Por Mario Domínguez, Federación de Estudiantes Universidad de Valparaíso.

En una primera instancia debemos establecer que la llamada “ley de resguardo del orden público” no es una formación jurídica coyuntural. Pecaríamos de una ingenuidad histórica horrorosa si la practica habitual que pretende desplegar esta ley no fuera percibida como un momento de enlace con las formas bajo las que se ha constituido cierta idea de nación en Chile, cierta idea de chilenidad.

Trabajemos esto.

Sin duda alguna esta cuestión se remonta a acontecimientos históricos de larga data; el problema de lo nacional como una representación cívica, moral y política de la unidad estatal es uno de los debates que constituyen la identidad de las formaciones sociales latinoamericanas. La idea de nación en Latinoamérica lejos de ser un presupuesto, siempre es un mito, un ideal. Las clases dirigentes de la independencia no se caracterizaron, por cierto, de cumplir una labor modernizadora y democratizante. Más bien asumieron el progreso moderno y la reformulación de los estados como una tarea meramente comercial, de independencia económica respecto de un centro molesto, paternalista y usurero.

Tal independencia dificultosamente asumió dentro de sus prioridades un espíritu cívico e ilustrado y por lo tanto se anquilosó en una república a medias, lejana a los valores eurocéntricos que inspiraron su existencia y renuente mas aún de valores prehispánicos o indocriollos que pudiesen vitalizar y dotar de tradición y cultura viva, originalidad y soberanía a la naciente patria mestiza.

Así el proceso de articulación de una cohesión nacional vino de la mano de la mezquindad de los intereses oligárquicos y terratenientes, de su complacencia y quietud. La articulación de la república estaba imposibilitada por la existencia de la gran propiedad que coartaba el desarrollo de un proceso modernizador y por consecuencia la incapacidad de constituir una sociedad civil reflexiva y politizada que pudiese ser sujeto de representación política y jurídica.

Debemos establecer también que las formas jurídicas son históricas y determinadas, es decir, son el resultado de un movimiento inmanente, inacabado y perpetuo de la humanidad. Son la representación de las relaciones culturales, económicas, morales y políticas de una sociedad determinada y por tanto son expresión de las fuerzas hegemónicas, dirigentes de dicha sociedad, de sus relaciones y conflictos. Las formaciones jurídicas y legales son, por lo tanto, la abstracción o representación teórica de un consenso. No debemos entender este “consenso”, como un “mero acuerdo” de partes, el consenso al que nos referimos tiene que ver con la operatividad de un consentimiento del cual se desprende la existencia de grupos sociales y clases a los cuales algunos intelectuales, entre ellos A. Gramsci han denominado “subalternos”, es decir, que asumen como propio el discurso de las clases dirigentes.

La historia de las clases subalternas por lo tanto ha sido objeto de profundo debate en las ciencias sociales y la historiografía. Su comprensión nos ha permitido apreciar a los estados nacionales no como unidades orgánicas irrefutables, sino que le ha podido otorgar un sentido crítico y cierto a las tensiones por las que dichos estados están atravesados.

Sin ir mas lejos debemos recordar aquella opinión que Diego Portales tenía de la república. El llamado “peso de la noche” no era mas que el escepticismo político y poco republicano atravesado por la prepotencia de su posición social emergente, frente a un estado atrasado y falto de progreso. La solución portaleana excede toda legalidad, mas bien, tuvo que disponer de una legalidad propia para encumbrar un proceso de disciplinamiento nacional, en cuyo fondo se propicia una idea de nación que sintetiza aquella tensión histórica de la república: una modernización financiera e industrial primaria en la base de relaciones civiles coloniales y poco democráticas.

Un proceso de modernización es siempre regresivo y condenado al estancamiento sin una sociedad civil democrática que pueda impulsarlo y darle vida. El escepticismo portaleano, expresión de su severidad, contenía en su seno el retroceso político y económico. Sus consecuencias son tan amplias que solo a mediados de siglo XX y bajo el rol politizador del movimiento obrero, se empieza a reformular nociones tan anquilosadas como la unidad productiva de la tierra de la mano de la reforma agraria.

