Enrique Herrera, miembro de la junta directiva de la Universidad San Sebastián, decidió pasar a la ofensiva en la investigación por corrupción que sustancia la fiscal Centro Norte Macarena Cañas. Herrera, previendo que su situación procesal podría complicarse hizo dos presentaciones. La primera fue una autodenuncia en el mismo caso. En paralelo, ingresó un “téngase presente” ante el Tercer Tribunal de Garantía de Santiago donde asegura su “más absoluta inocencia”.

La decisión de Herrera, quien es patrocinado por el abogado Luis Hermosilla, busca constituir una “atenuante calificada”, si es que el caso llega a juicio oral, de forma de obtener una rebaja de pena. Lo anterior se produce luego que el ex director de obras, Carlos Reyes, reconoció 10 delitos de cohecho, por los cuales fue condenado en un juicio abreviado a cuatro años con el beneficio de no cumplir prisión por haber colaborado en la investigación.

Palitos

Uno de los cohechos que reconoció Reyes ante la fiscal Cañas involucra precisamente a Herrera.

De allí que una de las quejas de Herrera en esta presentación es que la fiscalía nunca lo ha citado a declarar en el caso, cuestión que a su juicio podría atentar al debido proceso.

De acuerdo a la declaración del ex jefe de obras de Recoleta, a principios de 2012, Herrera lo visitó en su oficina de la municipalidad. En la oportunidad, este último le habría ofrecido casi 15 millones de pesos, con el fin de que operara con la entonces alcaldesa Sol Letelier, para conseguir la renovación del permiso precario sobre un bien de uso público. Se trata del uso de la rampa de acceso a los estacionamientos y a la propia universidad.

Según Reyes, el dinero ofrecido era la mitad de lo que se ahorrarían si se concretaba la fórmula.

Hasta ahora Herrera no ha sido citado a declarar por la fiscal Cañas, pero cuando lo haga, deberá testimoniar en calidad de imputado.

Básicamente, la estrategia investigativa de Cañas no sólo apunta a Herrera, sino también en contra de la USS, bajo el cuerpo legal de la Ley de Responsabilidad de la Persona Jurídica (LRPPJ), es decir, de la empresa detrás de todo.

Pinturas corruptas

Cañas tiene en este sentido un punto a favor, ya que en la investigación que siguió por las coimas que cobró Reyes a distintas empresas en Recoleta, le asestó un duro golpe a Ceresita usando la LRPPJ, ya que pagando coimas a Reyes de manera triangulada, obtuvo permisos para seguir funcionando en circunstancias que violaba abiertamente la ley ambiental, entre otros hechos anómalos.

En esa línea, la fiscal logró que la firma pagara en favor del erario municipal y distintos proyectos, la no despreciable suma de 2,5 millones de dólares. De esta manera los representantes legales accedieron a una suspensión condicional del procedimiento, evitando una condena y Ceresita se salvó evitó la posibilidad que le anularan la personalidad jurídica y por extensión la imposibilidad de seguir en el negocio.

Fuentes que conocen del caso explicaron a este diario que si en el caso de Ceresita fue la suma señalada, para el caso de la USS, éste subiría exponencialmente, pudiendo superar los 8 millones de dólares.

Lea la presentación de Enrique Herrera

Téngase presente Herrera

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