Reportaje de investigación de CIPER CHILE

En 2009, CIPER reveló cómo 80 poblaciones de la capital viven al margen del Estado. Tres años después volvimos a terreno y anexamos estadísticas de Carabineros y la PDI. El resultado: la situación sigue igual o peor. Ahora son 83 poblaciones y tres macrozonas donde el temor aprisiona a sus habitantes. Sin servicios básicos ni presencia policial, están a merced de pequeñas bandas de traficantes que han hecho de esas zonas su centro de operaciones a punta de balas y amenazas. Sepa cómo los narcos se han adueñado de las zonas más vulnerables para asegurar y aumentar su lucrativo negocio ilícito.

El jardín infantil Raúl Silva Henríquez, en el sector San Luis de Quilicura, es como cualquier otro: sillas de colores, balancines y unos 60 niños que corretean y entran y salen de las salas. Hasta que suena el primer disparo. Entonces, Daniela Valenzuela, la directora del jardín, corre al patio donde cuelga una campana y enciende la alarma. La parvularia Ivonne Andrade tira de una cuerda de la que se afirma cada uno de los niños y los guía hacia la sala que está al fondo del recinto, al tiempo que otras les cantan para hacerles creer a los pequeños que no es más que un juego. Al llegar a la sala, Ivonne los hace tirarse al suelo. Algunos lo hacen entre risas. No saben que, si se quedaran de pie, una bala perdida podría volarles la cabeza.

-Lamentablemente es algo común y parte de lo que estamos viviendo aquí –dice Daniela Valenzuela.

Afuera del jardín, marcas de balas adornan rejas y muros de los blocks de las cuatro poblaciones que componen el sector: Parinacota, Raúl Silva Henríquez, Pascual Gambino y El Mañío. Al primer sonido de balacera, sus habitantes imitan el ritual del jardín infantil: corren al dormitorio más alejado de puertas y ventanas, ¡y al suelo! Para ellos, como cuenta Aurora, vecina de la Parinacota, no es ningún juego: “Después de tirarnos no nos queda otra que rezar”.

Los pistoleros que cada semana hacen estallar la violencia en estas cuatro poblaciones de Quilicura, pertenecen a alguna de las dos bandas rivales que se disputan el control del sector para vender pasta base: Los Chubis y Los del Cojo Juan. Ellos manejan una parte de un mercado que, según datos oficiales, es ambiguo. Mientras la información del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), indica una baja leve en el consumo de pasta base a nivel nacional en los últimos años –de 0,7 a 0,4 entre 2000 y 2010–, informes de la Policía de Investigaciones (PDI) señalan que en el último año los decomisos han aumentado un 32,5% y que las detenciones de menores involucrados en delitos de drogas han crecido un 56%.

En el barrio casi todos conocen a los miembros de cada banda, pero nadie se atreve a denunciarlos. Los pocos que lo han hecho, han terminado peor. Como le ocurrió a Elena, que pidió a CIPER que le cambiaran el nombre –como la mayoría de los entrevistados durante esta investigación– por temor a represalias. Ella puso hace unos meses una denuncia en Carabineros contra uno de los jóvenes de las pandillas. Dos días después, bajo su puerta había una carta anónima con los nombres y direcciones de sus familiares. Decidió nunca más enfrentarlos.

Al otro extremo de Santiago, justo en el límite de La Pintana y La Granja, el miedo es el mismo. El 29 de marzo, Día del Joven Combatiente, John Boles, párroco de la Iglesia Santo Tomás Apóstol de La Pintana, se acercó al altar, se persignó y como si fuera parte de un ritual, abrió el sagrario y sacó las hostias y el cáliz para resguardarlos en la casa parroquial. Lo secundaban feligreses que cargaban equipos de sonido y todo aquello de valor. Temían que Los Guarenes y Los Phillips, las dos pandillas que disputan el control de la zona (supuestamente desbaratadas en 2007), saquearan nuevamente el lugar, tal como lo hicieron meses antes.

El 11 de septiembre de 2011, unas 100 personas con palos, piedras y armas de fuego, botaron la reja del templo y arrasaron con puertas y ventanas. Se llevaron todo: equipos de amplificación, muebles e incluso la comida destinada a los más pobres del barrio, incluyendo el refrigerador. A Boles y a los aterrados feligreses que lo acompañaban, no les quedó más que observar el saqueo desde el cuarto piso del edificio que alberga las oficinas parroquiales. Aunque cerca de 20 carabineros custodiaban el supermercado Santa Isabel, frente a la iglesia, ninguno se movió para ayudar al sacerdote y los vecinos atrapados.

