Entonces, existe un temor fundado respecto de ello, sabiendo más aún de los hechos actuales, que su situación es bastante complicada, con un hijo recién nacido, el temor es obviamente mayor”, indica Cristián Mardones.

-¿Cómo fue que usted se dio cuenta que en esta causa había ciertos indicios que lo llevaron a pedir ciertas diligencias a la fiscalía?

“Cuando se realizó la audiencia de control de detención en marzo, al analizar la carpeta investigativa, uno se daba cuenta que lo que se señalaba en el parte policial no era concordante o congruente con los otros medios de prueba que existían. Por de pronto, existía un informe de una denuncia anónima respecto de que se iba a realizar una venta en un domicilio, pero no coincidían bien las direcciones” que supuestamente llevó a los policías al lugar donde se produjo, finalmente, el confuso incidente en el que el detective fue apuñalado, señala.

Un detalle relevante, dice el abogado, es que los policías reportan que “desde un vehículo se entrega droga a la pareja (de Gamboa), pero extrañamente los funcionarios policiales no pueden detener el vehículo y no entregan ningún detalle del mismo, ni patente ni personas que se encontraban al interior. Después, tampoco era congruente la información respecto que el apuñalamiento se había producido en la calle. Al ver la fotografía que estaba en la carpeta se observaba que al interior de la casa había sangre y eso se le hizo presente al tribunal y al Ministerio Público, de que no era concordante el apuñalamiento en la vía pública con lo que existía al interior de la casa”.

Sin embargo, nada de eso pesó a la hora de determinar, por parte del tribunal, la prisión preventiva de los imputados por homicidio frustrado del detective apuñalado. Y fueron muchos otros datos incongruentes entregados en el parte policial que, finalmente, sirvieron para que el Ministerio Público decidiera iniciar investigación secreta en esta causa.

Más antecedentes contradictorios

El defensor Mardones recuerda que “a partir de esto se solicitaron diversas diligencias al fiscal de la causa para corroborar la versión que, desde un primer momento, entregan los imputados (sus defendidos), que de hecho es la que se sostuvo en la audiencia de control de detención y, donde además había un antecedente bastante llamativo, es que estos mismos funcionarios o gran parte de ellos ya habían participado en un procedimiento anterior en contra de estas mismas personas. O sea, conocían la casa, conocían los integrantes y conocían, aparentemente, que en esa casa podía haber droga o dinero”.

Así se logró establecer que la supuesta llamada anónima recibida en la unidad policial, que indicaba que estas personas iban a recibir droga, y que habría sido hecha desde Colina, nunca se realizó.

Además, se pudo aclarar que una de las personas detenidas en ese domicilio, no correspondía al núcleo familiar de Gamboa, y que se encontraba extrañamente en ese minuto en el lugar, había sido objeto de un procedimiento horas antes. “Y en la conversación con ella se pudo determinar que efectivamente fue contactada por los funcionarios policiales y habría sido conminada para efectos de colaborar con ellos en la información respecto de esa casa a la cual ella iba a ir y se iba a encontrar droga o no”.

-Se habla de golpes, de torturas producidas ese día. ¿Qué se pudo constatar de eso?

“Ese es otro antecedente que fue bastante potente al momento del control de detención, donde todos los imputados venían con lesiones, todos. O sea, estas personas que supuestamente habían enfrentado a los funcionarios policiales, todos ellos tenían lesiones de importante magnitud. De hecho, al único hombre del grupo, se señaló que había sido objeto de una especie de asfixia con bolsas en la unidad policial y, además esta persona, de acuerdo a lo que con posterioridad los testigos del hecho, que ocurre en la vía pública por lo que mucha gente lo pudo ver, fue objeto de una golpiza por lo cual nunca pudo entrar a la casa, él queda inconciente en el exterior de su domicilio”, explica el defensor Cristián Mardones.

De hecho, también llamaron mucho la atención, agrega el abogado, “las innumerables lesiones que tenían las mujeres embarazadas, (Paula Gamboa y su hija, ambas con cinco meses de gestación), tenían golpes en sus ojos y tenían sus ojos morados”.

-Su defendida ha sido pieza clave para poder develar esta red de corrupción policial. ¿Cómo está afrontando esta situación y cómo ha vivido ella este proceso de denuncia?

