Países productores de marihuana ven con expectación cambios en Estados Unidos

Siete días después del referendo llevado a cabo en Colorado y Washington (EE UU), mediante el cual fueron legalizados en esos estados la producción y el comercio de la marihuana, los mandatarios de Belice, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México han demandado a la comunidad internacional una revisión de sus políticas antidroga por las implicaciones en los países que padecen la violencia de los carteles del narcotráfico.

“Resulta necesario analizar a profundidad las implicaciones sociales de políticas públicas y de salud general que se derivan para nuestras naciones, de los procesos en marcha en el ámbito local y estatal en algunos países de nuestro continente, para permitir la producción, consumo y distribución legal de marihuana, lo cual, constituye un cambio paradigmático por parte de tales entidades, respecto del régimen internacional vigente”, ha manifestado a nombre de sus colegas el presidente Felipe Calderón, quien recibió en la residencia oficial de Los Pinos a Dean Barrow, primer ministro de Belice, a Laura Chinchilla Miranda, presidenta de Costa Rica, y a Porfirio Lobo Sosa, presidente de Honduras.

El manifiesto de los mandatarios centroamericanos, en que también se incluyó al presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, invitado a la reunión pero imposibilitado a asistir por la situación derivada de los seísmos de la última semana, lleva por nombre Declaración sobre el Fortalecimiento de la Cooperación Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

En su proclama, los mandatarios también solicitaron al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que presente a la brevedad los resultados del Estudio Hemisférico sobre Drogas, y que este incorpore un análisis sobre el impacto “en nuestros países de nuevas políticas”, como las de Colorado y Washington. Asimismo, los mandatarios respaldaron la propuesta para que la Asamblea de las Naciones Unidas celebre a más tardar en 2015 una sesión especial “con el objetivo de evaluar los logros y las limitaciones de las políticas actuales para enfrentar el problema mundial de las drogas. En particular, la violencia que genera la producción, el tráfico y el consumo de drogas en todo el mundo”.

Los mandatarios calificaron a la delincuencia ligada al narcotráfico como “la más grave amenaza que actualmente enfrentan los estados y las sociedades de nuestra región, especialmente, por la violencia que ésta utiliza para llevar a cabo sus actividades delictivas, representando un grave problema para la salud pública, el crecimiento económico y el desarrollo, la seguridad, las instituciones democráticas de nuestros pueblos y la convivencia entre nuestras naciones”.

En paralelo con la elección presidencial de Estados Unidos del pasado martes, los electores en Colorado y Washington llevaron más allá de lo visto hasta hoy la permisividad en torno a la marihuana. En Estados Unidos, 17 estados y el Distrito de Columbia ya aprobaban su uso “medicinal”, pero tras el referendo se abrió el escenario para legalizar plenamente su producción, comercialización y consumo.

Desde noviembre del año pasado, en distintos tonos los presidentes Juan Manuel Santos de Colombia, Pérez Molina de Guatemala, e incluso el de México, país envuelto en una espiral de violencia que ha costado la vida a alrededor de 60 mil personas, se han manifestado a favor de revisar el modelo de combate a las drogas. Los llamados de los mandatarios han ido desde el reclamo de Calderón, quien en una participación en la Asamblea de la ONU en septiembre reclamó una revisión del modelo “prohibicionista”, hasta la propuesta de Santos y Pérez Molina para discutir la legalización de algunas sustancias.