Las irregularidades laborales, académicas y legales que llevaron el 2001 a la U. SEK de Jorge Segovia al ojo del huracán en España

El año 2001 no fue un buen año para Jorge Segovia en España. Su universidad, la SEK, del mismo nombre que la que posee en Santiago fue altamente cuestionada en el país ibérico por irregularidades académicas, denuncias de faltas laborales y querellas legales. Un reportaje de El Mundo de ese año, mostró los antecedentes de cómo el actual dirigente de la ANFP maneja sus negocios educacionales.

Texto original de ElMundo.Es del año 2001.

*Reportaje contiene modismos españoles

«¿Cree que el matrimonio está anticuado y debería abolirse?». «¿De niño, fue alguna vez descarado con sus padres?». «¿Ha hecho alguna vez trampas en el juego?». «¿Se lava siempre las manos antes de comer?». «¿Es (o era) su madre una buena mujer?».

A cuestiones de esta tipo tienen que responder los candidatos a profesores en la Universidad SEK de Segovia. El sesudo cuestionario, el postrero filtro, el delirante test es la punta del iceberg en una montaña de denuncias que atufan y amenazan con enlodarlo todo.

Tres años después de que la Institución Educativa SEK instalara su sucursal en España, al imperio chileno de la enseñanza (17.000 alumnos en 11 países de todo el mundo) le han crecido los enanos pidiendo democracia institucional y la empresa, con su director Jorge Segovia al frente, ha tirado de guadaña: 22 despidos (cuatro de ellos del comité de empresa, otro del comité de huelga). Cinco sentencias en contra. Seis actas de infracción de la Inspección de Trabajo… Y subiendo.

Resisten el embate por enésimo día profesores y alumnos. Levantados en armas llevan ya cuatro semanas en huelga. La tregua actual, con los exámenes de por medio, no ha ablandado el pulso: el pasado martes hubo 10 despidos más.

«Aquí se practica la ilegalidad de forma constante. Un ejemplo, el 70% de los contratos son por obra y servicio», dice Alberto de Francisco, profesor de Ciencias de la Información y portavoz de los huelguistas. «La empresa no tiene ninguna intención de negociar con nosotros. Su táctica: despedirnos a todos aunque estemos manifestándonos, poco a poco, ir sustituyendo a la gente; en un mes o dos, la asamblea se convocará y el comité de huelga quedará revocado».

Parálisis institucional

Despidos improcedentes, no renovación de contratos por causas extrañas, persecuciones sexistas, sobrecarga lectiva, incumplimiento de los estatutos… Todo está en un incendiario informe elaborado por los docentes, jugando en estas fechas sus últimas cartas y pidiendo ayuda a políticos, Ayuntamiento y Gobierno regional.

A la lista de quejas se suma además el letargo institucional. Desde su inicio, en 1997, la universidad sólo ha convocado una reunión del Consejo Académico, órgano democrático de dinamismo que, según los estatutos de la SEK, debe constituirse una vez al menos cada tres meses.

«La criba empezó cuando planteamos la necesidad de convocar elecciones sindicales, la empresa presentó una candidatura que perdió y comenzó la cacería», explica Joaquín Trapero, doctor astrofísico expulsado. «A nosotros, los profesores, se nos impedía hablar con los alumnos por los pasillos, nos decían que les comíamos la cabeza».

La apisonadora principió por arriba. A los decanos se les arrebató la potestad de fichar a su gente y se implantó, entre otros filtros, el test psicológico del matrimonio y de la buena madre. Carlos Díaz Güell, decano de Ciencias de la Información, en agosto, y Javier Pita y Fernando Béjar, después, fueron echados de la universidad. Ya hay una sentencia que condena a la SEK ha readmitir al primero. En una carta conjunta previa a su cese, los tres decanos denunciaban «un ambiente de tensión irrespirable» y «unos hechos intolerables».

A sentarse a negociar tocan. Aunque sea por los alumnos que pagan unas cuotas de elite cada curso. La condición para iniciar las negociaciones: readmitir a los miembros del comité de empresa represaliados.

En limpiar la imagen se afana ahora la institución. La Universidad privada SEK de Segovia se suicida con la mala imagen de la purga, advierten algunos padres, y la diáspora se barrunta en la matriculación del año que viene, 1.500 universitarios pagando hasta 900.000 pesetas por curso. Este periódico intentó ayer recoger la opinión del centro. Sin éxito.

APOYOS

«El dueño, Jorge Segovia, cree que esto es una fábrica de tornillos»

La polémica envuelve a esta entidad desde que llegó a España. Aprobada en 1997 por las Cortes de Castilla y León, el nacimiento de la Universidad SEK de Segovia llegó después de una ruidosa tangana familiar.

El hijo, Jorge Segovia Bonet, empresario español de relumbrón en América Latina y actual director del centro, se enfrentó a su propio padre, Felipe Segovia Olmo, presidente de la Institución Educativa SEK y propietario de la Universidad Camilo José Cela. A bocados anduvieron, con querellas criminales padre e hijo de por medio. Y ante los tribunales planteó la inhabilitación de su progenitor por problemas mentales.

Segovia junior engordó el negocio en el Chile de los años 80. Sus formas y su salto a España ya están levantando voces de queja.

Según una denuncia remitida el 30 de noviembre pasado por el comité de empresa al Consejo de Universidades, la entidad universitaria privada -declarada en nuestro país como «entidad sin ánimo de lucro»- tiene contratados los servicios de otra empresa, Servicios Internacionales Permanentes de Restauración y Mantenimiento (SIPRYM S.A.), para todos los asuntos que tienen que ver con cafeterías, residencias de alumnos, limpieza, fotocopiadoras…

Esta sociedad, según la denuncia, «tiene sede oficial en la misma universidad». Como director general de SIPRYM S.A. figura Ramiro Núñez, cuñado del propio Jorge Segovia.

Habla Díaz Güell

«El dueño de la SEK no está dispuesto a reconocer la legislación de este país y el Estado de Derecho», comenta a este periódico Carlos Díaz Güell, ex decano de Ciencias de la Información puesto de patitas en la calle. «Cree que esto es una fábrica de tornillos, le hablas de libertad de cátedra y nada, dice que la universidad es su casa, su empresa y que él hace lo que quiere, lo que le da la gana».

«Hay una ley que reconoce las universidades privadas, donde también aparece que no vale todo y que han de ser vigiladas», explica. «Hay una aberrante falta de diálogo que ha implantado en la universidad. Y las autoridades locales y regionales están dando a entender que esto no va con ellas… Toda su actividad empresarial procede de Chile… Y no se puede admitir que venga un sujeto con botazas pisando a todo el mundo».

«¿Quién es?» «Soy la desgraciada»

Una de las empleadas que estuvo trabajando en el centro ha llevado a la Inspección de Trabajo su caso, una kafkiana relación laboral que ha terminado en una denuncia con todas las de la ley.

Ella llamaba al despacho del jefe. Y esperaba que le preguntaran.

-¿Quién es?

-Soy la desgraciada.

Según Gema C.T., una secretaria que estuvo con un contrato temporal de seis meses, Alejandro Bermúdez Medel, decano de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural y secretario general de la universidad, le obligaba a pasar por el mismo calvario cada vez que llamaba a su despacho.

En su escrito, la denunciante recoge que recibió «presiones y amenazas por el hecho de hacer uso de los derechos como trabajadora».

Su relato indica que en dos ocasiones tuvo que pedir la baja por enfermedad.

«La primera era una baja de dos días y la respuesta del individuo citado fue ordenarme la reincorporación inmediata por considerar que medio día era más que suficiente. Aparentemente no era un buen momento para ponerme enferma. La segunda se me hizo saber directamente que mi permanencia en la empresa se vería amenazada por la petición de baja. Parece que la amenaza se ha cumplido».

Y prosigue: «Las presiones y amenazas ya se habían producido al poco de llegar a la empresa con motivo de un permiso de dos días por ingreso de un familiar en el hospital; este permiso, por supuesto, estaba amparado por la legislación vigente (…) Las vejaciones y el trato humillante que ha dispensado no sólo a la firmante de estas líneas sino a casi todo el personal a su cargo culminaron con la orden de seguir el siguiente procedimiento siempre que entrara a su despacho: llamar a la puerta, esperar la pregunta de ¿quién es? y contestar: soy la desgraciada».

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