“Ella, cuando queda en prisión preventiva en marzo, tenía cinco meses de embarazo. Cuando queda en libertad y se sustituye su medida cautelar en julio, es prácticamente a pocos días antes de tener a su hijo. Le ha significado el tener que abandonar su casa. Además, en su casa tenía un pequeño local que en estos momentos, obviamente, no puede trabajarlo. Le ha significado dejar de ver a su hija, que también estaba embarazada y que tuvo a su hijo pocos días después. Significa que vio desintegrada su familia, porque dentro de las otras personas detenidas estaba su pareja, su hermana, es decir, prácticamente todo el núcleo familiar”.

Mardones agrega que “le ha significado el saber que declarar contra funcionarios policiales es un tema no menor, bastante fuerte y potente”, pero asegura que aquí no sólo está la declaración de su defendida, sino que hay otros antecedentes que se aportaron, como declaraciones de otros testigos, que dieron coherencia al relato de Paula, “pero no cabe duda que, desde el punto de vista humano, ella ha sido la persona que más ha sentido toda esta situación”, dice el abogado.

-¿Cómo observan ustedes esta reforma a la reforma procesal penal, que se pretende hacer por parte del Gobierno, específicamente en relación a facilitar la presentación de ciertas pruebas, sobre todo viendo este caso que muestra que no necesariamente la prueba presentada es verdadera o legalmente obtenida?

“Es un gran tema, obviamente para los defensores, es un tema super sensible. Precisamente, porque uno tiene que partir de la base que la prueba que se adquiere uno no sabe cómo se adquiere, es decir, ya no estamos en las épocas antiguas en que uno confiaba ciegamente en la forma de obtener la prueba por parte de los funcionarios policiales. Entonces, cuando existe ya ese cuestionamiento, que es válido, y el sistema se basa en que uno tiene que cuestionar, por eso existe una audiencia de control de detención, sino no sería necesario y tendríamos que asumir que todas las detenciones son legales. Como no lo asumimos, y tenemos un proceso que se basa sobre la base de los contrapesos, esto significa que todos los intervinientes tenemos, a su vez, una fiscalización del otro interviniente”, explica el defensor penal público.

Pero agrega que, “en este mismo caso, si uno se coloca en esta situación, si no se hubiera develado esta corrupción, cómo se habría agregado esa prueba al juicio, y qué es lo que habríamos tenido en contra de mis representados: la declaración de funcionarios policiales que obtuvieron prueba ilegítima. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando quiere hacer reformas, porque cuando uno mueve una pieza, no solamente está moviendo esa pieza, está moviendo otras piezas también”.

Según el abogado de la testigo clave de este caso, “el sistema funciona como lo tenemos al día de hoy. Todos los casos son distintos, todos los casos tienen bemoles distintos, pero yo creo que no es una buena política el pensar reformar, porque los cambios que se provocan en un lado, se provocan también en otro. Generalmente, los cambios son para entregar más facultades, lo que significa disminuir facultades a otro de los intervinientes. Y nos habría encantado que esto no hubiera ocurrido pero, muestra que efectivamente, más tarde que temprano, el sistema funciona”.

-Entonces el sistema es perfectible.

“Lo que a nosotros, como defensores obviamente, nos interesa son siempre los derechos y las garantías de todos los ciudadanos, y siempre que no signifique la pérdida de los mismos. Obviamente, un sistema tiene que propender siempre al fortalecimiento de estos. Cuando se hace un cambio sólo pensando en un sector lo que se hace, en definitiva, es fortalecer y debilitar. Creo que el sistema no lleva mucho tiempo, hay que pensar que en la legislación comparada, en otros países los sistemas procesales penales llevan muchos más años que el nuestro. Nosotros, en la Región Metropolitana, empezamos recién el año 2005, que puede parecer mucho tiempo, pero judicialmente es muy poco. Entonces, primero veamos cómo funciona, y cuando tengamos un diagnóstico, que hasta este momento todavía no tenemos, sino sólo diagnósticos parciales, cuentas que se rinden a final de año, pero que son respecto de las cuentas que uno quiere rendir. En la medida que veamos el sistema como un todo, yo creo que efectivamente eso (los cambios) se puede hacer”, concluyó el defensor.