-Llegaron cuando ya se habían robado todo. El jefe de la policía dijo que no podían hacer nada porque pertenecían a la comisaría de La Granja y la iglesia está en La Pintana –relató Boles a CIPER.

En 2009, CIPER descubrió que al igual que esos 60 niños de Quilicura y los feligreses de la Iglesia Santo Tomás, en la Región Metropolitana vivían más de 660 mil personas repartidas en 80 poblaciones donde el hacinamiento, el abandono de las autoridades y la violencia asociada al tráfico de drogas son lo cotidiano. Zonas donde carteros, taxistas, choferes del Transantiago y otros servicios básicos no se atrevían a entrar y los vecinos vivían presos en sus propias casas por balaceras, robos y otros delitos. Llamaban a las policías y no llegaban. Lo mismo con ambulancias y bomberos. Lejos de colegios, consultorios, bancos, supermercados, farmacias y centros de pago, y entre sitios eriazos y basurales, eran zonas abandonadas por el Estado donde la única ley era la de aquellos que las han ocupado: la del narco.

A tres años de esa investigación, CIPER volvió a esas zonas y constató que el escenario es aún peor. Si en 2009 eran 80 poblaciones, hoy se han sumado otras tres a la lista (ver mapa). En algunos sectores la situación se ha consolidado al punto de configurarse al menos tres macro-zonas ocupadas: San Luis, en Quilicura; Santo Tomás, en La Pintana; y Bajos de Mena, en Puente Alto. Juntas albergan a 76 villas que en total suman más de 220 mil residentes, casi el mismo número que el total de habitantes de la Región de Atacama. Allí hay cordones de cuatro y hasta 49 poblaciones donde las bandas de microtraficantes se han adueñado del territorio, arrasando con las débiles estructuras sociales.

CIPER se internó nuevamente en estos sectores para buscar la causa a los síntomas de abandono gubernamental y miedo. Para eso, geo-referenciamos más de 11 mil delitos investigados por la PDI en 2011, cifras que cruzamos con las de delincuencia de Carabineros. El resultado: al interior de estas poblaciones son muy pocas las denuncias. Los vecinos temen represalias y desconfían de las policías. ¿La causa? El narcotráfico y la espiral de violencia que las bandas han desatado para mantener su control.

De Bolivia a la población

Los habitantes de la población Parinacota, donde según los datos de la PDI que procesó CIPER se cometió el 9,9% de los delitos registrados en la comuna de Quilicura en 2011, dicen que cada jueves por la madrugada despiertan con el ruido de una moto. Al sur de la capital, en la población San Gregorio de La Granja, cuentan que los sábados se pueden ver bengalas que lanzan en cuatro puntos (siempre diferentes) de la población. Distintas señales para un mismo acontecimiento: la llegada de un nuevo cargamento de droga.

Según estadísticas de la PDI, la incautación de pasta base, la droga que más se consume en las poblaciones, aumentó de 3.000 a 3.975 kilos entre 2009 y 2011. Y sólo en el norte, en lo que va de 2012, lo decomisado se ha quintuplicado respecto del año pasado: de 359 a 1.648 kilos. Ello se traduce en casi 14 millones de dosis más que en 2009. Si se considera que esas cifras no incluyen lo que sí llegó a las calles, la conclusión es clara: a Chile está llegando más droga. Y la ruta es por el norte.

-Ha empezado a entrar más droga boliviana que peruana al país. Ahora, los burreros por regla general son bolivianos. Lo que también se corrobora con el ingreso de droga que ahora se hace por Calama, por su cercanía con Bolivia, y no por Arica e Iquique como era antes –explica Héctor Barros, fiscal jefe de Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Zona Sur de Santiago.

La PDI estima que de lo incautado, más del 60% de clorhidrato de cocaína y sobre el 75% de pasta base proviene de Bolivia. Lo que no se decomisa llega a poblaciones periféricas de las ciudades, como las 83 zonas ocupadas detectadas por CIPER en Santiago: el espacio ideal para acopiarla y distribuirla.

El diagnóstico en terreno de fiscales y policías fue ratificado por un informe que emitió a fines de julio la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos: Bolivia desplazó a Colombia en entre los mayores productores mundiales de cocaína y hoy ostenta el segundo lugar, sólo superado por Perú. Otro dato se agregó al nuevo análisis: Argentina lidera las estadísticas sudamericanas de consumo de cocaína y sus derivados de acuerdo al último Informe Mundial de Drogas de la ONU. En este escenario regional, no resulta extraño que en Chile el mercado de la droga vaya en aumento: si antes nuestro país era usado principalmente como ruta para llegar a Argentina y el Atlántico, hoy es visto también como un mercado en sí mismo.

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