Mineduc amenaza con cierre a universidades que “prestan” su nombre para que otras entidades entreguen títulos

Fue una de las últimas acciones de Juan José Ugarte al mando de la División de Educación Superior del Mineduc. Una advertencia a todos los rectores de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica para terminar con la franquicia de sus planteles a otras instituciones para ejercer docencia y entregar títulos.

En la práctica, un llamado de atención para terminar con los programas estilo U. del Mar en los que se entregan títulos o grados profesionales o técnicos, que no son administrados ni llevados adelante por esa institución, sino por otra, carente del prestigio o de la certificación entregada por el ministerio.

Una anomalía que se habría detectado en varias instituciones de educación superior y que, por esto mismo, pueden terminar con los planteles en el mismo estado que hoy tiene la UDM; es decir, el cierre institucional.

Franquicia

Según el oficio al que tuvo acceso The Clinic Online, el Ministerio de Educación recibió un número relevante de denuncias de estudiantes, profesores y “autoridades políticas”, las que motivaron una supervisión a diversas entidades de educación superior.

“En algunas de dichas visitas se ha detectado, con preocupación, que el origen de la situación denunciada se encontraría asociada a la existencia de un contrato de administración delegada o de franquicia, suscrito entre una institución de Educación Superior que cuenta con el reconocimiento oficial otorgado por el Ministerio de Educación y otra persona jurídica distinta, en virtud de la cual las labores propias de impartir educación superior, son ejercidas por terceros distintos de la Institución en su nombre”, dice el oficio.

A raíz de esto, el ministerio les señala a las máximas autoridades de estos planteles que la situación vulnera el marco legal del DFL 2 de la Ley 20.370, que establece los requisitos y procedimientos que debe cumplir una institución para impartir educación superior y ofrecer “garantías de seriedad y calidad del proyecto educativo que llevarán adelante”.

Según explica el documento, las atribuciones de los planteles de educación superior son para impartir enseñanza a nivel superior y conferir títulos técnicos, profesionales y grados académicos, pero estos son de carácter indelegable.

De esa forma, las instituciones que entregan esa atribución en otras que no tienen reconocimiento formal del Mineduc “y que por consiguiente no ha demostrado cumplir con los requisitos y capacidades técnicas queridos para ello”, pueden perder el reconocimiento oficial según detalla el ministerio.

La explicación de Ugarte tiene como argumento una respuesta que el Consejo Nacional de Educación –la misma entidad que recomendó quitarle el reconocimiento oficial a la UDM- envió en junio de 2012 al Mineduc, el que fue adjuntado al oficio anterior y enviado también a los rectores.

Cierre

El documento del CNE es una respuesta a las preguntas enviadas por Ugarte a esa entidad el 25 de abril de 2012 y establece -entre otras cosas- que la actividad docente que conduzca a títulos y grados es la primera y más trascendental finalidad de una institución superior.

En él el CNE detalla que “la externalización de las funciones de docencia, de gestión económica o de administración de las instituciones de educación superior, mediante contratos o convenios de franquicia u otros que impliquen entregar a personas naturales o jurídicas distintas de las organizadoras los atributos y potestades propias de la autonomíaa institucional a que se refiere el artículo 104 del DFL 2-2009 puede configurar una causal de cierre institucional”.

Bajo esta lógica, por ejemplo, la Universidad del Mar es hoy investigada en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por la delegación de administración y entrega de títulos profesionales a través de la empresa de posgrados online UGlobal, empresa del recién fallecido ex controlador de la UDM, Raúl Baeza, y su hijo, Sebastián Baeza Ansoleaga.

Sin embargo, el oficio de Ugarte –enviado a los rectores 16 días antes de dejar la jefatura de la División de Educación Superior- señala que la fiscalización del ministerio se realizó “producto de denuncias que han formulado estudiantes, docentes y autoridades políticas sobre irregularidades en la prestación de los servicios educacionales contratados”.

The Clinic Online intentó acceder a las denuncias formuladas, pero hasta el cierre de esta edición el Ministerio de Educación no se pronunció al respecto.

Acá el oficio: