Por Natalia Viana vía El Puercoespín

Eduardo Fernández es un nombre común. Es tan común que es imposible encontrar información de un Eduardo en particular entre los miles de ellos en decenas de países de América Latina. Pero el argentino-estadounidense Eduardo Fernández no es un hombre común. Entre 2004 y 2009, fue quien dirigió Development Alternatives (DAI) en Caracas, que recibía millones de dólares de la USAID para seguir el plan establecido por el Departamento de Estado de los EE.UU. para Venezuela: fortalecer a los grupos de oposición, dividir al chavismo y aislar a Hugo Chávez a nivel internacional. (Lea más sobre la estrategia de USAID).

El papel de Fernández tal vez hubiera pasado desapercibido, como su nombre, si no hubiera sido por temperamento, descaradamente machista e indiscreto – lo que le llevó a ser investigado por mala conducta en la empresa en que trabajaba – y porque desapareció de buenas a primeras de Venezuela.

Según informaron sus ex empleados, era el tipo de persona que se refería a las mujeres colocando las manos por delante para indicar pechos y que llegó a decir que la oficina de DAI en El Rosal, Caracas, era “ineficiente como un burdel “. Ante una funcionaria embarazada, reaccionó: “Si ustedes pudieran apretar una píldora con las rodillas, yo no tendría que gastar dinero pagando licencia por maternidad.” Otra funcionaria quedó tan desconcertada por las miradas hambrientas del jefe hacia su falda, que decidió cerrar el tajo que la abría con clips de su escritorio. Días después, Fernández le preguntó cuándo volvería a usar “esa falda con clips”.

Pero Fernández es así y no quiere cambiar, como declaró durante una investigación interna de la DAI. Fue él quien dejó rastros de las actividades de la DAI en Venezuela, tres años después de que su equipo se retirase apresuradamente del país, en 2009. Gracias a él, una larga lista de documentos que revelan en detalle el trabajo de DAI se puede encontrar en Internet, en la demanda judicial por 600.000 dólares que la ex directora Heather Rome presentó en contra de la empresa por no tomar ninguna acción contra Fernández a pesar de sus quejas reiteradas. Los documentos de la justicia de Maryland, EE.UU., fueron filtrados por el periodista estadounidense Tracey Eaton, en el blog Along the Malecon.

Son más de 300 páginas de documentos sobre el director de la compañía que actuó en una de los principales cuarteles anti-Chávez plantados por los EE.UU. en Caracas. “Las quejas que recibía de las funcionarias venezolanas llegaron al punto de verlas llorar en mi oficina, lo que redujo su productividad”, dice Heather en su deposición. “Varias personas dijeron que su sentimiento era: ‘estamos orgullosos de estar trabajando en este proyecto, nosotros llenamos los cheques y sabemos cuánto dinero se está gastando. El gobierno de EE.UU. está trabajando muy duro, y la DAI nos está ayudando a cambiar la situación de nuestro país para hacerlo más democrático de lo que Chávez quiere. Pero no entiendo cómo se puede fortalecer a la sociedad civil cuando tenemos nuestro propio mini-Chávez aquí en la oficina, y no les importa’”.

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Entre 2002 y 2009, la USAID distribuyó cerca de 95,7 millones de dólares entre organizaciones opositoras venezolanas a través de su Oficina de Iniciativas de Transición (OTI, en inglés), abierta en el país dos meses después del fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez .

Al mismo tiempo se estableció en el país la empresa Development Alternatives, una de las mayores contratistas de la USAID para administrar fondos de asistencia al exterior, que, a partir de la administración Bush, ha estado en manos de la iniciativa privada. La empresa, que suele actuar entre bastidores, se hizo conocida en la escena latinoamericana en diciembre de 2009, cuando Alan Gross, uno de sus empleados, fue detenido en Cuba por distribuir móviles y equipos de comunicación satelital a disidentes cubanos. Gross fue condenado a 15 años de prisión por “actos contra la seguridad nacional” de Cuba.

En Venezuela, la DAI, cuyo lema es “formando un mundo más habitable”, fue el principal responsable de la distribución de pequeñas subvenciones de la USAID a varias organizaciones de la sociedad civil, siguiendo la estrategia definida por el Departamento de Estado y por la misión diplomática del país para dividir el chavismo, infiltrar su base política y aislar a Chávez a nivel internacional.

En la oficina en Caracas, ubicada entre las calles Mohedano y Guaicaipuro, trabajaban 18 venezolanos de tendencia antichavista y dos directores norteamericanos – Eduardo Fernández era uno de ellos y pasó a dirigir la oficina en 2004. El currículum de Heather Rome, que figura como anexo de la demanda, explica que la directora adjunta, también estadounidense, llegó al país en julio de 2005 para supervisar la administración de las subvenciones a las ONG en un programa de U$S 18 millones. De acuerdo con su hoja de vida, Heather, subalterna de Fernández, trabajaba “en cooperación con el embajador norteamericano William Brownfield”. Brownfield ocupó el cargo entre 2004 y 2007, y elaboró una sucinta estrategia de 5 puntos para poner fin al gobierno de Chávez a mediano plazo.

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