Dos querellas en contra de funcionarios de Gendarmería presentó recientemente el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

La primera de ellas en el Juzgado de Garantía de Colina que apunta a la responsabilidad en calidad de autor del delito de “abuso contra particulares”, cometido por el comandante de esa institución, Dan Erik Toro Arévalo.

El ilícito antes mencionado apunta al empleado público que aplique a una persona privada de libertad “tormentos o apremios ilegítimos, físicos o mentales” y autorice su aplicación.

Los hechos quedaron al descubierto durante una audiencia que se celebró en ese mismo tribunal en septiembre de 2011, oportunidad en que Marcelo Juillerat, condenado por robo en Colina 1, denunció una agresión por parte de Toro.

El tribunal, ante la existencia de un posible delito funcionario, ofició de inmediato a la fiscalía local que inició la investigación a cargo del jefe del Departamento de Seguridad, el coronel Manuel Sanhueza. Este último le tomó declaración al preso, quien reveló que Toro lo agredió con golpes de puño en la cara en varias oportunidades, cuestión que siguieron a patadas otros gendarmes que se encontraban en el penal. A mal traer lo llevaron al policlínico y luego a la celda de castigo donde estuvo tres días incomunicado.

La investigación interna comenzó revisando el libro de novedades del servicio, donde quedaron por escrito las lesiones de Juillerat, pero no las que en realidad tenía. Toro, mañosamente, detalló que las heridas del recluso se las hizo el mismo golpeándose varias veces contra el muro, ya que le habían encontrado un chip de teléfono entre sus ropas.

En la querella del CDE se le solicitó a la Fiscalía de Colina que interrogue a Toro. Las preguntas revelan además la comisión de otro posible delito: falsificación de instrumento público, que no está incluido aún en el caso. Lo anterior se colige porque Toro escribió lesiones distintas a las que acreditó un segundo parte médico y habría “cargado” al recluso con el mencionado chip, ya que en la indagatoria interna hay serias contracciones entre Toro y los cabos que también golpearon a Juillerat.

Los otros funcionarios son el sargento segundo Eduardo Fernández Gutiérrez y el cabo Luis Fontanilla Jiménez, quienes junto a Toro deberán prestar declaración en calidad de imputados.

El caso quedó en manos de la abogada del CDE Carmen Gloria Rojas.

Frescos de la bencina

No es la única querella del CDE en contra de empleados de Gendarmería. El segundo libelo fue ingresado -en calidad de autores por el delito de fraude al fisco- el 11 de junio en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de Iván Alarcón Riquelme y Cristián Moreno Sanhueza, ambos uniformados de la institución.

De acuerdo a la presentación, ambos entre enero y junio de 2009 se gastaron nada menos que 27 millones 500 mil pesos en bencina para su uso particular, operando con la tarjeta de crédito asignada por el servicio de prisiones para la compra del combustible.

La conducta de los gendarmes no fue del todo inteligente, ya que usaban las cuotas de bencina de vehículos de Gendarmería que no estaban operando. La carga de combustible la hacían muy cerca de la ex Penitenciaría, donde los bomberos le entregaban a Alarcón Riquelme dinero en efectivo y éste usaba la tarjeta de crédito, quedándose los primeros con algunas lucas. También cargaron bencina fuera de Santiago.

Según la querella del CDE no serían los únicos funcionarios involucrados en estos hechos, cuestión que deberá acreditar la Fiscalía Centro Norte, con lo que el monto de lo defraudado podría aumentar, como también determinarse que la conducta se extendió más allá de 2009.

El caso quedó a cargo del abogado Estanislao Duffey.

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