Debemos detenernos en este punto, por un momento. Nos parece necesario denotar una tesis central en la presente exposición. La nación. Como formación social en permanente resignificación, a partir de fines de siglo XIX en adelante, empieza a ser víctima de un relato subterráneo. En efecto. Salvo en las tesis de Bilbao, Vicuña Mackenna, Arcos y el activismo de ciertos liberales a mediados del siglo XIX, no se puede hablar de un proceso masivo de politización y constitución de una sociedad civil de mayor envergadura que el que tuvo el movimiento obrero chileno a partir de finales de siglo XIX y principios del XX.

La labor del movimiento obrero, del sindicalismo y de los partidos de izquierda con especial protagonismo del Partido Comunista de Chile en la constitución de una ciudadanía efectiva fue decisiva para la historia de este país. Al contrario de las demás naciones latinoamericanas, el movimiento obrero chileno no dependió nunca (salvo posteriormente en la dictadura pinochetista) de “movimientos de liberación nacional”, entonces caracterizados por su caudillismo militar, dispersión ideológica y de intereses. El movimiento obrero chileno se caracterizó por su composición masiva y civil, partidista y democrática, lo que hablaba de un proceso de maduración, complejización y riqueza republicana que pocos movimientos de izquierdas en el mundo habían logrado constituir.

Estábamos en frente de un grupo social alterno -ya no subalterno-, autónomo políticamente -autonomía entendida como la capacidad de articular un relato propio de la vida nacional y oponerlo al de la clase dirigente- y, como aspecto relevante, un movimiento dispuesto a constituir una mayoría nacional, a partir de alianzas amplias y progresivas.

¿Que tiene que ver la Ley Hinzpeter con los elementos que acabamos de mencionar? Su relación en profunda y directa. La dictadura militar de Augusto Pinochet significó la destrucción de una idea de chilenidad que se venia forjando desde principios de siglo XX, su desarticulación por miedo del miedo, la tortura y la excepción legal dieron paso al exterminio de los valores cívicos y republicanos construidos hasta el gobierno popular de Salvador Allende. Si bien podemos decir que el proyecto de la Unidad Popular carecía de un consenso social avasalladoramente hegemónico, producto de la concentración de capitales y la actividad reaccionaria de derecha y algunos sectores medios, sumado al dogmatismo e indisciplina de sectores radicalizados en la ultraizquierda. Podemos asegurar que este proceso es uno de los momentos republicanos de mayor riqueza en la historia de nuestro país, en términos culturales, políticos y sociales.

Lo que significó la posterior dictadura militar fue regresivo, la constitución de la república -construida a partir de un proceso de maduración nacional de riqueza sin igual- dio paso a un nuevo “peso de la noche”, escéptico, carente de sueños, de una moral escatológica. Jaime Guzmán fue su artífice, nos volvió subalternos.

Piñera. Chadwick y Hinzpeter hablan en su proyecto de legislación de “seguridad y tranquilidad pública”, de “salud pública” y de “moralidad pública”. Han preferido la formula portaleana, de los palos, el guanaco y el zorrillo, del estado de excepción permanente -dice Agamben- quieren reafirmar la idea de nación que se impuso en la dictadura, sin embargo el relato subterráneo de a poco vuelve a reafirmarse… el Pueblo-Nación Mapuche también es momento contenido en la historia del porvenir, “hay un secreto acuerdo entre las generaciones pasadas y las nuestras. Hemos sido esperados en la tierra. A nosotros, como a las generaciones que nos procedieron, nos ha sido dada una débil fuerza mesiánica sobre la cual el pasado tiene un derecho. Esta exigencia no se ve satisfecha fácilmente. El materialista histórico lo sabe.” (Walter Benjamín).